Este viernes la Justicia dispuso la libertad con restricciones de Andrés «Pillín» Bracamonte tras la maratónica audiencia imputativa que lo tuvo como protagonista junto al secretario general de la Uocra Rosario José Vergara, quien no corrió la misma suerte y pasará Navidad tras las rejas. Pillín, capo de capos en la barra de Rosario Central desde hace más de dos décadas, deberá pagar una fianza de 20 millones de pesos, entre otras condiciones para irse a casa.
Para el juez Facundo Becerra, si bien existe una asociación ilícita integrada por Vergara y compañía, hoy no hay evidencia contundente que demuestra que Pillín fuera parte de la organización delictiva. Aunque entendió que sí hay pruebas para interpretar que estuvo involucrado en una extorsión a un representante de futbolistas a quien habría “apretado”, según la acusación fiscal, para que le entregara un porcentaje de sus honorarios.
El fiscal Miguel Moreno recordó en una conferencia de prensa posterior a la finalización de la audiencia que de esa transacción se encontraron dos cheques, uno de ellos secuestrado en un allanamiento a la casa de Bracamonte y otro fue cobrado por su hijo en la secretaría del Club Rosario Central, en la sede de calle Mitre al 800, explicó.
Moreno imputó al secretario general de Uocra Rosario Vergara y a siete personas más, entre ellas Bracamonte, por integrar una asociación ilícita dedicada a generar ganancias ilícitas a través de mecanismos extorsivos.
Este grupo delictivo comenzó a operar en febrero de este año con permanencia y estabilidad en el tiempo y tenía distintas modalidades extorsivas, según evaluó el funcionario judicial. Una de ellas estaba anclada a la entrega por parte del gremio del “libre deuda sindical” a las empresas contratistas, especialmente en el cordón industrial y Villa Constitución para que puedan entrar a los predios y llevar adelante las obras por las que fueron contratadas.
Otra de las modalidades que contó la Fiscalía era el llamado rentamiento, que consiste en exigirle, mediante amenazas, a una empresa vinculada con el rubro de la construcción la contratación de determinadas personas relacionadas directa o indirectamente con los investigados y que dichas personas cobren un salario sin trabajar efectivamente, dijo el funcionario, quien de inmediato definió: “Es la versión extorsiva del delegado sindical”.
Además exigían a las empresas la compra de viandas y la contratación de baños a determinadas empresas, entre ellas a una firma donde Bracamonte era socio, contó la fiscalía durante la imputación.
Conferencia
Este viernes, finalizada la audiencia, el fiscal Moreno explicó en una conferencia de prensa la resolución que tomó el juez Facundo Becerra. La Justicia entendió que existe una asociación ilícita dedicada a generar ganancia a través de estos mecanismos extorsivos. La amenaza con la que logran intimidar a los contratistas es que, sin colaboración, no hay posibilidad de que ingresen a la planta a trabajar. En muchos casos hacían perder el contrato que tenían las empresas con una firma agroexportadora o demoraban el trabajo que debían hacer, explicó. En la evaluación costo-beneficio de llevar al colapso a la empresa o acceder a este tipo de extorsión los contratistas no veían otra posibilidad, aseguró.
El fiscal dijo que de los ocho imputados quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley. Vergara, su secretario personal Horacio Raúl Manzo, Juan Manuel Enríquez, que trabajaba en Villa Constitución, y Cristian Raúl Díaz, que operaba en un principio en San Lorenzo y actualmente estaban en Villa Constitución. Fueron liberados con restricciones Bracamonte, Fernando Riggiracciolo y Roque Monzón.
Para Vergara sus defensores pidieron un arresto domiciliario pero los médicos forenses refirieron que el estado de salud del imputado no implicaba que no pudiese estar detenido en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario, y el juez entendió que la edad no tallaba en el caso para que se concediera la prisión preventiva.
En cuanto a Pillín Bracamonte dijo que el juez consideró que no estaba acreditado con el grado de fortaleza suficiente que se pide en esta instancia su participación en la asociación ilícita. Para el magistrado no hay evidencia que sostenga que Bracamonte se aprovechó también de esta organización delictiva, donde según la teoría del caso era organizador y, a su vez, uno de los mayores beneficiarios junto a Vergara, explicó Moreno.
En cambio, el magistrado dio por acreditada la comisión de una extorsión que la Fiscalía sostiene que cometió contra el representante del jugador de fútbol Gastón Ávila, Jorge Bilicich. Esta persona accedió a entregar dos cheques de 14 mil dólares, contó y agregó que uno estaba en poder de Bracamonte: según la investigación, fue encontrado en el allanamiento que se hizo a su casa, y otro fue cobrado por el hijo Pillín en la secretaría de calle Mitre del club Rosario Central, aseguró.
“El juez entendió que la peligrosidad procesal puede ser disipada con medios menos lesivos para Bracamonte que la prisión preventiva, entonces le impone una serie de obligaciones que a juicio de Becerra evitarían el entorpecimiento probatorio”, dijo Moreno.
Esas limitaciones consisten en: una caución real por 20 millones de pesos que se hará efectiva previo a ser liberado. Fijar domicilio, tiene prohibido salir del país, de acercamiento y contacto respecto a los coimputados y a las víctimas de la extorsión que le imputaron, entre otros, detalló.
Moreno dijo que Bracamonte tiene que permanecer en la ciudad, no puede variar el domicilio y le han prohibido mantener contacto con las personas que han sido víctima en el delito. A lo que el fiscal aclaró que no puede viajar a Santiago del Estéro a presenciar el partido de Rosario Central contra River.
«Entendemos que no varía nuestra teoría del caso por las consideraciones de Becerra; es una opinión judicial y obviamente evaluaremos la posibilidad de apelar», señaló el fiscal, y de inmediato agregó: «Vamos a trabajar en fortalecer ciertos aspectos de la evidencia que trajimos a esta audiencia».
