- Por Esteban Guida / Especial para El Ciudadano
Con el cierre del primer semestre de 2018 finalizó formalmente la experiencia en materia de política económica del gobierno de Cambiemos, puesto que con la firma del acuerdo con el FMI, ratificada el 20 de junio por el directorio de la entidad, las riendas de la economía pasaron a manos del organismo internacional.
Este hecho es la prueba contundente del fracaso político y económico de Mauricio Macri para llevar conscientemente las riendas de la economía nacional hacia un neocoloniaje organizado, con pleno apoyo del Poder Legislativo Nacional, los medios masivos de comunicación, las grandes empresas locales, las corporaciones financieras internacionales, incluyendo también el respaldo del Poder Judicial. Bien podría decirse que al gobierno de Mauricio Macri no le faltó nada ni sufrió suficiente resistencia; por consiguiente, el fracaso económico se debe tanto a la forma de llevar adelante la política económica, como a sus fundamentos ideológicos.
Así fue que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo stand by por un total de 50.000 millones de dólares, con un desembolso inmediato de 15.000 millones de dólares (fines de junio). Este dinero, que se usaría mitad como refuerzo a las reservas internacionales y la otra para costear desbalances del Tesoro Nacional, apuntaba a llevar confianza a los mercados que seguían demandando dólares para refugiarse de la inexorable devaluación. En medio de una segunda corrida cambiaria, Federico Sturzenegger fue removido de su cargo en la presidencia del BCRA y sucedido por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo.
A pesar de los cambios, el dólar mayorista terminó junio cerca de los 28 pesos. A pesar de la llegada de los 15.000 millones del Fondo, el BCRA había perdido alrededor de 3.100 millones de dólares de las reservas.
En medio de una aparente estabilidad cambiaria, el BCRA anunció en agosto el programa de cancelación de Lebac. El objetivo se centró en eliminar gradualmente el stock de Lebacs que, en esa fecha, superaba el billón de pesos, y se presentaba como una bola de nieve dispuesta a colapsar contra el mercado cambiario. Si bien el BCRA fue cancelando algunos vencimientos de estas letras, el desarme implicó la emisión de otros activos que sólo podrían tomar las entidades bancarias. Se cerró así un mecanismo de especulación para inversores y ahorristas de todo tipo, que se usó imprudente y fallidamente como instrumento de control monetario para contener la inflación. Ahora serían sólo los bancos los que aprovecharían las ganancias astronómicas prestando dinero al BCRA a tasas únicas en el mundo, reafirmando el total compromiso del gobierno con el sector financiero y provocando una nueva transferencia de recursos hacia a la banca privada, con cargo al Estado Nacional.
A finales de agosto, se registró una nueva corrida cambiaria: el dólar saltó de 30 a 40 pesos en cuestión de días. El objetivo de validarla era claro: agudizar la recesión, licuar pasivos públicos y empobrecer la economía frente al resto del mundo para cerrar el déficit externo. El drenaje de reservas internacionales se mantuvo y hacia finales del mes de septiembre las mismas se ubican nuevamente en el nivel previo al desembolso del FMI, en aproximadamente 48.500 millones de dólares (con el desembolso del FMI, las reservas habían ascendido a 63.200 millones de dólares). Se fueron los dólares, quedó la deuda.
El fracaso del plan conducido por el FMI se vio en la fuerte desconfianza que afectaba al mercado cambiario y presionaba sobre el conjunto de los precios de una economía que era conducida con esmero y compromiso político hacia la recesión. En medio de la depreciación más profunda del año y en la cima de la desconfianza del mercado ante la posibilidad de que el país no pudiera enfrentar sus compromisos de deuda, el presidente anunció intempestivamente un nuevo acuerdo con el Fondo sin la autorización de los directores de la entidad. Este mal manejo acentuó la desconfianza y el dólar siguió en aumento. En el mercado minorista el tipo de cambio alcanzó los 42 pesos por dólar.
Esta última corrida se cobró el puesto del recién designado director del BCRA, el economista Luis Caputo. Con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Washington reunidos con el equipo del Fondo para pactar un nuevo acuerdo a cambio de la entrega de más soberanía nacional, se asignó un nuevo director para el Central: Guido Sandleris. El relevo significaba un sutil pero importante cambio en las relaciones de poder, desde las finanzas hacia la conducción del organismo internacional.
El FMI aprobó la revisión de un acuerdo que había fracasado en tiempo récord. Se habló de esfuerzo y sacrificio, pero nunca se explicitó el objetivo final del mismo, ni se explicó cómo la economía argentina se ubicaría en un sendero de crecimiento y desarrollo nacional que incluyera a los 44 millones de argentinos.
Con el apoyo del FMI, la nueva conducción del Banco Central profundizó la receta monetaria y agudizó la recesión, provocando el empobrecimiento de la economía como el gabinete económico anterior no había logrado. Se planteó un crecimiento nulo de la base monetaria hasta junio de 2019, y sostener la contracción monetaria con nuevas letras (Leliq) para los bancos.
La suba del tipo de cambio generó un traslado a precios o pass through, producto del incremento de bienes de consumo doméstico cuyo precio está vinculado con el dólar (léase tarifas, combustible, transporte, alimentos, etcétera). Las medidas tomadas desde el Banco Central para contener el aumento de la inflación se centraron en un primero momento, en un fuerte incremento de las tasas de interés, con un consecuente impacto negativo en el nivel de actividad económica. Aun así, la inflación de septiembre fue la más alta registrada desde la crisis del 2002.
El resultado sobre la economía real fue el esperado. Tal como lo exponen los datos publicados por el Indec, la actividad económica agudizó su caída confirmando la recesión tras seis meses de bajas consecutivas. A octubre de 2018, el producto había descendido un 4% con respecto a igual mes del año pasado y 1,7% en los 10 primeros meses del año. Los principales sectores afectados fueron el comercio, la industria manufacturera y la construcción: cada uno cayó en términos interanuales 11,2%, 5,3% y 2,7%, respectivamente. Además, el consumo de las familias bajó en picada al igual que el consumo público (es decir, los gastos del Estado) producto del feroz ajuste en las cuentas fiscales. Se espera una inflación anual que ronde los 45%/50%.
Nuevamente, el Congreso de la Nación apoyó al gobierno y aprobó el Presupuesto 2019 hecho a medida y requerimiento del FMI, recortando drásticamente partidas en salud, educación, vivienda y seguridad, para garantizar el pago de los servicios de la deuda, que se llevarán los saldos recaudados por el ajuste de las cuentas públicas y la mayor presión impositiva.
El año termina con la incertidumbre propia de encontrarnos con una economía dispuesta para ser saqueada por las finanzas internacionales y los pocos grupos económicos a los que el gobierno ha sido consecuente y fiel, a riesgo de hacer saltar a cualquier ministro antipopular (pero bien pagado). Esa economía no tiene nada que ver con las pretensiones y deseos de los argentinos, muchos de los cuales todavía se niegan a reconocer la profundidad de la crisis y el deterioro de las condiciones materiales y espirituales de un pueblo para revertir este derrotero.
El 2019 se encuentra plagado de desafíos, pero como dice el Martín Fierro, “dejo rodar la bola que algún día se ha de parar; tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el oyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra á mandar”.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
