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Réplicas del trapo de Los Monos: controversia por ajuste en control penitenciario al Pollo Vinardi

Es uno de los laderos de Ariel "Guille" Cantero cuya caricatura quedó estampada en la bandera desplegada en la despedida de Maxi Rodríguez y está dentro de los 25 reclusos a quienes se les reforzó la vigilancia en cárceles federales. Su abogada advirtió que se están restringiendo derechos

El despliegue de la bandera de Los Monos sigue generando consecuencias no sólo para el triunvirato aludido sino también para otros miembros de la organización que están considerados como presos de alto perfil en cárceles federales. La abogada defensora de Leandro «Pollo» Vinardi emitió un comunicado para señalar lo que considera arbitrariedades en el ajuste en las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) desde hace diez días para 25 reclusos rosarinos relacionados con Los Monos. Todo en el marco de nuevas oleadas de rumores que se esparcen vía redes y especialmente Whatsapp anclados esta vez en las lesiones que sufrieron al incendiarse un pabellón en el mismo penal donde está detenido Vinardi, Ezeiza, tras el cual resultaron con principios de asfixia otros dos hombres cercanos a Ariel «Guille» Cantero: Jorge «Ema» Chamorro y Cristian «Pupito» Avalle. Y mientras un camarista rosarino consideró que no hubo intimidación pública en el despliegue del trapo el pasado 24 de junio.

«Me encuentro altamente preocupada por las medidas adoptadas por las autoridades que desde el 18 de julio pasado se encuentran restringiendo los derechos de las personas detenidas, al punto de limitar e impedir el contacto con quienes ejercemos el rol de abogadas y abogados defensores», indicó la penalista Mariana Barbitta.

Pollo Vinardi está alojado en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza donde cumple una condena a 13 años dictada en 2016 por el crimen de Sergio Pared y en prisión preventiva por orden de la Justicia federal por una causa de julio 2021, que tiene a otros acusados, por el secuestro extorsivo del hijo de un empresario en Arroyo Seco y por infracción a la ley de estupefacientes 23.737.

Su nombre volvió a tomar trascendencia tras la despedida al ídolo de Newell´s Maxi Rodríguez del 24 de junio en la cancha del Estadio Marcelo Bielsa cuando desde una de las tribunas la barra desplegó una bandera gigante con caricaturas de un mono, un pollo y un toro que tenía la leyenda: “Nosotros estamos más allá de todo”.

Para el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se trató de un acto de intimidación pública y las caricaturas refieren al líder de Los Monos y desde hace años nombrado por estar al frente de la barra leprosa, Ariel “Guille” Cantero junto a sus sindicados lugartenientes Pollo Vinardi y Carlos Damián “Toro” Escobar.

Por el momento, en la causa está acusado el camionero Cristian Ayala, a quien los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le achacaron ser el encargado de buscar, llevar y sacar la bandera de Newell´s. Ayala quedó en prisión preventiva por 90 días por los delitos de intimidación pública y por integrar una asociación ilícita. La decisión del juez Facundo Becerra se apeló y esta semana se conoció la decisión del camarista Javier Beltramone, quien aceptó la imputación como partícipe necesario de la asociación ilícita, pero consideró que no se trató de una intimidación pública.

Para la Justicia, la bandera de Los Monos no fue intimidación

El fiscal Matías Edery expresó este viernes en el programa el Primero de la mañana de LT8 su desacuerdo con el fallo del juez de segunda instancia. «Nosotros tenemos una visión diferente, creemos que claramente es una cuestión intimidante la exhibición de esa bandera, eso fue lo que sostuvimos en la audiencia en la cual imputamos cargos. Conocer el contexto de Rosario, es conocer que Los Monos en un espectáculo como este haga una demostración de poder tal que evidentemente quieren dar un mensaje, que incluso fue leído hasta por el presidente de la Nación», describió para agregar que evaluarán las posibilidades para insistir en que sea aceptada la calificación de intimidación pública.

Seguridad y derechos

La primera manifestación de la abogada de Pollo Vinardi fue tras la imputación al caminero. “He tomado conocimiento por los medios de comunicación de acusaciones gravísimas contra mi asistido, que nada tienen que ver con él. Imputaciones que, además, ni siquiera han sido formalizadas judicialmente”, remarcó Barbitta en dicha oportunidad.

