El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó el mecanismo de pago para las empresas importadoras y definió que hasta fin de mes no se podrán realizar transferencias por adelantado para compras al exterior. La entidad justificó su decisión a partir de la detección de operaciones en las que se registraron pagos por un valor superior al despacho de mercadería. La medida recibió críticas por las dificultades que puede ocasionar en la operatoria de muchas empresas, pero poco se dijo sobre la sobrefacturación que expuso el Central en los balances y de la falta de rigurosidad que existe a la hora de fiscalizar los pagos salientes y la mercadería entrante.
La medida fue oficializada el martes pasado por la noche como parte de un paquete que incluía también un mayor control sobre los dólares financieros. El anuncio comenzó a reflejarse el miércoles en los principales medios como un cepo importador que pretende evitar la caída de reservas y desde la Cámara de Importadores manifestaron malestar al considerar que la decisión podría entorpecer el mecanismo de trabajo para el sector.
Consultados por El Ciudadano, economistas locales analizaron el anuncio y dieron una interpretación distinta sobre los hechos. Si bien coincidieron en que la restricción forma parte de un reflejo del gobierno por atenuar la salida de reservas en dólares, reconocieron que existe un fenómeno de sobrefacturación por parte de algunas empresas como consecuencia de la falta de control y de reglas claras, provocando diferencias en los balances y haciendo pagar a justos por pecadores. De hecho, consideraron que quienes deberían colaborar para evitar conductas indebidas, terminan siendo parte del problema.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) reconocieron que el anuncio puede complicar la operatoria de muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas que reciben ciertas exigencias por partes de proveedores del exterior (como por ejemplo un anticipo para enviar la mercadería) pero aceptaron con la condición de que se trate de una medida eventual y no estructural.
La realidad es que muchas pymes importadoras ven en esta decisión un entorpecimiento de su mecanismo, ya que trabajan con proveedores del exterior que exigen un pago anticipado para producir la mercadería que van a enviar. En este sentido, los dos economistas consultados por este diario, coincidieron en que no basta con ir tapando los vacíos que posibilitan la fuga de divisas proliferada por determinados actores que intervienen en el comercio exterior, sino con políticas claras de fiscalización por parte del Estado.
En síntesis, lo que busca la entidad monetaria dirigida por Miguel Pesce a partir de esta iniciativa, es establecer límites para la cancelación anticipada de importaciones. Es decir, que aquellas empresas que traen productos de afuera, no adelanten parte del pago a proveedores sino que cancelen la operación una vez que se efectivice el despacho en territorio argentino.
Los argumentos del Central
Desde el BCRA dejaron en claro que sólo se aplicará en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado, por lo que consideraron que afecta a un 13% de las mismas. A su vez aseguraron que la medida estará vigente hasta el 31 de octubre con la finalidad de “equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país”.
La máxima autoridad monetaria fundó sus argumentos en números. Según indicaron, en junio se registraron importaciones por un valor FOB de 5.600 mil millones y pagos por 5.900 millones y en julio esa relación fue de 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por 5.700 millones.
A partir de agosto esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: fue de 5.400 millones de ingreso de bienes y 6.200 millones de pagos cursados a través del mercado de cambio. Ya en septiembre, se oficializaron 5.500 millones en importaciones y 5.900 millones en pagos.
“Un control inteligente”
Respecto al tema, el economista y especialista en finanzas, Federico Fiscella, aclaró que esta medida producto de la diferencia en los balances del Central, se pudo haber evitado si los controles sobre el comercio exterior fueran un poco más rigurosos. “Eso debiera controlarse en tiempo real y nunca estar hablando de sobrefacturación o subfacturación. En la era de las comunicaciones el Estado debería tener un control certero sobre los registros y los cruces entre Aduana y Afip. Hoy no se justifica que todo sea 100% online con todo registrado”, explicó.
Si bien respaldó los argumentos que dio a conocer el BCRA respecto a las operaciones de los últimos meses, agregó que la medida también fue motivada por la escasez de dólares, y consideró que ambas cuestiones son dos caras de la misma moneda. “Que haya una brecha como la que tenemos en el tipo de cambio, provocó que muchos de los que pueden comprar (dólares) a 100 pesos para importar se vuelquen a sobrefacturar o adelantar importaciones con una ventaja cambiaria”, analizó.
El análisis incluye otro factor sensible como la escasez de dólares y la incertidumbre cambiaria producto de una brecha que en algún momento el gobierno nacional buscará acotar. A su vez, Fiscella consideró que el registro de sobrefacturación que detectó el central “es una cifra que para el corto plazo es vital para el gobierno, pero no son cifras que vayan a determinar el futuro de Argentina”.
Por otra parte, consideró necesaria la intervención del Estado en este tipo de operaciones y explicó: “Tiene que haber un Estado con un sistema de control para evitar la evasión, un control inteligente, porque el dinero que se evade de Argentina es fenomenal, es el gran problema que se ve reflejado por ejemplo en el caso de los Pandora Paper donde parece que lo relevante es lo anecdótico de quienes integran esas listas. Tenés que controlar pero dejar que todo suceda dentro de las reglas que fijás”.
La mira en la estructura del comercio exterior
En tanto, el economista Sergio Arelovich propuso abordar la temática desde otro punto de vista y prestar atención a los actores que deben colaborar para que las reglas de juego se cumplan correctamente. En este caso particular, refirió a las entidades financieras que deberían colaborar para evitar conductas indebidas como sobrefacturaciones en la estructura del comercio exterior.
“Los intentos que con diversa suerte han intentado los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner o Alberto Fernández, nunca incluyeron deconstruir el sistema financiero existente, ni cambios estratégicos en la estructura del comercio exterior y en consecuencia dotar de capacidad soberana al Estado nacional. Con diferente intensidad se ha avanzado en regulaciones cuyo éxito depende de la conducta de actores sociales cuyo comportamiento acreditable lo es lesionando la administración de las reservas internacionales. En la práctica se requirió acudir a los actores centrales que posibilitan la fuga de divisas para atenuarla”, explicó.
Más allá de los tres ciclos mencionados, Arelovich consideró que desde la reforma financiera de 1997 (durante la dictadura cívico militar) hasta la actualidad, se naturalizó la conversión de nuestra moneda por el dólar u otras monedas de países centrales y “se instaló con éxito la idea de que toda medida de autoprotección frente a escenarios inflacionarios, aun violando legislación vigente, debe ser considerada una reacción defensiva cuya ilegalidad quedaría entonces atenuada”. En ese sentido, mencionó los períodos presidenciales de Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Mauricio Macri como etapas vitales para reforzar tal persepectiva.
Por último, retomó la discusión puntual sobre las restricciones a las importaciones anunciadas por el gobierno nacional la semana pasada y concluyó: “Se puede comparar el texto (del anuncio) reemplazado puntualmente pero el problema de fondo es que ya es hora de pensar que ya no es sostenible la búsqueda de porosidades por las que se van las reservas internacionales sino de cambiar el modo de intervención del estado en el mercado cambiario”.
