La reparación histórica de las travestis y trans que fueron perseguidas sistemáticamente por el Estado desde el regreso de la democracia es una una demanda que atraviesa transversalmente la agenda LGTBIQ+ de la provincia de Santa Fe. Es que el fin de la dictadura en el ’83 no trazó la línea que puso fin a las detenciones y vejámenes contra la comunidad, sino que se registró una especie de continuidad: la policía y el poder judicial continuaron con estas prácticas, amparados por los códigos de faltas que prohibían el travestismo y la prostitución y que rigieron hasta 2010. En junio pasado, la Cámara Baja provincial dio un paso en este sentido y otorgó media sanción al proyecto de ley que prevé una reparación económica para las víctimas. Ahora toca al Senado de Santa Fe, una de las instituciones más conservadoras de la provincia, avanzar para la sanción de la ley.
El 15 de junio pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley de reparación histórica post dictadura a personas travestis/trans mayores de 40 años. La iniciativa había sido impulsada por Matilde Bruera en abril de 2022, que recogió el reclamo de las organizaciones LGTBIQ+, que tuvieron una presencia en la legislatura en cada instancia que atravesó el proyecto.
La expectativa de vida de las travestis y trans en Argentina es de 35 años, por eso la ley busca reparar a las sobrevivientes. Sobrevivientes de las persecuciones del Estado que, a través de la policía y del poder judicial, tuvieron a esta población como blanco, simplemente por travestirse y ser trabajadoras sexuales. Lo paradójico, es que la prostitución suele ser una de las pocas salidas laborales que, incluso en la actualidad, tienen las personas travestis y trans, quienes pese a los avances en materia de cupo laboral en distintos ámbitos siguen sin poder acceder trabajos formales, sobre todo en el sector privado.
El proyecto que obtuvo media sanción por amplia mayoría (hubo 31 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones), busca “reparar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, cometidas en democracia por las fuerzas de seguridad en el territorio de la provincia contra integrantes de la comunidad travesti-trans”. De aprobarse la ley, se le otorgará una pensión mensual no contributiva con carácter vitalicio a toda persona travesti-trans que acredite que, durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010, haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos en su identidad de género. El monto a percibir es el equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la Provincia.
Fue en 2010 cuando se derogaron tres artículos del Código de Faltas: el Artículo 83 (Ex 78) de ofensa al pudor; el Artículo 87 (Ex 81), de prostitución escandalosa; y el Artículo 93 (Ex 87), de travestismo.
Para Bruera, se trata de una “deuda de la democracia”. Ahora, es el Senado el que debe tratar el proyecto para que se convierta en ley. Distintas organizaciones consultadas por La Cazadora coincidieron que el proceso que se abre ahora es el que más acompañamiento necesitará, ya que el Senado provincial demostró ser de las instituciones más conservadoras de la provincia.
