No es nuevo: las obras de restauración del Monumento a la Bandera quedaron teñidas por la controversia desde el vamos. Lo primero que hizo ruido fue su adjudicación a la desarrolladora Creaurban, que Angelo y Fabio Calcaterra le habían comprado –junto con Iecsa– a la familia Macri en 2007 para vendérsela el año pasado a Marcelo Mindlin, dueño a su vez de dos energéticas de explosivo crecimiento durante la administración Cambiemos: Edenor y Pampa Energía. La intervención en una de las construcciones más emblemáticas de Rosario chorrea objeciones por todos los costados y el concejal del Frente Progresista Pablo Javkin las puso este viernes sobre el tapete. Presentó en el Palacio de los Leones un extenso y documentado pedido de informes sobre los retrasos en las obras, el incumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego y, encima, el deterioro de las estructuras que se deben preservar.
El plazo para completar la restauración del Monumento vence el 6 de septiembre próximo, cuando se cumplen los 180 días de obra que estipula el pliego. Javkin remarcó que a esta altura se ejecutó apenas el 40 por ciento y que, en lugar de notarse una aceleración, lo que se observa es menos trabajadores y retiro de andamios.
En paralelo con el retraso, el texto de pedido de informes enumera varias irregularidades e incumplimientos. Insiste en que no se trata de una reparación, sino de la restauración de un sitio histórico que es más exigente y que por ello tiene asignado un presupuesto mayor.
Monumento a los incumplimientos
El pliego ordena procedimientos de limpieza especiales en las casi 20 mil placas de mármol travertino del Monumento, y en cambio aún se observan manchas de variado tenor, resalta la presentación de Javkin. Algunas, como expusieron conservacionistas en redes sociales hace poco, son agregadas por la propia empresa: óxido producido por el descuido en el montaje de los andamios metálicos.
Uno de los ítems establece tratamiento herbicida en las juntas de las lozas y sellados especiales. Nada de eso se hizo, menciona el texto del concejal. Por el contrario, se hay nuevas afloraciones vegetales en esas uniones.
La enumeración del pedido de informes incluye el incumplimiento de varias otras exigencias: recambio de las placas con fisuras –algunas hasta desaparecieron–, alineación de las que estén fuera de plomo, restauración de piezas rotas o con faltante de material e impermeabilizaciones que no cierran la lista de irregularidades. También se enfatiza el uso de morteros inapropiados que exudan carbonatos y manchan las superficies, y la recolocación contigua de placas con diferentes tonalidades, así como el uso de herramientas que dañan los materiales del edificio histórico.
Una licitación complicada
La apertura de sobres para decidir quién se quedaba con lo que se considera la mayor intervención en la historia del Monumento fue el 26 de septiembre de 2016. Se habían presentado, además de la ganadora Creaurban, la UTE Depaoli & Trosce, Prat Construcciones y la UTE Del Sol, Epreco, Dyscon. EL 11 de enero siguiente fue adjudicada y entonces corrieron rumores sobre presiones del gobierno nacional para que los trabajos recayeran en empresarios «amigos». La Municipalidad de Rosario salió al cruce de esas versiones y ratificó la transparencia de la licitación. A partir de entonces, se sucedieron los parates o retrasos en las obras y reclamos de los trabajadores por atrasos salariales. En ese contexto, también, justificaciones de la empresa basadas en la falta de cobro de los certificados de obra. El financiamiento de la restauración es mayoritariamente del gobierno nacional, que pone el 70 por ciento del total. El resto, lo cubre el Ejecutivo rosarino.
Los socios de siempre
Iecsa y la restauradora del Monumento Creaurban pertenecían al Grupo Socma. Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, anunció su venta en 2008, el mismo día en que su hijo lanzó la candidatura a jefe de Gobierno porteño. Pero todo quedó en familia: se las traspasó al primo del ahora jefe del Estado, Angelo Calcaterra, en cómodas cuotas. Ambas empresas resultaron adjudicatarias de licitaciones millonarias durante la gestión porteña del PRO. Por ejemplo, dos pasos bajo nivel, dos torres en Puerto Madero y los aliviadores del arroyo Maldonado.
Dos meses después de ganar la licitación del Monumento, Calcaterra vendió Creaurban a cuatro socios de Pampa Energía: Marcelo y Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, aunque el primo de Macri continúa al frente del manejo operativo. Fue en el marco de sospechas sobre coimas en el eternamente postergado soterramiento del tren Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, que incluyen al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al secretario de obras públicas José López, ambos detenidos, y a la mega constructora Odebrecht que desató el escándalo también local, al reconocer el pago de coimas por 35 millones de dólares en la Argentina para quedarse con contratos de obra pública entre 2007 y 2014.
El presidente Macri presenta a uno de los nuevos dueños de Creaurban, Mindlin, como su amigo. Su insignia Pampa Energía, grupo controlador de Edenor, Transener –la mayor transportadora eléctrica– y TGS –la segunda transportadora de gas–, es uno de los consorcios que más escaló en el ránking corporativo al calor de las nuevas políticas energéticas. Pasó del puesto 103 entre las que más facturan en la Argentina que ostentaba en 2015, al promisorio décimo lugar que le adjudicó la revista Forbes en su edición de octubre último.
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