Los resistidos planes del primer ministro británico, Boris Johnson, de sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE) a fin de mes chocaron este lunes con un nuevo escollo cuando el presidente de la Cámara de los Comunes rechazó su pedido de que los diputados volvieran a votar su acuerdo de divorcio con el bloque.
A sólo diez días del Brexit, la decisión del presidente John Bercow dio otro giro al tortuoso proceso en el escenario que se le ha mostrado más hostil, el Parlamento británico, donde Johnson quería someter hoy a un voto por sí o por no el acuerdo de retirada que alcanzó la semana pasada con los líderes de los otros 27 países de la UE.
El gobierno conservador hizo su pedido apenas dos días después de que los diputados votaran postergar su ratificación del acuerdo, así que Bercow lo desestimó porque las reglas parlamentarias impiden debatir una misma medida dos veces durante la misma sesión del Parlamento a menos que se le haya introducido algún cambio.
Bercow –cuyas decisiones ya han complicado planes del gobierno más de una vez– dijo que la moción propuesta hoy por el gobierno era «en sustancia la misma» que el Parlamentó trató el sábado, y que sería «repetitivo y desordenado» permitir que se votara otra vez, informó la cadena BBC.
El sábado, en la primera sesión de fin de semana desde la Guerra de las Malvinas, en 1982, los legisladores votaron postergar su ratificación del acuerdo de divorcio con la UE hasta que el Parlamento sancione la necesaria ley para implementarlo.
El gobierno de Johnson apelará ahora a su plan alternativo, que es hacer que el Parlamento dé casi por ratificado el acuerdo de divorcio con la UE aprobando la legislación de aplicación, que se conoce como Ley de Acuerdo de Retirada.
El Ejecutivo envió hoy por la noche el proyecto de 115 páginas al Parlamento, y dijo que esperaba celebrar la primera votación mañana y que sea ley para el 31 de octubre, la fecha del Brexit.
Pero no está claro si Johnson tiene los votos o el tiempo necesario para conseguirlo.
Sancionar una ley suele llevar semanas, pero el gobierno pretende que esta se apruebe en diez días.
Johnson necesita el respaldo de la mayoría de los legisladores, pero su Partido Conservador controla solo 288 de las 650 bancas, lejos de los 320 que precisa.
El proceso, además, dará oportunidad a los legisladores de estudiar en profundidad la legislación y de introducir enmiendas.
Con el Brexit avecinándose y los políticos británicos aún empantanados en discusiones sobre los términos de la retirada, Johnson se vio obligado a pedir a la UE una extensión de tres meses en la salida del país del bloque.
Así lo hizo, a regañadientes, para cumplir con una ley aprobada por el Parlamento que ordenaba aplazar el Brexit antes que correr el riesgo de sufrir los perjuicios económicos que se prevén en el caso de una salida sin acuerdo con la UE.
Pero Johnson acompañó una carta no firmada con la solicitud a la UE con otro firmada en la que decía que personalmente se oponía a retrasar el Brexit más allá del 31 de octubre.
Activistas europeístas demandaron al gobierno ante un tribunal de Escocia por considerar que esa segunda carta constituía un intento de frustrar la sanción de una ley.
La máxima instancia judicial de Escocia falló hoy que mantendrá el caso abierto, y destacó que retiene plena autoridad para asegurarse que el gobierno de Johnson cumpla «plenamente» con sus obligaciones ante la ley.
La UE ha dicho que lo de la carta no firmada es irrelevante y que en los próximos días decidirá sobre el pedido de extensión de Johnson.
El bloque hubiera preferido no prorrogar el proceso, pero quiere evitar un Brexit sin acuerdo debido a que también sufriría sus consecuencias económicas.
