“Corral Papers”: así se titula la investigación periodística que deja al descubierto las maniobras ejecutadas por el municipio santafesino, con fondos públicos, para financiar una red de militantes propios en los barrios más necesitados de la ciudad capital. El trabajo realizado por una decena de periodistas de distintos medios salpica al intendente José Corral, jefe de la UCR nacional, y a su candidato a concejal Carlos Pereira, actual secretario General de la Municipalidad de Santa Fe.
La investigación comenzó a publicarse ayer en la web corralpapers.com donde seguirán apareciendo artículos durante varios días. Allí se muestra cómo el municipio gobernado por Corral otorgó millonarias sumas a organizaciones integradas por empleados municipales y funcionarios. A través de esas entidades sin fines de lucro, beneficiadas por el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo creado por Corral, el municipio santafesino montó una red de punteros políticos que trabajan activamente en la campaña de Cambiemos.
La filtración de archivos y documentos oficiales involucra también al secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Medrano, y a sus colegas de Gobierno, María Martín, y de Hacienda, María Belén Etchevarría.
“Los archivos de trabajo de Medrano y compañía demuestran que las irregularidades no son una falla en los controles internos, ni un hecho aislado, sino una constante que financia la militancia, el timbreo y el aguante del intendente y presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral”, sostiene el informe central del “Corral Papers”.
“El cotejo de dichos documentos permite obtener parámetros de incumplimientos de las normas legales de manera constante a lo largo del tiempo. Y en muchos casos, aún a sabiendas que los procederes eran reñidos con las leyes vigentes”, agrega el informe. En los primeros ocho meses de 2017, el programa Iniciativas Comunitarias ejecutó un total de 72.358.760,21 pesos.
Desvío de fondos
Ayer se publicaron las primeras tres investigaciones. La primera alude al sistema de concurso de precios del programa Iniciativas Comunitarias. Allí están los documentos públicos a través de los cuales la Secretaría de Desarrollo Social otorgó subsidios o contrató para diversos servicios a ONG integradas por militantes del radicalismo local, por cifras en algunos casos superiores a los 200 mil pesos. Según la investigación se trata de “concursos truchos” en los cuales una institución que cotiza “gana” el concurso, otra lo hace “por un monto algo más alto (la mayoría de los casos por dos mil pesos) y luego hay cuatro instituciones que no cotizan”.
La segunda parte del informe da cuenta de los empleados y funcionarios municipales beneficiados con el reparto de recursos públicos: “Los funcionarios ya conocían las irregularidades, es más, contaban dentro de los archivos con una planilla Excel que detallaba cada uno de los empleados del municipio que integraban las comisiones de cooperativas y ONG beneficiadas. En total son 65 los empleados municipales que integran entidades no gubernamentales que se benefician con estos fondos”.
La tercera parte da cuenta de la falta de repuesta, por parte del Ejecutivo municipal, a numerosos pedidos de informes que había realizado previamente el Concejo. La ordenanza que regula el programa Iniciativas Comunitarias obliga al municipio a informar trimestralmente al cuerpo legislativo de las adjudicaciones efectuadas bajo el régimen, cosa que hasta ahora no ocurrió.
