El presidente Alberto Fernández anunció el pasado viernes la decisión de declarar como servicios públicos a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre.
“Nos parece un gran avance que el Estado comience a regular el acceso a las telecomunicaciones, hoy en día es clave para garantizar el acceso a los derechos de los consumidores y usuarios. Además, en la actual situación de pandemia se vuelve aún más importante para que todas y todos puedan acceder a la educación, ya que no habrá clases presenciales durante un tiempo”, expresó Cristian Fdel, integrante del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) de la Universidad Nacional de Rosario y conductor del programa Acceso a los Derechos.
“Nuestro trabajo de CJG se trata de que las personas accedan a sus derechos, y gran parte de ese trabajo esta direccionado a aquellas personas que quieren acceder a las prestaciones sociales que otorga el Estado. Como es de público conocimiento, la mayoría de esas prestaciones se tramita vía virtual, por lo que la falta de acceso a internet por ejemplo, dificulta la tarea“, dijo Fdel.
“Además, es importante remarcar que la medida tiene gran relevancia al establecer la necesidad de garantizar una «prestación básica universal obligatoria», de manera que todos y todas puedan acceder a estos servicios. Por nuestra parte, vamos a llevar la tarea de informar sobre la aplicación de esta nueva normativa y por supuesto, a efectuar los reclamos pertinentes si existe algún incumplimiento que vulnere derechos” expresó Fdel.
Aquellos vecinos y vecinas que tengan algún reclamo o consulta respecto a la facturación de los servicios por encima de lo dispuesto en la norma, pueden comunicarse con el Consultorio Juridico Gratuito UNR a través de la línea de atención virtual 341-6959740 o bien escribir al Facebook del CJG.
