El Tribunal Constitucional (TC) español ordenó ayer la suspensión de la declaración secesionista de Cataluña al admitir a trámite un recurso del gobierno del presidente Mariano Rajoy contra el plan de ruptura con España. Además, advirtió a los impulsores de la iniciativa de las responsabilidades penales que podrían afrontar en caso de incumplir su decisión.
En una reacción inmediata a la resolución del alto tribunal, la vicepresidenta catalana, Neus Munté, aseguró en conferencia de prensa que la “voluntad política” de su gobierno es cumplir con la resolución aprobada el lunes pasado por el Parlamento regional para iniciar un proceso de “desconexión” de España, para la creación de un Estado independiente en forma de república.
“No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos”, había asegurado el conservador Rajoy luego de que la Abogada del Estado español presentó ante el alto tribunal el recurso de impugnación de la resolución independentista.
Horas después, el Tribunal Constitucional se reunió de urgencia para analizar el recurso el Ejecutivo español y resolvió por unanimidad admitirlo a trámite, decisión que conlleva la inmediata suspensión de la resolución por un plazo máximo de cinco meses.
Durante ese tiempo, los magistrados tendrán que decidir sobre la inconstitucionalidad de la declaración aprobada en el Parlamento catalán para dar inicio a un proceso de creación de un Estado independiente, que los propios secesionistas reconocen que rompe con el marco legal vigente.
En su recurso, el Ejecutivo español pidió al TC que notifique su decisión respecto a la declaración secesionista a un total de 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones, Artur Mas, sus consejeros, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
También le requirió que, en caso de incumplimiento de la suspensión, se les advierta que podrían ser juzgados por un delito de desobediencia –con penas de inhabilitación– y suspendidos de sus funciones.
En respuesta al pedido, el TC advirtió a los responsables catalanes “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
“Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad”, exigió Rajoy en una conferencia de prensa desde La Moncloa, sede del Ejecutivo español, al explicar la medida adoptada para frenar los planes secesionistas.
“Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré”, advirtió el presidente del gobierno, quien destacó que la resolución independentista “supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado”.
“Estamos hablando de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación”, enfatizó Rajoy.
Rajoy insistió en que “si no se cumplen las resoluciones, si se sigue vulnerando la ley y la Constitución” su gobierno “actuará con firmeza y proporcionalidad”.
“Me gustaría que esta sea la última decisión y que hubiera una rectificación”, indicó el presidente del gobierno, quien en última instancia podría recurrir al artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión del gobierno autónomo catalán.
Tras la suspensión, se abre un nuevo escenario de incertidumbre respecto al futuro del inédito proceso de secesión catalán, que se presenta como una especie de “revolución democrática” al pretender cambiar un marco legal desde la legitimidad obtenida por los independentista en las urnas en las elecciones del 27 de septiembre pasado.
Los impulsores de la secesión insisten en que no acatarán la decisión del TC, pero seguir adelante significaría hacer efectiva una desobediencia que los podría llevar a la inhabilitación, una situación que puede tener consecuencias impredecibles para el movimiento independentista.
No es la primera vez que el gobierno español presenta un recurso de este tipo ante el TC.
Ya lo hizo el año pasado cuando vetó la iniciativa catalana de realizar un referéndum secesionista y luego una consulta simbólica, y un año antes también recurrió una resolución con la que Cataluña se declaraba “sujeto político soberano”.
Pero sólo en el caso más reciente de la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014 los secesionistas desobedecieron. Y por ello, Mas y dos altos cargos de su actual gobierno fueron imputados por varios delitos.
Ante los obstáculos legales, Mas diseñó una estrategia alternativa que pasaba por la celebración de las elecciones regionales en clave plebiscitaria que tuvieron lugar el 27 de septiembre pasado, en las que venció su lista Junts pel Sí, cuyo programa era desplegar una “hoja de ruta” para alcanzar la independencia en 18 meses.
En ese camino, el primer paso era declarar el inicio del proceso de ruptura con España tan pronto se conformara el nuevo Parlamento, y así lo hicieron el lunes pasado gracias a un pacto con el partido de la izquierda radical CUP (Candidatura de Unidad Popular), cuyos diez diputados permiten al bloque secesionista sumar mayoría absoluta.
En su texto, los secesionistas aseguran que llevarán a cabo un proceso de “desconexión” que no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular el Tribunal Constitucional.
De entrada apuestan por la desobediencia, de ahí que piden al futuro gobierno de transición que sólo se someta a las leyes del Parlamento catalán, y que en el plazo máximo de 30 días elabores normas para “blindar” el proceso.
El Ejecutivo catalán aún no se conformó y corre riego de truncarse debido a que la CUP se niega a apoyar la reelección de Mas, quien hoy se volverá a someter su candidatura a votación.
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