“Estaba tirada ahí. Vi a un hombre con sotana y pensé: «Que alivio. Por lo menos alguien se va a ocupar de nosotros». Él se fue y se puso a hablar con los torturadores. No pude escuchar qué decían por los gritos. Creo en Dios. A él le pedí ayuda”, contó Tomasa Vedún de Ortiz, una de las víctimas del espacio de tortura donde funcionaba el Servicio de Informaciones de la UR II de Policía, hoy la sede local del Gobierno de Santa Fe en Rosario. El hombre de sotana, según dijeron otros testigos, era Eugenio Segundo Zitelli, ex capellán de la fuerza durante la última dictadura cívico militar. Fue procesado dos veces por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad y tortura de 19 personas cuando brindaba apoyo espiritual a policías e invitaba a confesar a los detenidos y violados. En junio será protagonista del juicio Feced III. A los 85 años y con libertad bajo fianza puede ser el segundo miembro de la Iglesia Católica en ser condenado por crímenes de lesa humanidad en Argentina. El fiscal del caso, Adolfo Villate, dialogó con El Ciudadano y también ratificó lo denunciado por dirigentes políticos y organizaciones de Derechos Humanos: los juicios perdieron empuje desde la llegada de Cambiemos.
—¿Cuál fue el rol de Eugenio Zitelli?
La imputación que más resalta es la Zitelli porque los otros tienen condenas y porque él era quien a nuestro criterio estaba presente en el Servicio de Informaciones, conocía de los secuestros y torturas, pero no hizo nada para impedirlo. Creemos que colaboró con las tareas que llevaba adelante el aparato policial de la Unidad Regional II.
—¿Cómo evalúan la figura de un religioso a partir de la condena a Christian Von Wernich, el único miembro de la Iglesia condenado por crímenes de lesa humanidad?
La presencia de un sacerdote tiene dos funciones en estos casos. Oficia de consuelo y apoyo para los asesinos y torturadores que encuentran en alguien vinculado a su fe una justificación para actuar. Es algo que se arrastra desde la creación de los vicariatos castrenses, esto es, la vinculación entre la Iglesia Católica y las fuerzas armadas desde hace siglos. Inicialmente cuando un ejército iba a la guerra era acompañado por religiosos que daban apoyo. Acá no ocurrió una guerra tradicional. Fue terrorismo de Estado. De igual modo se planteó una supuesta guerra santa entre el mundo occidental y cristiano y los valores de la izquierda comunista. Eso hizo que se argumentara que el accionar de la Policía y los militares eran justos…
—Y por otro lado, el sacerdote era una figura de peso para los detenidos
En cualquier religión es así. Es quien puede brindar consuelo y fuente de consejos. Hacía de “policía bueno” para que la víctima se confesara y admitiera la culpa como instancia de redención. Era una posición perversa porque invitaba a delatar a otros, y de ahí la información era usada para buscar a otras personas. Zitelli además de capellán formaba parte de la Policía. Respondía a dos patrones entre los cuales no había un conflicto de intereses.
—¿Cree que fue porque representa la vinculación entre la dictadura y la Iglesia que se retrasó la imputación de Zitelli?
No puedo juzgar lo que hicieron los fiscales antes. Hubo una evolución de los juicios y la profundidad se va construyendo a medida que se avanza. Algunos sostienen que las sociedades tardan entre 25 y 30 años en elaborar sus genocidios. Es el tiempo que lleva poder ver y juzgar las atrocidades. La evolución de los juicios también se da en la cabeza de los que juzgan y pelean. Con el avance se ve con más claridad la responsabilidad militar y la civil. Lo primero que salta son los secuestros, la tortura y los asesinatos. Después se corre el velo de lo grotesco y aparecen las oportunidades de juzgar a otros actores. Se entiende como progresión. Por eso, hoy estamos trabajando en los delitos económicos como el vaciamiento de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil o el Villazo –ver recuadro–. Entendemos que ahora sigue la vinculación económica.
