Vecinos del centro, acompañados por miembros de la Concejalía Popular, lograron frenar ayer por 20 días el remate de la casa de una jubilada con discapacidad, que ya tenía el aval de la Justicia. De esta manera, disuadieron a los oferentes de presentarse y acordaron con empleados del juzgado en lo Civil y Comercial N° 9 para instar al magistrado a cargo de que trate de resolver el conflicto a través de una mediación entre partes. En ese marco, recordaron que, agotadas las leyes que suspendieron las subastas de vivienda única familiar, hay alrededor de 5.500 familias santafesinas que no pudieron acordar con sus acreedores y quedarían en la calle.
“Con el aporte de vecinos, familiares, entidades bancarias, gremialistas y algunas organizaciones logramos disuadir a los oferentes y evitar el remate de la única vivienda de esta jubilada. Tuvimos la presencia de una persona, un usurero, que, cuando vio la cantidad de gente que se juntó para frenar la venta, se fue. Vamos a defender hasta el final la vivienda única de esta persona”, marcó Nire Roldán, de Concejalía Popular.
Gilda tiene 70 años, es jubilada y tiene una discapacidad por obesidad y problemas cardíacos. Ex trabajadora bancaria y de una compañía de seguros que dedicó los últimos años a cuidar de su madre enferma, la mujer tiene una historia familiar un tanto particular.
“Una hermana de la señora, que trabaja en Buenos Aires con negocios inmobiliarios, había hecho un acuerdo y ahora quiere que la vivienda, que tiene un valor de unos 600 mil pesos, se remate para quedarse con el 50 por ciento de lo que resulte”, explicó Roldán.
Nire reveló que consiguieron un principio de acuerdo con la secretaria del juzgado de Marcelo Bergia para que éste intente resolver el problema con un acuerdo extrajudicial que no sólo deje bien parada a Gilda sino que además conforme a su hermana.
Finalmente, Roldán contó sobre reuniones que tuvocon los presidentes de la Cámara de Diputados (el legislador del Frente para la Victoria Luis Rubeo) y de Senadores (el vicegobernador Jorge Henn) provinciales para avanzar en tres cuestiones: crear un registro de propietarios de vivienda única, familiar y de ocupación permanente que estén en situación de riesgo (se estima que son más de 5.500 en toda la provincia); la suspensión por 24 meses de todos los remates en territorio santafesino y la sanción de una ley que brinde seguridad jurídica para aquellos que invierten en viviendas sociales.
