La Asamblea Nacional Popular (ANP), el máximo órgano legislativo chino, aprobó ayer dos esperados avances en política social y de derechos humanos al poner fin a los controvertidos campos de reeducación (ver aparte) y relajar la política del hijo único en las urbes. Ambas decisiones fueron tomadas en la última reunión del año de la ANP, tras una semana de deliberaciones y un mes y medio después de que el Partido Comunista de China (PCCh) prometiera éstas y otras reformas sociales y económicas.
La reforma legal de la política del hijo único permitirá un segundo niño a las familias en las que uno de los cónyuges carezca de hermanos (antes esta excepción sólo se ofrecía si tanto el padre como la madre cumplían el requisito).
La resolución establece que ahora está en manos de las asambleas provinciales chinas la puesta en práctica de la nueva política, ya que la aplicación de ésta varía según cada división administrativa, informó la agencia EFE.
El Parlamento de Pekín, por ejemplo, ya comenzó a debatir los cambios, y se calcula que en la capital entrarán en vigor hacia marzo de 2014, fecha en la que otras zonas más desarrolladas del país podrían adoptarla también.
Autoridades sanitarias y de planificación chinas calculan que esta reforma hará que nazcan dos millones de niños chinos más cada año, aumentando de siete a nueve millones la cifra total de nacimientos anuales.
La política del hijo único se inició a finales de los 70 y principios de los 80 para frenar la superpoblación, pero en los últimos años expertos y legisladores chinos alertaron sobre los problemas derivados de ella como el rápido envejecimiento poblacional o la escasez de mano de obra.
En 2012 la población activa china bajó en 3,45 millones de personas, mientras que los chinos mayores de 60 años son ya casi la tercera parte del total (400 millones), tendencias que unidas ponen en peligro la continuidad del crecimiento de la segunda economía mundial.
El régimen comunista argumenta que si la política del hijo único no se hubiera aplicado, actualmente el país acusaría mayores problemas de superpoblación pues tendría 1.700 millones de habitantes, en lugar de los 1.300 millones actuales.
El fin histórico, después de 60 años, del castigo del “laojiao”
Los campos de reeducación mediante trabajo (laojiao) serán abolidos casi 60 años después de que fueran instaurados por el gobierno entonces liderado por Mao Tse Tung, “tras cumplir su misión histórica”, según la agencia oficial Xinhua.
La asamblea legislativa china especificó que, una vez promulgada la resolución, aquellos que cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subrayó que los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son “válidos”.
El modelo de campos de reeducación fue instaurado en 1957 como un sistema para posibilitar castigos rápidos a delincuentes menores y ordenar privaciones de libertad de hasta cuatro años sin necesidad de sentencia judicial (bastaba con una decisión policial).
El “laojiao” acabó convirtiéndose en una herramienta política y sirvió, por ejemplo, para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra “derechistas” de 1957) como a estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.
Los abusos siguieron en décadas posteriores y además de servir de centros de retención contra prostitutas, drogadictos o ludópatas, se utilizaron como castigo a sujetos “incómodos” para el gobierno, desde disidentes a peticionarios o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Beijing en 1999.
El pasado año, el caso de Tang Hui, una madre que fue confinada en estos campos por pedir justicia contra quienes habían violado y prostituido a su hija de 11 años, sensibilizó enormemente a la sociedad y se multiplicaron voces contra los campos.
Estimaciones de grupos de derechos humanos calculan que hasta 300 mil personas por año fueron confinadas, muchas de ellas bajo secreto.
La abolición de los “laojiao” es recibida con esperanza pero también con cautela por organizaciones internacionales de derechos humanos que esperan mayor información.
