La agroexportadora Vicentin repudió la querella que inició este jueves un grupo de bancos internacionales acreedores por presunta estafa. Las entidades financieras del extranjero reclaman el pago de más de 500 millones de dólares y acusan a Vicentin de haber usado créditos destinados a la compra de granos para financiar otros negocios del grupo empresario, dueño de la agroexportadora.
En un comunicado, la empresa rechazó el recurso presentado por el comité Ad Hoc de Acreedores Internacionales de Vicentin en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario y sostuvo que la denuncia penal «no tiene fundamento alguno».
«Acreedores de Vicentin hicieron una denuncia penal sin sustento ante la Justicia de Rosario en contra de la empresa. Por intermedio de su asesor legal, el Sr. Enrique Bruchou, se dedicaron a diseminarla en todos los medios que han podido. Dicha denuncia no tiene asidero alguno y Vicentin defenderá enfáticamente su buen nombre y honor en todos los foros que corresponda», aseguró la cerealera en un comunicado que emitió este viernes.
El abogado nombrado en el comunicado es el fundador de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, uno de los principales estudios jurídicos del país.
«Tal presentación confirma las amenazas realizadas por dichos bancos en diciembre en caso de que la empresa se concursara, no pagara de inmediato el monto reclamado o no aceptara la propuesta de venta y desguace liderada por uno de ellos, en un claro conflicto de intereses», denunciaron desde la empresa.
El comunicado también revela una supuesta negativa de los bancos extranjeros a un acuerdo con los productores agropecuarios: «Estos bancos se han negado a apoyar la oferta de pago de Vicentin mediante un acuerdo preventivo extrajudicial (APE) previsto en la legislación nacional, el cual tuvo un principio de acuerdo de los productores agropecuarios y de la banca púbica. Consideraban que tal acuerdo proponía condiciones muy ventajosas para los productores».
«Claramente no les interesan los procesos legales ante los tribunales nacionales, sino su repercusión en los medios, una conducta inapropiada para tan prestigiosas instituciones. Es inadmisible que la banca internacional utilice cuestiones no probadas o meras insinuaciones cómo modo de presión mediática para obstaculizar el proceso concursal, demorando cualquier salida. La empresa no cederá frente a amenazas o presiones indebidas de esta naturaleza», agregaron.
Por último, Vicentin afirmó que luego del concurso y la propuesta de pago «el único objetivo de estos acreedores fue buscar su expropiación a través de un intenso lobby ante funcionarios públicos para que el Estado Nacional y Provincial les pague su crédito, no respetando el proceso concursal en curso».
