Una seguidilla de hechos que deberían ser materia de la Historia y no de una crónica periodística. El viernes pasado, el Consulado de Bolivia en Rosario consiguió rescatar en la cercana localidad de Soldini a un chico de 15 años que permanecía virtualmente secuestrado y era obligado a trabajar en una quinta de la zona en jornadas laborales de más de 12 horas. Fue la denuncia de su madre, radicada en la ciudad de Tarija, fronteriza con la Argentina, la que motivó la búsqueda del menor, cuya etapa final se realizó con la presencia de El Ciudadano. Pero el caso, a su vez, permitió poner de nuevo sobre el tapete un submundo de tráfico de personas y explotación laboral que se resiste a desaparecer, al detectar dos hechos similares: el de otro niño de 16 años sumido en iguales circunstancias, aislado de su familia y con documentación irregular, y el de un chico de tan solo 13 años que fue “echado por su patrón” y a quien los representantes diplomáticos del país del Altiplano están buscando por la misma zona.
Williams Eloy Medrano hace seis años que está al frente del Consulado de Bolivia en Rosario, y su tarea es más que ardua: él y dos empleados de la sede diplomática deben atender las necesidades de sus conciudadanos en toda la provincia de Santa Fe y, además, en territorio entrerriano y correntino.
La denuncia fue cursada por la madre de Carlos Quispe en la Pastoral Social de Fátima, una organización dedicada a las problemáticas de género y trata de personas con sede en Tarija. También fue presentada ante la Justicia de Bolivia, por averiguación de paradero.
Eloy Medrano comenzó el operativo de búsqueda del chico el jueves pasado en las zonas de quintas de los alrededores de Rosario. Los indicios que obtuvo le permitieron luego reducir el área de rastreo a las localidades de Pérez y Soldini. Y fue en ésta última donde se ubicó al chico, en la tarde del viernes.
Sin instrumentos legales de respaldo, el cónsul boliviano apeló precisamente a la diplomacia para dar con el joven. Contó con el acompañamiento de la subcomisaría 6ª de Soldini, aunque sin poder de coacción porque no mediaba ninguna orden judicial. Carlos Quispe estaba viviendo en una humilde vivienda dentro de una finca de Soldini. Allí “trabajaba” para el ciudadano boliviano Gregorio Mercado. Ante el cónsul, el hombre al principio negó la presencia del chico, pero luego la admitió aunque refirió que en ese momento no se encontraba en el lugar. Un nuevo rastreo por la zona permitió finalmente hallarlo, y con su testimonio reconstruir la historia.
El chico había ingresado a la Argentina a principios de mes junto a Mercado, también oriundo de Tarija y que portaba consigo una suerte de permiso de viaje para trasladarse con el menor, un documento que llevaba estampada la firma de su madre y contaba con sellado oficial de Bolivia. El cónsul dedujo que el trato que Mercado había entablado con la madre de Carlos fue la entrega de una suma de dinero para llevarse al hijo a trabajar a la Argentina. Sin embargo, a poco de llegar a la zona de Soldini, el niño habría manifestado su desagrado con la situación que lo tenía como víctima y el deseo de regresar a su hogar. Fue entonces que, según el relato del chico, su empleador le retiró el chip del celular que portaba y de esa forma le cortó la comunicación con su madre. Fue gracias a un amigo de su misma edad y también boliviano, a quien conoció en la zona y sufre similar trato de explotación, que Carlos pudo retomar el contacto con su familia a través del teléfono público de un cibercafé de la zona de Soldini.
Sin demasiadas precisiones geográficas, la madre renovó entonces la denuncia y el caso llegó al Consulado de Bolivia en Rosario. Medrano, que ya cuenta con experiencia en estas lides, pudo finalmente rescatar al chico de manos de sus explotadores, gente de la misma nacionalidad y de condición tan humilde como sus víctimas, que oficia de “mediera” en las quintas de la región.
Carlos permanecía ayer alojado transitoriamente en la sede del Consulado. Entrecortado por el llanto, había referido sus penurias y el “hambre” que le hacían pasar sus “empleadores”. A partir de hoy, Medrano iniciará los trámites a través de la Cancillería de su país para que se autorice la repatriación del niño, un proceso que con suerte podría concluirse a mediados de semana. Además, el cónsul citó a Mercado a la sede diplomática para que, entre otras cosas, cumpla con la “paga” que nunca, tampoco, le entregó al menor. “El de las quintas es un trabajo que se inicia a las cinco o seis de la mañana, y concluye recién a las ocho de la noche”, explicó el funcionario boliviano. Una jornada abusiva para un adulto, tanto más inaceptable para un chico.
Este caso no es aislado, sino la muestra más reciente de una trama que sin esfuerzo puede inscribirse bajo el concepto de esclavitud, recuerda Medrano. Y tanto es así que el mismo viernes, como correlato de la búsqueda de Carlos, pudo detectar dos casos derivados del mismo cuadro de abusos y miserias. Juan Carlos, el chico de 16 años que acompañó a Quispe al cíber para que pudiera llamar a su madre, también “trabaja” bajo las mismas condiciones en otra finca. Su responsable también fue conminado por Medrano a presentarse en el Consulado y explicar la situación legal del niño, cuya documentación de residencia en el país está vencida y carece de vínculos con su familia. Además, del relato de los jóvenes surgió otro caso tan o más dramático: otro chico, de tan sólo 13 años que “trabajaba” en una quinta cercana fue echado por su empleador hace unos días y ahora se desconoce dónde está. De él, incluso, se desconocen hasta el momento sus datos filiatorios.
En sus seis años al frente del Consulado, Medrano intervino, con más voluntad y perseverancia que colaboración de la Justicia de su país y la Argentina, en unos 30 casos similares. Y consiguió la repatriación de 25 menores explotados laboralmente, quienes regresaron al seno de sus familias en Bolivia. Familias que, como la de Carlos Quispe, no son ajenas a la situación que debieron sufrir sus hijos. Contra estas situaciones de doble miseria, económica y social, debe lidiar Medrano, a quien su experiencia lo tornó escéptico respecto de la voluntad de la Justicia –a ambas márgenes de la frontera–, las fuerzas de seguridad y las autoridades ejecutivas para desarticular las tramas del tráfico y la explotación. “Aún en los casos en los que hemos reunido gran cantidad de elementos probatorios no se avanzó casi nada”, se lamenta el funcionario.
