El fiscal general Adolfo Villate, a cargo titular de la Unidad de asistencia de causas por violaciones a los derechos humanos de la Justicia federal de Rosario, pidió el llamado a indagatoria de más de un centenar de personas por los crímenes cometidos entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución, en el marco de la represión a trabajadores metalúrgicos que habían protagonizado la lucha obrera recordada como el Villazo.
Se trata de 102 personas entre civiles –funcionarios de gobierno, miembros de grupos paramilitares y empresarios–, y uniformados que revistaron en la Policía Federal y de la provincia, la Prefectura Naval, Gendarmería y el Ejército.
En la presentación de 430 carillas, formulada ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, el fiscal detalló los casos de 77 víctimas que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas. Muchas fueron, además, despojadas de bienes.
Todas las víctimas eran trabajadores metalúrgicos y/o dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, gremio que –pese a una enorme presión de la conducción nacional de la UOM y de las empresas del sector– habían sostenido en marzo del 1974 el Villazo, un extenso plan de lucha con toma de la fábrica Acindar con fuerte acompañamiento de la población, que concluyó con la aceptación de las demandas de los trabajadores (ver aparte).
Pero, un año después, el 20 en marzo de 1975 el Operativo Rocamora (por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora) desembarcó a sangre y fuego en Villa Constitución con “una columna de un kilómetro y medio” de vehículos de fuerzas conjuntas que incluían a policías, gendarmes y soldados y civiles armados. Sobre una porción de ellos se pide la citación a indagatoria.
Represión
El representante del Ministerio Público señaló que todos aquellos delitos ocurrieron en el marco de una asociación ilícita y los encuadró en las categorías internacionales de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, que son imprescriptibles.
“Se implementó un plan sistemático para aniquilar a una parte del grupo nacional definido como opositor, que comenzó a delinearse antes del golpe de Estado”, expuso Villate. Y remarcó que los perpetradores tuvieron “la voluntad manifiesta de eliminar a una generación de conciudadanos para imponer un proyecto económico, social y político”, tras un análisis de la normativa internacional, de jurisprudencia nacional e internacional y de doctrina.
La presentación marca que en el “albergue de solteros” de la planta de Acindar funcionó un centro clandestino de detención. La Fiscalía señaló que la empresa aportó vehículos y pagó sobresueldos a los represores.
La presentación se detiene en analizar, en base a testimonios de protagonistas del conflicto, de víctimas, de declaraciones de represores y de bibliografía, el contexto previo a la represión, con los logros históricos de los trabajadores que se conocieron como Villazo, y la represión posterior, que tuvo entre sus principales característicias la actuación de miembros de la empresa Acindar.
De acuerdo con los elementos probatorios, la Fiscalía sostuvo que la empresa, además de la disposición de un lugar para el funcionamiento del centro clandestino, dispuso de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas; aportó vehículos y reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal, la mayoría de ellos Ford Falcon sin patente; facilitó el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros; consintió el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales; brindó información, y confeccionó listados que resultaron clave para ubicar y detener a las víctimas.
“Acindar digitó y habilitó violaciones específicas de derechos humanos, las que no hubieran ocurrido sin la contribución de la empresa; exacerbó las violaciones específicas, ya que empeoró la situación; y facilitó las mismas, ya que con su conducta hizo más fácil llevar a cabo las violaciones de derechos humanos”, marcó Villate.
El “complot rojo” que sirvió de excusa
En la madrugada del 20 en marzo de 1975 desembarcó en Villa Constitucuón el llamado Operativo Rocamora, por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora.
El fiscal Villate precisó que las razones alegadas por el gobierno de la presidenta María Estela Martínez para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás.
“A partir de ese momento –expuso Villate– se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en esta zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo.
La ciudad de Villa Constitución, marcó la Fiscalía, fue “literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural Los Pumas– y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”.
En total, según se reconstruyó, actuaron 105 vehículos y unas cuatro mil personas en la represión. “Hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas a alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la comisión interna de Acindar, más distintos activistas”, escribió el fiscal.
Elecciones
El fiscal de la Justicia federal de Rosario Adolfo Villate recordó que en 1974 la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. Reclamaban, además, otro mecanismo de reparto en los descuentos sindicales para la construcción de un policlínico propio en la ciudad y mejoras en las condiciones de trabajo. El conflicto escaló con la toma de la planta de Acindar el 11 de marzo de 1974 y se resolvió el 16 con la firma de un acuerdo en el que se aceptaron las demandas de los trabajadores. En noviembre de ese año, la lista Marrón encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción nacional de la UOM detentada por Lorenzo Miguel, triunfó por 2.600 votos contra 1.300.
