En el último jueves de septiembre la Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad la ley N.º 198 que garantiza el acceso al cannabis para fines medicinales, creando el primer registro provincial de personas usuarias de la planta en Argentina. Conocida como “Ley Salomé” (nombre de una paciente de cannabis medicinal de esa provincia), la norma busca responder al atasco y falta de respuestas que el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) viene teniendo desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
Además, con la ley chubutense buscarán regular la producción para la investigación médica y científica y garantizar el control de las actividades de importación y exportación de semillas, aceites y otros productos derivados del cannabis, algo que también está bajo la lupa del gobierno libertario con la reciente intervención a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
Según la diputada Jacqueline Caminoa, una de las impulsoras de la ley, el “Reprochubut” –cómo empezó a ser conocido en redes sociales– seguirá las pautas del Reprocann, habilitando el cultivo de hasta 9 plantas en floración por paciente y el transporte de 40 gramos de flores secas o 6 goteros de 30 mililitros de aceite de cannabis. “Nos queda seguir avanzando en la reglamentación para garantizar que todas las personas que necesiten acceder al cannabis medicinal puedan hacerlo de manera segura y legal”, dijo la legisladora en diálogo con El Ciudadano.
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El origen y presente del Reprochubut
Caminoa se involucró en el cannabis medicinal por pedido expreso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Su bloque, Despierta Chubut, llevó adelante el proyecto en las comisiones y logró la aprobación por unanimidad en la última sesión del mes de septiembre. “Ya se estaba trabajando en el ámbito de la salud y a nosotros nos tocó generar charlas, contactar distintos sectores y ONGs, que quedaron incluidas en la ley», explicó la diputada. Según la chubutense, como en otras tantas oportunidades, el aporte de quienes investigan en Conicet, trabajan en el INTA e integran las organizaciones cannábicas marcó una diferencia significativa para el diseño, redacción y debate.
Según explicó Caminoa, quedan muchos puntos por definir en la reglamentación. Por ejemplo, la validez del permiso por fuera de Chubut, la habilitación a turistas y el posible acceso por compra en farmacias como en el modelo de acceso del Uruguay.
“La ley se enfoca en la salud y permite que los usuarios puedan acceder a tratamientos de manera legal y segura, con la posibilidad de obtener el aceite de cannabis en farmacias mediante una simple receta médica”, adelantó la diputada y aseguró que permitirá a las organizaciones cannábicas seguir trabajando en la atención de las personas en el sur.
«En una provincia tan extensa, a veces las ONGs deben presentar amparos preventivos para poder transportar el cannabis entre localidades», explicó Caminoa y agregó: “Para abordar estos problemas, se requiere una reglamentación exhaustiva que asegure el cumplimiento de los derechos de acceso al cannabis medicinal”.
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Cannabis medicinal y cáñamo industrial en Chubut
Según la legisladora del sur, la ley aprobada también abre la puerta a que el Ministerio de Producción de Chubut supervise todo lo relacionado con la producción, incluidas las aplicaciones textiles y medicinales del cáñamo, a partir de la creación de una agencia de control que garantizará el cumplimiento de las normativas en toda la cadena productiva. «Ya hay empresas que están invirtiendo en el cannabis y necesitamos darle las condiciones para poder generar empleo bajo un marco legal y regulador», concluyó Caminoa.
La novedad desde el sur llegó semanas después de que el gobierno conducido por La Libertad Avanza (LLA) intervenga la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que había sido creada luego de la ley 27.669 de cannabis y cálamo industrial, y que en menos de 2 años de actividad solo había emitido unos pocos permisos provisorios a un puñado de proyectos económicos.
La agencia tiene a cargo la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. Representa una pieza clave en el desarrollo de la industria del cannabis nacional.
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