Este jueves el informe final de la Comisión de Análisis del Sistema Previsional de Santa Fe, que reunió a diputados y senadores provinciales, representantes del Poder Ejecutivo y de cuatro gremios, Amsafé (docentes), UPCN y ATE (estatales) y Festram (municipales). El cuerpo comenzó a funcionar en junio pasado para estudiar el régimen vigente y elaborar recomendaciones a fin de garantizar su sustentabilidad. Como parte de la mecánica, el dictamen tiene los temas y posiciones de consenso entre todos los representantes, mientras que se permitían adjuntar en informes separados las recomendaciones sectoriales en caso de disenso. En esa línea, Amsafé, el gremio de los docentes públicos, difundió este viernes su texto propio.
“Hemos presentado un informe en donde ratificamos nuestra posición de no modificar el régimen jubilatorio y de defender el régimen opcional docente”, explicó el sindicato, remarcando su posición se basa en fundamentos “jurídicos, pedagógicos y económicos”.
No hubo disidencias en cuanto al encuadre del sistema como un régimen público, de reparto y solidario. “Mientras desde el sector sindical se admitió la dificultad de la situación estructural de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y se puso el énfasis en el reclamo de la compensación comprometida por la Nación, los representantes del gobierno ratificaron, conforme a lo dispuesto por la ley de convocatoria, los objetivos de sostener al organismo en la órbita del Estado santafesino y mantener el sistema de reparto”, marcó el gremio docente.
Y reafirmó su posición con recomendaciones y aportes propios: en ese sentido ratificó la defensa del 82%, el sistema solidario de reparto estatal, la movilidad jubilatoria y el régimen opcional docente “fruto de la lucha colectiva” de los maestros.
Posición compartida
Según confirmó Amsafé, tras debatir en profundidad sobre el sistema previsional, la comisión arribó a un marco clave de coincidencias. Estas son:
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamientos nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a sus beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo.
Continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a la provincia de Santa Fe. El Estado nacional, desde el año 1999, en acuerdo con las provincias, se ha comprometido a cubrir los déficits de las Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones no transferidas a la Nación. Estos acuerdos tienen vigencia, han sido ratificados por ley y deben cumplirse. En ese marco, se acompaña el reclamo administrativo y judicial iniciado por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso el cese de esos pagos, y la exigencia de que se establezca una medida cautelar que reponga las transferencias que corresponden a Nación.
Los regímenes especiales dentro del sector público, contemplados en la legislación provincial, responden a las particularidades de la labor realizada y es necesario sostenerlos.
El sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de realizar para su sostenimiento.
Posición propia
Tras expresar su “satisfacción” por “las conclusiones expresadas por unanimidad” en el trabajo de la comisión, “como piso para el debate parlamentario” de la reforma jubilatoria, cuyo proyecto será enviado de la Casa Gris a la Legislatura, el gremio docente sentó posición de “total rechazo” a toda modificación “que implique una disminución en sus derechos y que se fundamente en leyes de carácter regresivo”. En ese sentido remarcó que si el proyecto oficial tiene esa impronta, incurrirá en una “total violación al principio de progresividad” y por lo tanto se apartaría de la legitimidad indispensable: “De sancionarse normativa de estas características, se pondrá a nuestra provincia al margen del Bloque de Constitucionalidad, haciendo a nuestro país responsable ante la Comunidad Internacional por legislar en franca violación a la Constitución Nacional y a los Tratados de Derechos Humanos que fueron incorporados con jerarquía constitucional”.
En su docuento aparte Amsafé traza un recorrido desde la sanción de la ley nacional de Régimen Especial Docente en 1991, que instauró el sistema de jubilaciones y pensiones para “el personal docente de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario, de establecimientos públicos o privados”; su cese en 1993, con sentencias judiciales favorables a los docentes y su restitución en 2005, para luego hacer un recorrido de la plena vigencia del Régimen Opcional para el Personal Docente instituido por ley provincial en Santa Fe, en concordancia con la normativa nacional, pero atendiendo compensaciones por “exceso de edad con falta de servicios” y “exceso de servicios con falta de edad”.
“No es un régimen de excepción ni implica privilegios”, destaca el gremio docente, para analizar sus fundamentos, entre tales las condiciones y medio ambiente del trabajo y años de antigüedad en la docencia, las tareas desempeñadas, los factores de carga física, carga mental y carga psicosocial. También repasa la jurisprudencia sentada en fallos de la Corte Suprema para sostener el principio constitucional de progresividad y no regresión, y traza un análisis económico-financiero sobre la sustentabilidad del actual régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones: “Sostenemos que el Poder Ejecutivo provincial hace una interpretación sesgada acerca de la sostenibilidad”, se planta Amsafé.
En ese marco, el gremio docente desemboca en “el rechazo a toda reforma del sistema jubilatorio que implique una regresión con relación a los derechos de los trabajadores de la educación” y reafirma que “toda modificación normativa que involucre al sector docente debe ser tratada y discutida en paritarias”.
“La negociación colectiva es la forma más valiosa de regulación. Por todo lo expresado, la docencia santafesina dice «no» al cambio del régimen jubilatorio que quite y disminuya derechos”, concluye Amsafé.
