Después de la pandemia la economía, pero con mirada a largo plazo. El secretario de Minería, Alberto Hensel, se involucró en un proyecto para que la empresa YPF, controlada por el Estado nacional, abra una nueva división para la minería que le permita tener presencia y control en el sector, pero también participar en sociedades y acompañar el surgimiento de empresas en unl área que prácticamente en su totalidad está en manos de multinacionales extranjeras. Según el portal especializado Econojournal, el funcionario le llevó la semana pasada la idea a Guillermo Nielsen, presidente de la petrolera. Y la idea está ganando terreno: uno de los proyectos que está en carpeta en el oficialismo es elevar el estatus de la empresa Cimsa (Compañía de Inversiones Mineras SA, una subsidiaria de YPF) como un nuevo actor –y estratégico– del sistema.
El portal afirmó que el texto del proyecto que le llegó a Hensel ya está circulando por distintas oficinas oficiales, todas con alto poder de decisión política. Y una versión sostiene que también le fue entregado en mano al presidente Alberto Fernández.
Según trascendió, la idea toma en cuenta a Cimsa porque ya es una sociedad constituida y entre sus objetivos declarados legalmente encuadra perfectamente la iniciativa. También se baraja que la misma carta de presentación, a través de YPF, haría que la idea fuera bien recibida en las comunidades del interior del país, ya que la empresa fundada por el general Enrique Mosconi históricamente contó con alta valoración y fueron muchos los que hace poco más de un cuarto de siglo expresaron su frustración o direcamente su oposición a la privatización de la petrolera estatal. Los efectos, además, fueron inmediatos, especialmente en las provincias petoleras, donde un tendal de desocupados quedó como una de las consecuencias de la decisión del gobierno de Carlos Menem. De una de ellas, Neuquén, en una de las zonas históricamente vinculadas al petróleo, Plaza Huincul, surgió la primera protesta piquetera: sin poder parar la producción, de la que ya habían sido apartados, los trabajadores en lucha resolvieron parar las rutas.
La realidad de lo que fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una de las primeras empresas de su tipo en el mundo y señera de las compañías estatales perdura hasta hoy: “Todas las provincias quieren estar ligadas a YPF”, consideran quienes proponen una minera estatal. Y sostienen que el sector podría desarrollar una pequeña y mediana industria compatible con una política ambiental más eficaz que la de las multinacionales mineras, cuyos siniestros han sido acordes con el tamaño de sus emprendimientos y han causado desastres irreparables.
Pero los intereses en pugna son vastos y complejos de compatibilizar. Quienes postulan el proyecto creen que se puede, y recuerdan que en 2013, durante la gestión de Miguel Galuccio, YPF, precisamente a través de Cimsa, adquirió una cantera de arenas de sílice en la provincia de Chubut, que actualmente se utiliza para la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Ecojournal marcó que los autores del proyecto barajaron también que Cimsa, en tanto Sociedad Anónima, puede ser “la primera empresa de exploración minera del país” en cotizar en la Bolsa, y que puede tener un rol estratégico en los nuevos tesoros de la minería global, como el litio y otros minerales (oro, plata, cobre) que demandan las nuevas tecnologías, sin llevar adelante una explotación irracional a cielo abierto que devaste el medio ambiente.
