La Fiscalía de San Jorge ordenó retirar el vallado que la Municipalidad de Sastre había colocado sobre la ruta provincial 64 y que impedía el paso hacia las localidades de Crispi, Colonia Castelar y Las Petacas. La orden, concretada este viernes, normalizó el tránsito. A la par se inició una investigación contra la intendenta de Sastre. En el sur santafesino, otras autoridades comunales también cerraron ingresos y caminos.
El fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, ordenó liberar la ruta en el marco de una investigación penal que el Ministerio Público de la Acusación inició de oficio luego de que la Municipalidad de Sastre cerrara con un vallado el paso sobre la ruta provincial 64 como una medida preventiva al coronavirus. “Investigaremos el accionar de la intendenta por la presunta autoría del delito establecido en el artículo 194 del Código Penal”, que fija una pena de tres meses a dos años de prisión para quien –sin crear una situación de peligro común– impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”, detalló Zoppegni
En cuanto al vallado que fue retirado, el fiscal Zoppegni explicó que “la orden de removerlo fue cumplida por personal de la Agencia de Investigación Criminal distrito San Martín. Alrededor de las 17:20 del viernes llegaron a la intersección de la avenida San Martín (ruta provincial número 64) y Sargento Cabral, donde había un vallado estilo portón de cuatro paños que estaba asegurado con alambres y con candados”.
El secretario de Transporte de la provincia, Alejandro Grandinetti, ya se había manifestado al respecto: «No se van a permitir cortes de rutas porque son el camino indispensable para el abastecimiento y la normal alimentación de todos. Aquellos que persisten en esta instancia serán denunciados penalmente «.
El fiscal Zoppegni precisó que “el material que obstruía el tránsito fue secuestrado, se relevaron testimoniales de personas damnificadas de localidades de la zona y se informó de lo actuado al director de Vialidad Provincial, quien confirmó que no había ningún tipo de autorización o permiso solicitado para poner ese vallado en la ruta”. Por último, Zoppegni aclaró que la audiencia imputativa contra la intendenta de Sastre, María del Carmen Amero de Brunazzo, será cuando concluya el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Esta semana, algunas localidades cercanas a Rosario concretaron medidas similares a las de Sastre. Los gobiernos de Funes, Roldán, San Lorenzo y Zavalla decretaron el martes pasado el cierre de sus ingresos. Medidas similares tomaron después los pueblos de Soldini, Uranga y Pavón Arriba. Montículos de tierra, estructuras de hormigón y hasta medias sombras formaron parte de una postal que se repitió en distintas jurisdicciones para prevenir la llegada de personas ajenas al lugar y que puedan propagar el virus sin saberlo.
