Desde noviembre pasado –y a cuenta del proceso de intimación prejudicial iniciado por el municipio a la par de una moratoria provincial– un 70 por ciento de los propietarios de autos de alta gama que debían patentes (algunos hasta dos años) regularizaron su situación fiscal. El incumplimiento de los 1.037 contribuyentes de autos de alta gama superaba los 7 millones de pesos en total. En promedio, la cifra llegaba a unos siete mil pesos por cada uno de estos titulares de alto poder adquisitivo con vehículos de valores superiores a los 150 mil pesos.
Según establece el código fiscal de la provincia, el impuesto Patente Automotor se coparticipa en un 90 por ciento con las comunas y municipios. Se delega en los gobiernos locales el cobro de las deudas, quedando para ellos el mismo 90 por ciento así se trate de cuotas impagas del año en curso y la totalidad si es deuda de ejercicio “vencido”.
Notificación
Por esta razón, a principios de noviembre pasado, cada titular de estos vehículos de alta gama recibió en su domicilio una intimación prejudicial con el detalle de las cuotas impagas de la patente correspondientes a los períodos 2010, 2011 y parte del 2012. Se les dio un plazo de 10 días para regularizar la situación ya sea por pago al contado o generar un convenio de pago con el municipio.
A pocos días de la iniciativa municipal, la secretaría de Ingresos Públicos provincial informó que hasta abril del 2013 regiría una moratoria para el pago de tributos provinciales –incluida la patente única de automotores– entre 2007 y el 30 de noviembre de 2012.
De este modo, se permitió generar convenios de pago de hasta 36 cuotas, mientras que por pago contado (hasta el 4 de marzo) las quitas fueron de hasta un 70 por ciento en los intereses. Los trámites se podían realizar a través de la página web de la Administración Provincial de Impuestos (API) y en las 40 delegaciones y corresponsalías del interior que estuvieron habilitadas a tal fin.
Con la regularización, la gran mayoría evitó el cobro compulsivo por vía judicial que incluía embargo y remate del rodado. La estrategia, si bien no pudo tener pleno efecto por la moratoria provincial, provenía de un cambio de paradigma fiscal en el cobro de patentes adeudadas, donde se priorizaba intimar a los contribuyentes de alta capacidad contributiva.