La bandera de la discordia: para la abogada de Pollo Vinardi los fiscales venden humo

Luego se conoció que Vinardi también estaba afectado a las medidas de ajuste de vigilancia dictadas por el Ministerio Público de la Nación del que depende el SPF para los 25 «Rosarinos», considerados presos de alto perfil a los que el 18 de julio se les impuso: listas acotadas de contactos telefónicos y visitas, más cámaras, más controles sobre sus celdas y la mercadería que mandan a comprar al supermercado.

Para Vinardi no sólo fueron estos ajustes sino también el 21 de julio pasado el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario decidió revocar un permiso para que su esposa viajara desde Villa Gobernador Gálvez a Ezeiza para la visita conyugal.

Sabrina Ivana Barrías está con tobillera electrónica por estar a cargo de sus cuatro hijos en su casa de Villa Gobernador Gálvez tras ser procesada en la causa por comercio de estupefacientes en la que también está su pareja. La suspensión fue solicitada por fiscal general, Federico Reynares Solari basado en el despliegue de la bandera en la cancha de Newell´s y el rol sindicado a la mujer en la causa, es decir recibir y ejecutar las órdenes de su marido.

«No sólo han perjudicado a Leandro (Vinardi) sin que a la fecha tengamos noticias concretas de la acusación (en referencia a la causa por la bandera) sino que ahora extienden el perjuicio a la familia afectando lo que se denomina «intrascendencia de la pena»», reclamó Barbitta al tiempo que informaba que había presentado un habeas corpus por los rumores sobre el traslado de su defendido a otro pabellón u penal sin dar aviso a su defensa.

Este viernes, la penalista hizo llegar a los medios de comunicación un escrito donde denunció que las últimas medidas adoptadas por el SPF significan una restricción en los derechos no sólo de su defendido Vinardi, quien está en Ezeiza, sino que también alcanza a otro de sus representados: Julio Andrés «Peruano o Coco» Rodríguez Granthon, el cual está alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Este último cumple una pena a 12 años de prisión por comercio de estupefacientes y cuenta con dos causas abiertas: una por conseguir el auto que se movilizaban los asesinos del ex concejal y pastor evangelista Eduardo Trasante y la restante por dirigir una banda narco desde la cárcel.

«La gravedad institucional de tales medidas pone en riesgo el Estado de Derecho que hemos construido en el último periodo democrático de nuestro país, que busca no solo respetar las disposiciones de la Constitución Nacional sino también erradicar toda práctica abusiva por parte de las autoridades estatales. Como abogada litigante y defensora particular, manifiesto mi preocupación a las autoridades judiciales y a los medios de comunicación por la limitación de derechos que actualmente se encuentran padeciendo las personas detenidas en los Complejos mencionados, a quienes se les impide tomar contacto con sus defensas en base a órdenes que se sostienen en la violación al principio de inocencia, principio de acto e igualdad ante la Ley», resaltó.

Además, Barbitta informó que interpuso los habeas corpus respectivos en los Juzgados Federales de Lomas de Zamora y Morón, los cuales están en trámite.

Incendio en Ezeiza y alerta

En medio de las presentaciones de las defensas, el miércoles por la tarde se produjo un incendio en una de las celdas de la cárcel de Ezeiza que las autoridades atribuyeron su origen a los internos Pupito Avalle, Javier Pacheco, Sergio Rodríguez y Axel Vilches, considerados miembros de Los Monos, en protesta por el ajuste en las condiciones de alojamiento.

Como consecuencia del fuego debió ser internado por inhalación de monóxido de carbono Ema Chamorro, otro lugarteniente de Guille Cantero, quien cumple una condena a 17 años de cárcel que la Corte de la Nación dejó firme en 2022 y que incluye la pena recibida por la llamada megacausa Monos unificada con la de comercio de drogas del expediente bautizado Los Patrones. En tanto, Avalle fue asistido en el hospital Penitenciaro Central.

Esta situación hizo que este jueves por la noche circularan mensajes de Whatsapp en donde alertaban sobre posibles ataques a penitenciarías rosarinas y en los que también indicaban que se habían reforzado la seguridad en las mismas.

Dos integrantes de Los Monos fueron internados luego de un incendio intencional en sus celdas

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