Trabajadores de los Registros del Automotor de todo el país se movilizarán esta tarde hacia el Congreso en defensa de sus fuentes laborales que, advirtieron, están en riesgo por los cambios que el Gobierno busca introducir en la actividad.
Se trata del “Primer encuentro de trabajadores en defensa del sistema registral”, organizado por el Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor y Motovehículos (SATRAMM) que se realizará a partir de las 16 en la Plaza de los Dos Congresos.
“Se quieren introducir modificaciones radicales en el sistema registral que provocarán despidos masivos de personal”, alertó el gremio.
Además, aseguró que las medidas que anunció el Gobierno sobre la actividad “representan una amenaza directa para nuestras fuentes de trabajo” y puntualmente cuestionaron la decisión oficial de eliminar la Cédula Azul.
En un comunicado, SATRAMM resaltó que los Registros del Automotor “garantizan la seguridad jurídica y el resguardo de los bienes adquiridos” y a la vez subrayó que esas oficinas son “una barrera para frenar delitos”.
También explicó que la mayor parte de lo que se abona en los Registros se giran a las provincias (en impuesto a los Sellos, patentes, infracciones) y al Ministerio de Justicia de la Nación.
Tal como informó Noticias Argentinas, el Gobierno anunció a principios de mayo que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”.
Desde aquel momento, se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP; se dejó sin efecto la “Cédula azul” y cualquier persona puede circular dentro del territorio de la República Argentina con la exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
Asimismo, se eliminó el vencimiento de todas las “Cédulas verdes” y se anticipó que se propondrá a las provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia, entre otras medidas.
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