—¿Cuál es el siguiente paso?
Hay que analizar si hubo una responsabilidad judicial en los delitos. El blanqueo de personas secuestradas se daba en la formación de causas por infracción a la ley 2.840 de actividades subversivas. Hemos tenido denuncias de que frente a apremios ilegales no se trabajó como se debía. Si una persona llegaba con señales de tortura el juez federal no se podía desentender. Esa parte aún no ha sido investigada.
—¿Piensa que a medida que avance el tiempo las víctimas están más lejos de ver en vida los juzgamientos?
Son procesos naturalmente largos. Las víctimas envejecen. Son crímenes de Estado y eso significa que los victimarios van perdiendo poder y se va accediendo a la verdad porque pierden la posibilidad de incidir en su juzgamiento. Ojala se pueda hacer antes, pero así sucede con los crímenes de Estado.
—La causa Guerrieri III termina a mediados de mayo, ¿Por qué se retrasó el inicio de Feced III?¿Nota cambios en los magistrados con respecto a estas causas?
Aún no concluyó Guerrieri. Muchos de los defensores también representan a los mismos imputados. Empecé a intervenir en 2014. No he notado cambios sobre lo que ya venía ocurriendo en la Justicia. Creo que está internalizado en el Poder Judicial las causas, pero los juicios se están volviendo más lentos. No tiene que ver estrictamente con una posición de los jueces. Por ejemplo, en Feced III (fechado para el 8 de junio) van a intervenir una jueza de Paraná, un juez de Santa Fe capital y uno de San Nicolás. Cada uno tiene su propio tribunal y agenda y es difícil que confluyan para un juicio que durará dos años. A eso se le suma que cada vez hay que buscar jueces más lejos, porque los cercanos han actuado en las causas anteriores. Nos preguntan por qué se hacen tantos juicios con los mismos imputados. Es que se van sumando imputados, casos y tenés imputados que no han sido imputados por determinados delitos. Surge la necesidad de organizar las imputaciones pendientes y aún hoy se captura a personas con pedidos como Juan Carlos Bossi –ver aparte–. Eso hace que tengamos un nuevo juicio. Por suerte, la progresión de juicios ha instalado pruebas trasladadas anteriormente producidas.
—¿Qué otros factores se suman a que sean más lentos?
Se volvió más trabajosa la etapa de instrucción porque se retrasan pedidos simples como de indagatoria. Surgen otros problemas en la Cámara Federal y muchas veces los jueces son recusados. Nos cuesta porque algunas dependencias del Ministerio de Defensa y de Seguridad bajaron la intensidad de la colaboración. Ambas tienen una repartición creada por el gobierno anterior ligada a derechos humanos desde donde nos envían legajos y aportan documentación de archivo. Sabemos que no están renovando los contratos del personal y las estructuras se están achicando. Eso baja el aporte. También notamos que desde hace dos años se volvieron más intrincados los caminos burocráticos.
—¿Es responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos intensificar la presencia en los juicios?
Son momentos históricos. Hay momentos donde el Estado facilita la investigación, pero los juicios nacieron de la querella que nace de la lucha de las organizaciones de víctimas que empujan desde el principio. Estamos viendo que el Estado no está acompañando como antes y es donde las organizaciones deben resurgir. Nunca dejaron de estar haciendo más o menos acompañamiento. Lo principal es educar. Propusimos al titular de la Procuraduría, Jorge Aguad, dar charlas en las escuelas secundarias sobre los juicios. En las últimas semanas se volvió a instalar, inclusive en las escuelas por parte de algunos docentes, los discursos de la memoria completa, hablando de una guerra de dos bandos y la teoría de los dos demonios.
—¿Sienten que tienen todos los recursos para investigar?
Los recursos siempre son escasos. Gerenciamos carencias. En economía política se dice que hay necesidad es ilimitadas y recursos limitados. Entonces la decisión es política. Tenemos recursos en el Ministerio Público Fiscal, pero siempre se puede trabajar más rápido y mejor.
