*Con información de Revista Puerto, Pescare y Parte de Pesca
Julián Suárez era reconocido como un funcionario con conocimiento y compromiso en el sector pesquero. Fue nombrado por el Gobierno anterior como director nacional de Control y Fiscalización Pesquera y la gestión del presidente Javier Milei le pidió que se quedara al menos 180 días en el cargo por su experiencia y porque no tenían nadie a quién nombrar allí. Pero el desmanejo, los aprietes para dejar pasar irregularidades y la impronta libertaria desregulatoria y recortadora hicieron que este lunes decidiera presentar su «renuncia indeclinable».
El empujón final para alejarse de las desprolijidades y la consagración de la ilegalidad fue el escándalo por pesca ilegal de merluza negra del buque factoría Tai An, de la empresa Prodesur cuyo propietario es Liu Zhijiang, un taiwanes nacionalizado argentino que además es dueño de la casa de cambio más importante de Ushuaia, puerto fueguino donde tiene su base el arrastrero de más de 100 metros de eslora. Pero hubo más: a Suárez le pidieron que armara una lista de 50 personas para despedir, y que iniciara un camino de desregulación de la actividad con la eliminación de resoluciones y disposiciones dictadas entre 2019 y diciembre de 2023.
Pesca impune para los amigos, el ganadero y el sobrino de la canciller
La especie merluza negra esta cuotificada y hay tres empresas que tienen el 100% de la cuota: Argenova, Estremar y Pesantar. El año pasado se declararon descargas por 3473 toneladas. El buque de Prodesur no tiene permiso para pescar merluza negra, aunque la pesca como «by catch»: pesca incidental.
Para ponerle límites a la pesca encubierta de merluza negra que hacía el Tai An, el área de Pesca bajó en 2023 el límite de captura a 5 toneladas de la especie por marea. Pero la semana pasada, el barco fue denunciado por las empresas tenedoras de cuota por haber pescado 142 toneladas. La irregularidad fue comprobada por la inspectora a bordo, Norma Oszut. Y la propia empresa armadora admitió en un comunicado que había pescado 163 toneladas (158 toneladas en forma ilegal).
El ahora ex director de Pesca, Suárez, tenía decidida la orden de que el buque regresara a puerto para constatar la ilegalidad e iniciar el sumario pertinente, como establece el artículo 55 del Régimen Federal de Pesca (ley 24922). Es lo que hizo durante toda su gestión, aplicando multas millonarias y sanciones a los responsables de la pesca ilegal. Pero Cancillería intervino, y la propia Subsecretaría de Pesca, que conduce el veterinario y productor ganadero Juan Antonio López Cazorla, resolvieron otra cosa: instruir a Prefectura Naval para que el barco en cuestión “abandone las zonas de distribución de merluza negra”, confirmando así que estaba pescando al margen de la normativa vigente pero desistiendo de la investigación y eventuales sanciones.
Cazorla no es un desconocido para el propietario de la nave denunciada: pese a que vive en La Plata, fue durante 14 años el representante de Tierra del Fuego, y por ende del taiwanés Liu, en el Consejo Federal Pesquero.
Las gestiones para conceder impunidad a la pesquera Prodesur llegaron de Cancillería, y no fueron amables. Pablo Ferra, sobrino político de la canciller Diana Mondino, intimó a Suárez, que en cuatro años no había sufrido ningún apriete similar, para que diera de baja la orden de regreso a puerto del buque factoría. Fue el subsecretario López Cazorla quien finalmente acató la «orden» del Ministerio de relaciones Exteriores y emitió una nota que solo requería al buque Tai An que abandonara la zona de pesca de merluza negra.
Ferra fue nombrado por su tía política, Mondino, como representante de Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, y desde ese caro fue que amenazó a Suárez para que no cumpla con la ley. El flamante funcionario-pariente cursó la especialización en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UBA, se doctoró en la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) y profundizó estudios en integración energética regional en Alemania.
Es profesor asistente del South China Sea Institute (SCSI) de la Universidad de Xiamen (República Popular China) y fue becario postdoctoral de Política Exterior Rajawali en el Centro Ash. La investigación de Ferrara se centró en el paradigma legal chino y su proyección en el sistema del Estado de Derecho del Derecho Internacional Público. Nada es casualidad. Pese a los embates «anticomunistas» del presidente Javier Milei contra el gigante asiático, los negocios por detrás de sus colaboradores permanecen al margen de los dogmas anarco capitalistas.
¿Habrá ruido?
Las empresas Argenova, Estremar y Pesantar presentaron la denuncia, como poseedoras del 100% de la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de merluza negra. Si se comprueba la captura ilegal, a la empresa Prodesur le cabe una multa de entre mil y tres mil UP (Unidades de Pesca), suspensión preventiva que puede durar un máximo de sesenta días o lo que se extienda el sumario, decomiso de la carga y hasta la pérdida del permiso. Ya hay estudios jurídicos que analizan la decisión, y junto a ella una posible denuncia por presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el subsecretario Cazorla.
Pero la compañía del taiwanés Zhijiang, quien además dice tener en Ushuaia una pintura original de Rembrandt (“Encuentro de Jacob y Raquel en el pozo de agua”), tiene fuertes conexiones con el Gobierno libertario.
Esta semana, López Cazorla no respondió a un pedido de audiencia por parte de representantes de las empresas Argenova, Pesantar y Estremar para escuchar sus quejas. Pero sí se reunió con el dueño de Prodesur en la sede porteña que la Subsecretaría tiene en Paseo Colón.
Renunciar con dignidad
Tras presentar la renuncia, Suarez señaló que “se cierra una etapa muy intensa en los últimos cuatro años para mí». Y trazó un pánorama oscuro: «Lamento la situación porque mis compañeros están muy mal, en estos tres meses logramos algunos avances en cuanto al personal, pero hay gente que, al igual que los trabajadores del Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), solo han cobrado enero. Algunos llevan treinta años trabajando para esta estructura y no saben si quedarán en la calle, sin ninguna posibilidad de reinserción debido a la situación actual del país y su edad. Estamos hablando de cincuenta familias que quedarán en la calle”.
Otro motivo por el que Suárez dio el paso al costado remite a la embestida fundamentalista por mercado sin control estatal de La Libertad Avanza. El viernes pasado, llegaron dos personas a su oficina con una pila de resoluciones y disposiciones dictadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y por la Subsecretaría de Pesca entre 2019 y 2023: informaron que había que darlas de baja para avanzar en la desregulación de la actividad.
