El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó este lunes inhibirse de seguir interviniendo en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por lo que descartó cederle el expediente a los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del magistrado significa un nuevo revés para los procesados ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes pretendían que el expediente pasara a los tribunales de Retiro.
Augé remarcó que el expediente que tramita ante la justicia federal de Lomas de Zamora se encuentra acumulado a otro en el que se investigan maniobras similares sobre dirigentes políticos, sindicales, religiosos y periodistas, por lo que corresponde «desmembrar» la pesquisa y, tras trabar la cuestión de competencia, le dio intervención a la Cámara Federal de la Plata para que se expida en el asunto.
«Resulta más que confuso el planteo de inhibitoria, ya que desmembrar esta pesquisa de esa forma es violatorio de los derechos de defensa en juicio de los imputados, como así la afectación de los querellantes para el ejercicio de sus derechos», sostuvo el juez Augé en el fallo de doce páginas al que tuvo acceso Télam.
El magistrado respondió así a un planteo de inhibitoria que le formuló su par porteña, María Eugenia Capuchetti, quien –a instancias de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires- le había reclamado la competencia sobre la causa en la que ya están procesados Arribas y Majdalani por violación a la ley de inteligencia y por falsedad documental, dado que se los acusa de haber ordenado producir documentación para intentar tapar el espionaje ilegal.
«El epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad», sostuvo el juez Augé.
Y recordó que los documentos presuntamente falsos que produjo la AFI para ocultar el espionaje fueron presentados entonces ante la justicia federal de Lomas de Zamora, en el marco de un expediente en el que se investigaban falsas alertas de atentado vinculadas con la realización de una cumbre del G20 en Argentina.
«No sólo coloca un aspecto esencial del accionar delictivo en esta jurisdicción, sino que, además, del análisis de la documentación pertinente se advierte que las observaciones y seguimientos introducidos allí son significativamente más amplios que los indicados» por quienes intentan llevar la causa a Comodoro Py.
En ese sentido, agrega que «el mismo informe revela que la actividad incluyó también a Mauricio Macri, Diego Santilli, Graciela Ocaña, Waldo Wolf y María Eugenia Vidal», por entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
«Paradigmático en este sentido resulta el despliegue de tareas que pueda haberse realizado sobre la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pues probablemente las acciones de inteligencia a su respecto nunca hayan tenido lugar en el ámbito de CABA», remarcó el magistrado.
«Una parte sustancial de la prueba se encuentra aquí y esta investigación tiene un grado de avance muy importante, con más de veinte personas indagadas, a los que precisamente se agregaron Silvia Majdalani; Gustavo Arribas y Darío Nieto (secretario de Macri)» quienes están citados para los días 6, 8 y 9 de octubre próximo, agregó el juez, al señalar la acumulación de evidencias en la causa del Instituto Patria.
«Aquí también es aplicable el principio básico del Juez que previno y que tiene más avanzada la pesquisa, para no demorar con planteos de competencia la sustanciación de proceso, elemento fundamental para dar satisfacción al pronto juzgamiento del delito que le fuera imputado al detenido de autos», resaltó el juez.
El planteo para que la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Py había sido rechazado por la fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide; por la querella de la vicepresidenta y por las defensas de algunos de los espías investigados en el expediente, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes judiciales.
La resolución se conoció al mismo tiempo que el ex espía Leandro Araque ampliaba su declaración indagatoria, a través de la plataforma virtual zoom, en el marco del expediente en el que se le atribuye participación en 18 maniobras de supuesto espionaje político ilegal.
El también ex policía metropolitano, que se negó a responder preguntas, cuestionó el inició de la investigación y tachó de «falsa» la declaración del narcotraficante Sergio «Verdura» Rodríguez, quien dijo ante la justicia que en su momento fue contactado por agentes de la AFI para colocar un explosivo en el acceso a un edificio en el que se creía que vivía un ex funcionario del Ministerio de Defensa, que antes había pasado por la AFI y que en el mundo de la inteligencia se lo sindicaba como un eventual competidor de Arribas.
La estrategia de cuestionar el inicio de la causa parece ser el camino elegido por los espías para esta segunda ronda de indagatorias, dado que a la misma estrategia –y con el mismo abogado defensor, Fernando Sicilia– recurrió el viernes el ex agente de inteligencia y abogado, Facundo Melo.
Para mañana está convocado Jorge «el turco» Sáez, señalado como quien reclutó a los espías, ahora investigados por la justicia, que compartían el grupo de whatsapp titulado Súper Mario Bross, del que salió buena parte de la prueba que engrosa el expediente.
A todos los imputados se los acusa de «haber conformado una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia», desde la cual llevaron a cabo actividades de inteligencia ilegal en distintos períodos y en diversas jurisdicciones, según surge de la imputación que les fue remitida a las partes, a la que Télam tuvo acceso.
