Sorpresa y media. La Justicia decidió suspender la aplicación del aumento tarifario de Aguas Santafesinas al aceptar una medida cautelar que solicitó aceptar una medida cautelar que solicitó la organización no gubernamental Ojo Ciudadano, que sostiene que la empresa no cumplió con los pasos legales correspondientes para implementar el pretendido reajuste. “Lo que nosotros queremos es tener un mejor servicio; no que se aumente de manera indiscriminada sin respetar los procedimientos legales ni darle participación adecuada a los actores que tienen que tenerla. No cuestionamos la razonabilidad del aumento: decimos que no corresponde que se proceda a un aumento sin cumplimentar los pasos que establece la ley”, explicó el abogado Miguel Ángel Genovese, representante legal de Ojo Ciudadano.
La entidad de defensa de los consumidores hizo su presentación en febrero pasado en el marco de la ley 10.000 de intereses difusos –y sus modificatorias contenidas en la ley 12.015– en el Juzgado Civil y Comercial Nº14. El juez Marcelo Quaglia hizo lugar a la presentación, pero difirió el pedido de suspender “automáticamente” el primer tramo de la suba tarifaria, aplicada en las facturas a pagar precisamente por estas fechas y que va del 30 al 70 por ciento según el rango estimado de consumo. Pero la ONG insistió con el planteo, argumentando que la sola admisión de la acción presentada contra el aumento implicaba la suspensión de éste. Y así ocurrió: el juez revocó parcialmente su propio fallo, emitido el pasado el 9 de febrero, y dispuso la suspensión del aumento de la tarifa de Assa.
“Es uno de los contados casos donde la Justicia no desestima un planteo por entender que una suba tarifaria es una medida política no judiciable. Esto es un cambio”, celebró Genovese. El letrado recordó –y lamentó– que en situaciones análogas la regla general era anteponer la “división de poderes” sin analizar los casos, considerando que la política tarifaria en cuanto a servicios es potestad del Poder Ejecutivo –lo cual la ONG no objeta– en la que no puede entrometerse el Judicial, lógica que Ojo Ciudadano sí recurre: entiende que en el caso de Assa, no se cumplieron los pasos establecidos por las leyes vigentes.
De hecho, la Asociación Civil ya había objetado judicialmente otros aumentos de Assa como el aplicado en 2008: “Directamente no hubo audiencias públicas ni resolución del Enress en ese caso”, apuntó Genovese.
El letrado también marcó que en 2010 y 2011 se impusieron otras subas, “siempre para mantener el mismo servicio” que presenta graves deficiencias en distintas zonas de Rosario y en ciudades vecinas. “Nosotros recibimos denuncias por baja presión en La Florida, Alberdi, Nuevo Alberdi y en zona sur y el problema es recurrente”, marcó Genovese. “Incluso en Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez se ha interrumpido totalmente el servicio por días enteros”, subrayó. Y en ese sentido, recordó que esta vez, cuando sí se llevaron adelante audiencias públicas y hubo dictamen del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, éste dejó en claro que la propia Constitución Nacional establece el derecho de los usuarios a una tarifa que, además de “justa y razonable” debe ser “acorde a la calidad del servicio efectivamente prestado”.
No es el único incumplimiento en un procedimiento que aplica aumentos por igual tanto a quienes no se quejan del servicio como a quienes afirman padecer todo tipo de problemas: el dictamen del Enress también dejó asentado que la empresa Assa “no suministró en forma adecuada” la información que el Ente le requirió para evaluar el pedido de aumento tarifario. Y además observó “con las limitaciones que la información brindada le impone”, que el gasto en personal de Assa “es un componente significativo de los costos” y que durante el año pasado “la empresa mejoró los salarios por sobre la pauta general de incremento para la administración pública”, objetando no la política salarial sino la falta de información sobre esta.
Con todo, el Enress dictaminó en favor del reajuste tarifario, pero dejó supeditados el segundo y tercer tramo –la suba es escalonada– a la instalación de medidores domiciliarios, en un plan con metas parciales a cumplir durante lo que resta del año.
Sin embargo, Ojo Ciudadano volvió a acudir a la Justicia alegando que, aún con el dictamen del Enress, “no se han respetado los procedimientos legales”, entre ellos la vigencia de “un nuevo marco jurídico” y las garantías de que “este tipo de medidas no deriven solamente en aumento sin una mejora en el servicio”.