El cura que demandó de una investigación de largo aliento
Zitelli figura en las primeras causas por delitos de lesa humanidad desde la vuelta de la democracia. La investigación que lo llevará al banquillo tomó fuerza a mitad de los 90 en Casilda. Detrás estuvo la agrupación Unidos por la Memoria ante el Olvido (Umano). Entre los materiales que aceleraron los procesamientos estuvo una entrevista televisiva del periodista Francisco Campabadal. En la nota Zitelli dijo sobre las acusaciones: “Estábamos en un momento muy duro del país. Sabe que la sociedad reclamaba una respuesta frente a la proclama de una patria socialista combativa tipo Cuba o Rusia. Hubo policías muertos por atentados subversivos ¿Usted cree que esa situación no incidía para la reacción de la represión? Yo no justifico las reacciones, pero me las explico”.
En 1999 Zitelli recibió el título honorífico de monseñor desde el Vaticano llevando a una movilización en contra del religioso en Casilda. En 2010 se jubiló y dos años más tarde, ya procesado, consiguió pagar una fianza de 50 mil pesos para evitar tiempo de cárcel hasta el juicio. Las novedades judiciales le llegan al Instituto Cristo Rey en Roldán.
Los delitos de los magistrados también están en carpeta
A fines de marzo el fiscal Villatte pidió la declaración indagatoria de 102 civiles, entre ellos funcionarios de gobierno, miembros de grupos paramilitares y empresarios. También de ex policías federales y provinciales, ex miembros de la Prefectura Naval y ex militares. Los acusan de reprimir entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución a los trabajadores metalúrgicos que habían protagonizado la reivindicación obrera recordada como el Villazo. En carpeta hay datos de 77 víctimas que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas, además de despojadas de bienes. Todas eran trabajadores, dirigentes gremiales metalúrgicos y las abogadas de la UOM y la comisión interna de la empresa Acindar.
En lo empresarial se apunta a la metalúrgica porque prestó instalaciones para un centro clandestino de detención, aportó autos –la mayoría eran Ford Falcon sin patente– y pagó sobresueldos a los represores. También, siempre según contó Villate, dieron información para identificar a las víctimas y privarlas de la libertad.
Causa Guerrieri III en etapa final
Guerrieri III se realiza en el Tribunal Oral Federal número 1, integrado por los santafesinos José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. “Nos interesa juzgar la responsabilidad de Rodolfo Isach que trabajó en el Destacamento de Inteligencia 121 dando cursos de explosivos a unidades militares y estuvo prófugo hasta febrero de 2012 cuando fue capturado en su casa de Ostende”, explicó Villate. Isach es el único de los diez imputados en la causa Guerrieri III sin condena previa. El resto son los militares Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong y Marino González, el personal civil Walter Pagano, Juan Cabrera, Ariel López, Armando Pelliza y Eduardo Costanzo. Los dos ex personal civil denunciaron que Isach mató a los 14 militantes secuestrados en el circuito Quinta de Funes-Escuela Magnasco-La Intermedia, por en que pasaron parte de las 47 víctimas (24 desaparecidas). “Es la ventaja que tenemos en la tercera parte donde la existencia de los centros de detención clandestinos está acreditada y muchos hechos ya fueron juzgados facilitando el camino. El imputado es nuevo y se tuvieron que repetir los testimonios para que pueda ejercer su derecho a defensa”, apuntó Villate.
De Medellín a Rosario
El año pasado Interpol capturó en Colombia a Juan Carlos Bossi, de 67 años, y acusado de la represión ilegal en Rosario. El hombre formó parte de los denominados vuelos de la muerte torturando a través de asfixia a los detenidos y aplicando otros métodos ligados a la práctica médica, por lo que lo apodaron “el doctor”. Bossi tenía un pedido desde 2011 por delitos de lesa humanidad: secuestro, tortura, desaparición y homicidio. Luego de ser atrapado en Medellín y de su extradición se está en la etapa de instrucción para llevarlo a juicio.
