La diputada provincial Alicia Gutiérrez, junto a sus pares Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Eduardo Di Pollina, Verónica Benas y Carlos Del Frade, presentaron un proyecto para que la Cámara baja de Santa Fe exprese su más enérgico repudio ante los intentos de reabrir la causa Larrabure, con el argumento de que la misma puede ser tipificada como delito de lesa humanidad, figura que fue rechazada, en 2017, por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.
“Consideremos que esto se da en un contexto donde desde el gobierno nacional se sostiene el negacionismo respecto a lo que fue el Terrorismo de Estado, se libera a los genocidas, se pretende poner obstáculos a los juicios y se ataca a los organismos de derechos humanos. Es un claro indicio de que se quiere volver a instalar la teoría de los demonios y negar la existencia del plan sistemático de desaparición de personas que llevó adelante la dictadura cívico militar”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías.
Según la legisladora del Partido SI, la medida va en contra de lo establecido por el derecho internacional y lo dictaminado por fallos de la Corte Suprema de la Nación, es decir, que los delitos de lesa humanidad son aquellos ejecutados por el Estado o aparatos paraestatales. En esa línea, el Estatuto de Roma, aprobado en 1988, explicita: “Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Por lo tanto, se caracterizan por ser delitos cometidos a gran escala y de modo sistemático en contra de grupos o comunidades de la sociedad civil.
El comandante post mortem Argentino Del Valle Larrabure fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en 1974, en una acción insurgente, y apareció muerto más de un año después. Según consta en la declaración de repudio firmada por las diputadas y los diputados, la pretensión de incluir dentro del concepto de lesa humanidad las acciones cometidas por el ERP carece de fundamentos históricos, ya que no está probado que la misma contara con algún tipo de apoyo por parte del Estado argentino, chileno ni cubano, como argumentan quienes sostienen esta posibilidad.
Para la legisladora, si bien los promotores de esta presentación carecen de argumentos para sostener que se trata de un delito imprescriptible, “la utilización del concepto de lesa humanidad, y su tergiversación con fines exclusivamente políticos, constituye un agravio a la larga lucha que ha llevado el movimiento de DDHH en nuestro país en su búsqueda de memoria, verdad y justicia, como asimismo un atropello al derecho nacional e internacional”.
Asimismo, cabe recordar que quienes fueron acusados como los supuestos autores materiales de la muerte del coronel fueron asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y que, en su momento, no existieron impedimentos de ningún tipo para que el Estado y la querella investigaran la causa antes de que ésta prescribiera.
