El paquete de leyes que mandó el gobernador Maximiliano Pullaro a la Legislatura incluye reformas sustanciales al servicio de Justicia, entre ellos el propio Código Procesal Penal, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Esta iniciativa generó la reacción de las diversas instituciones que conforman el Poder Judicial: si bien dicen apoyar la necesidad de modificaciones, mostraron su preocupación en la manera en que pretenden llevar adelante estas reformas y pidieron ser oídos.
La iniciativa del gobierno provincial, que en las dos últimas semanas ya logró la sanción de normas vinculadas con la seguridad y pretende continuar en la sesión de este jueves, generó el pronunciamiento del Servicio Público de la Defensa, del Ministerio Público de la Acusación, Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, del Colegio de Jueces y de distintas instituciones vinculadas con el fuero penal que coincidieron en que el proyecto incluye avances pero también incurriría en errores que son evitables. Incluso la última semana hubo reuniones donde algunos de los funcionarios que quieren hacer oír su voz, como la fiscala general María Cecilia Vranich, tuvieron oportunidad de reunirse con el gobernador Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Una de las reformas más profundas se da en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Entre las modificaciones que el gobierno de Pullaro se propone una nueva estructura dentro de la institución. Se amplía la misión del MPA con el objetivo de que sea una institución con un funcionamiento dinámico y efectivo y se determina una carrera dentro del organismo para sus funcionarios con cuatro grados: fiscal auxiliar, adjunto, de distrito y de cámara lo que disminuye las capacidades de decisión de los fiscales regionales .
Propone derogar la junta de fiscales y le resta poder a los fiscales regionales, centralizando en el fiscal general facultades de conducción y determinación de políticas persecutorias y modalidades de implementación. Dotándolo de mayor poder lo que incluirá proponer a los fiscales regionales a la Legislatura y al Poder Ejecutivo para su designación.
Audiencias y abreviados
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) tuvo un rol preponderante en la creación del sistema procesal penal actual, cuyo funcionamiento cumplirá el próximo 10 de febrero una década. Esta institución emitió la semana pasada un comunicado donde destacó que la reforma contiene avances destacables pero también peligrosos retrocesos, especialmente en relación con el Código Procesal Penal.
El Inecip destacó la necesidad de revisar algunos puntos del proyecto de reforma al código, como la eliminación de audiencias incluso con personas detenidas o cualquier audiencia en la que no haya controversias así como la habilitación tácita a que el juez acceda al legajo fiscal, reinstalando la vieja cultura del expediente son retrocesos, refirieron.
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Cuestionaron la extensión de mantener hasta 30 días una detención dispuesta por un fiscal sin necesidad de formalizar cargos o de acreditar los requisitos para una medida de coerción. Refirieron que esta circunstancia facilita la lentitud del sistema de justicia, demorando la toma de decisiones básicas. Además, implica una habilitación tácita a las detenciones masivas y sin control de personas inocentes o “perejiles”. Lo mismo sucede con la extensión de las causales de arresto o medidas de coerción, explica el comunicado.
En cuanto al procedimiento abreviado el documento dice que la reforma en este punto atenta contra el sistema acusatorio y le otorgan facultades al juez que alteran su imparcialidad.
“En cuanto a la Defensa Pública, se propone un recorte de personal que atentaría directamente contra la posibilidad de contar con una defensa efectiva. Y el proyecto de juicio por jurados, al contemplar excepciones a la regla de la unanimidad y al establecer una “competencia optativa” para ciertos casos, afecta pilares básicos del sistema de enjuiciamiento popular establecido por nuestra Constitución Nacional”, afirmaron.
El Inecip refirió que si bien avanzar rápidamente con cambios es bienvenida debe hacerse con responsabilidad y sin afectar pilares básicos del sistema judicial. Y aclaró que no se trata de entorpecer la reforma sino de evitar errores que tendrán altísimos costos institucionales.
