Rubén Godoy tenía 29 años cuando cayó preso por el homicidio de una chica ocurrido en 1992 en Villa Gobernador Gálvez. Hoy, Rubén pinta canas a sus 48 años, y salió en libertad condicional hace dos semanas tras cumplir 19 de los 25 años que contempla la pena a prisión perpetua a la que fue condenado, la cual nunca tuvo la posibilidad de apelar. Es que, a la hora de ser juzgado, Rubén siguió un mal consejo de un compañero de prisión y optó por un juicio oral que, según establecía el antiguo Código Procesal Penal de Santa Fe, era de instancia única, por lo que no podía apelarse. Año tras año, la defensa de Godoy presentó recursos en todas las instancias provinciales y nacionales para que el fallo fuera revisado, ya que consideraba que los elementos en los cuales se basaron los jueces al emitir la sentencia eran reprochables, hasta que resolvió acudir ala Comisión Interamericanade Derechos Humanos (Cidh). Su petición fue contemplada, ya que el Código anterior violaba tratados internacionales. Fue en el marco de esta denuncia que ayer se reunieron Godoy junto con representantes dela Cidh,la Provinciayla Nación, con el fin de alcanzar un preacuerdo a través del cual se concederá al condenado la posibilidad de que su causa sea revisada. Además se reabrirá una causa por apremios ilegales –ya que según denunció en 1992 la declaración en la que se declaraba culpable fue realizada bajo tormentos–, y se abonará una suma de dinero por daños morales. De esta manera, se evitará una sanción internacional.
En febrero de 1992, un crimen sacudió a Villa Gobernador Gálvez, cuando fue hallado en el jardín de una casa el cuerpo de Silvia Noemí Roldán, de 19 años, con un mortal golpe en la cabeza producido por una piedra y marcas de un intento de abuso sexual. El hecho fue presenciado desde una ventana por una vecina, que dijo haber visto, de perfil y con poca luz, a “Puchero” cometiendo el asesinato. Una semana después fue detenido Rubén Luis Godoy, un albañil de 29 años que era conocido por ese apodo y vivía a pocas cuadras.
Rubén confesó el hecho enla Sección SeguridadPersonal –que en ese entonces funcionaba en el edificio de la ex Jefatura, en Santa Fe 1950–. Sin embargo, luego se presentó ante el juez de Instrucción de la 2ª Nominación y dijo que había sido sometido a crueles tormentos para que se atribuyera el crimen en sede policial.
A pesar de esto, Godoy fue procesado y, tras un juicio oral, condenado a la pena de prisión perpetua, que en ese entonces ascendía a 25 años. En tanto, la investigación por los apremios ilegales fue archivada.
“Yo pedí ir a juicio oral sin consultar a mis abogados, porque otro recluso me dijo que así iba a salir más rápido, que tenía todo a mi favor”, contó Rubén. Fue un mal consejo. Es que el antiguo Código Procesal Penal de Santa Fe establecía que sólo los juicios escritos tenían la posibilidad de ser apelados. Godoy fue condenado por un tribunal colegiado integrado por Ramón Teodoro Ríos, Patricio Lara y Carlos Serrano Brignardello y no se le permitió acceder a una segunda instancia de revisión del fallo.
“El juicio oral del viejo código establecía que era un juicio de instancia única. Lo único que se podía hacer era presentar un recurso de inconstitucionalidad antela Corte”, explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Héctor Superti.
La defensa de Godoy, integrada por Marcela De Luca, Osvaldo Ceconi y Carlos Giandoménico, agotó las instancias dentro del país, interponiendo recursos a nivel provincial y nacional. Agotadas estas, y sin respuesta alguna, años después se recurrió ala Cidh, donde la petición fue contemplada, ya que las disposiciones del Código Procesal Penal anterior violaba tratados internacionales, entre ellos el de San José de Costa Rica, que prevé la doble instancia en juicio.
Fue en el marco de esta denuncia que a partir de 2008 se realizó una serie de reuniones para alcanzar un “acuerdo amistoso”, con el fin de evitar que se aplique sanciones contra el Estado argentino por incumplimiento de tratados internacionales a los que había adherido oportunamente.
Tras una serie de negociaciones, ayer se firmó en la sede local de Gobernación un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia,la Fiscalíade Estado, el gobierno nacional –a través dela Cancilleríayla Secretaríade Derechos Humanos dela Nación– y Rubén Godoy, junto a sus defensores.
“La Cidhrealizó una serie de recomendaciones. La primera establece que se le otorgue a Godoy esa apelación que en su momento se le denegó. Eso ya está en marcha. Se ha presentado un recurso en los términos del nuevo Código Procesal Penal, y se está tramitando en la presidencia della Cámara Penalde Apelaciones de Rosario”, dijo Superti, quien asistió a la firma del preacuerdo junto con el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis.
El segundo punto establece la reapertura de la causa por apremios ilegales, que tras la denuncia había sido archivada. En abril pasado, la causa cayó en manos del juez de Instrucción de la 3ª Nominación, Luis María Caterina, quien ya tomó declaración a Godoy por estos hechos y solicitó los libros de guardia de Seguridad Personal para intentar identificar a los supuestos autores.
“El tercer punto es que a nivel internacional siempre se exige que estos problemas no vuelvan a repetirse. Es lo que se conoce como el principio de no reiteración”, explicó Superti. “Nuestra defensa en ese sentido es la reforma procesal que estamos llevando adelante, en la que se cumplen todos los estándares de los tratados internacionales, y es lo que garantiza que en Santa Fe no vuelva a haber más casos Godoy”.
El cuarto y último punto refiere a la reparación de los daños generados a Godoy por habérsele negado durante rodos estos años el derecho a la revisión de su condena. Por tal motivo, el preacuerdo firmado prevé abonar la suma de 40 mil pesos y la conmutación del resto de la pena. Según contó Rubén tras pasar 19 años tras las rejas, hace dos semanas se le concedió la libertad condicional en base a su buena conducta y por los años que ya pasó tras las rejas.
El preacuerdo, que también fue firmado por Juan Pablo Cifré, fiscal adjunto dela Fiscalíade Estado; Javier Salgado, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, y Gonzalo Bueno, asesor de dicho Ministerio, deberá ahora ser ratificado por el gobernador de la provincia, Hermes Binner, y homologado porla Cidh.
