El Senado provincial dio media sanción, en su última sesión, a un proyecto que establece una profunda reforma a la ley del Personal Policial de la provincia. Los ejes principales refieren a “jerarquización de la carrera policial, capacitación, control del personal, disciplina, licencias por causas médicas y reconocimiento de la labor de los buenos funcionarios”.
La reforma de la ley policial se viene discutiendo desde el inicio de la gestión de Miguel Lifschitz. El Ejecutivo elaboró su propio proyecto y lo envió a la Legislatura. Pero el Senado, después de varios meses de negociaciones, decidió en la última sesión tratar la iniciativa presentada por el titular de la comisión de Seguridad, el justicialista Armando Traferri.
La media sanción fue posible luego de un acuerdo entre los dos bloques del PJ, que controlan la Cámara alta. Los senadores del Frente Progresista, que son minoría, se abstuvieron al momento de la votación y así enviaron un mensaje político a la Cámara de Diputados, que ahora deberá estudiar el proyecto de Traferri que ya tiene media sanción. En la Legislatura se descarta que se apruebe tal como lo votó el Senado y todo indica que la Cámara baja va a votar la iniciativa enviada en su momento por el gobierno.
Traferri impuso cambios
El proyecto de Traferri tiene 125 artículos y deroga la ley vigente para reemplazarla por una nueva ley del Personal Policial de la provincia. “Si bien los policías son jurídica y administrativamente agentes públicos, son servidores públicos que brindan un servicio de utilidad social”, argumentó Traferri. “La ley vigente incurrió en el error de tratarlos como empleados públicos”, añadió.
El proyecto también aborda la cuestión de la capacitación: con la ley de Emergencia en Seguridad, de 2012, los cursos de dos años se redujeron a seis meses y se determinó que los egresados serían nombrados como “alta en comisión” supeditados a un buen comportamiento y aprobación de un curso que, en realidad, se reducía a no tener imputaciones penales o administrativas en un período de un año. Así quedaban confirmados en sus cargos. “El pretencioso curso de dos años se redujo al mismo curso que se dispuso abandonar en 2004”, razonó Traferri.
Además, el senador hizo notar que se perdió la capacitación de la entonces Escuela de Cadetes, ya que a fines de 2008 egresó la última promoción que tuvo una capacitación distinta. Entre los años 2009 y 2011 egresaron cursantes con dos años y a partir de allí con seis meses. Se abandonó la capacitación pretendida y el personal que egresó dejó de contar con una capacitación que se daba hasta 2008. Por lo tanto, “se debería volver a hacer cursos diferenciados de dos o tres años para el personal superior y de seis meses para personal subalterno”.
Personal con poca jerarquía
Sobre el control del personal, como resultado del cambio de jerarquías y de la falta de oficiales egresados de la Escuela de Cadetes, se produjo una disminución de los cuadros medios. Los senadores del PJ argumentaron que faltan subinspectores e inspectores y recordaron que en 2006 el personal de estas jerarquías representaba el 20% del total, cuando en la actualidad es poco más del 6%. Las consecuencias: personal con poca jerarquía y preparación que en el día a día cumple funciones propias del personal de mayor jerarquía.
Ante esas cuestiones, en los fundamentos del proyecto aprobado en la última sesión del Senado se señala que “se ha dañado la imagen de la Policía ante la sociedad” y que la falta de mandos medios “repercute en la disciplina” de los agentes. En ese sentido, el régimen de responsabilidad administrativa creado por la ley vigente comprende tribunales de conducta, jurados y defensores que condice con un proceso penal del nuevo sistema acusatorio, pero sin embargo, como no se han creado los tribunales y no se han designado fiscales ni defensores, se utiliza aún para el análisis de la responsabilidad administrativa un reglamento del año 1977.
En función de ese reglamento se disponen las medidas de “pase a disponibilidad”, por la cual se separa de funciones a todo personal policial cuando es sometido a una investigación administrativa. Actualmente, más del 10% del personal está en disponibilidad por estar imputado de faltas administrativas.
