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Renunció el abogado de Madres de Plaza de Mayo

El abogado de la entidad, Sergio Gandolfo, dimitió a su cargo en las últimas horas ante una inminente imputación en su contra en la causa por defraudación y lavado de dinero con fondos de la entidad que dirige Hebe de Bonafini.

El abogado de las Madres de Plaza de Mayo Sergio Gandolfo renunció a su cargo en las últimas horas ante una inminente imputación en su contra en la causa por defraudación y lavado de dinero con fondos de la entidad que dirige Hebe de Bonafini.

La renuncia fue presentada este martes, confirmaron fuentes de la entidad de derechos humanos a Noticias Argentinas y los motivos están relacionados con la preparación de la imputación en su contra por parte de la Justicia.

Gandolfo es un abogado cercano a Sergio Schoklender, al punto que fueron socios cuando el ex apoderado de la Fundación recuperó su libertad tras la detención por el homicidio de sus padres; y también fue letrado del hermano menor de los Schoklender, Pablo.

La renuncia -tal cual reconocieron a NA fuentes de la Fundación- se debió a que Gandolfo sería uno de los varios imputados que integrarían la lista de personas a indagar el mes próximo confeccionada por el fiscal federal Jorge Di Lello.

Según las fuentes, el fiscal puso personal de su fiscalía exclusivamente a trabajar en la preparación de ese escrito con el cual requerirá una primera tanda de indagatorias y luego hará lo propio con otra gran cantidad de imputados.

En un primer listado, estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y también otras de las personas más comprometidas como Alejandro Gotkin y el financista Fernando Caparrós Gómez.

Mientras tanto, el juez Norberto Oyarbide aún debe resolver un pedido para inhibirse de seguir interviniendo en la causa – tal cual el planteo de Schoklender- y pasarle la investigación a otro magistrado, Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga la parte relativa a los contratos por la construcción de viviendas sociales que encomendaba la Fundación con dinero público.

Schoklender está imputado por lavado de dinero y defraudación a raíz del manejo de fondos públicos de la entidad, y los cuales se sospecha que se les dio otro destino al original: la construcción de viviendas sociales.

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