La sala A de la Cámara Federal de Rosario, a cargo de Fernando Barbará y Aníbal Pineda, revocó el arresto domiciliario de una mujer oriunda de Rafaela, identificada como EGB. La decisión fue a pedido del fiscal federal de esa ciudad Jorge Onel, quien solicito la quita del beneficio del que gozaba la mujer tras recibir una condena por narcomenudeo dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Además, los camaristas subrayaron que la acusada cuenta con otras dos investigaciones en trámite donde ya fue procesada (uno de 2013 por tenencia simple de estupefacientes y otro dictado por el Juzgado Federal de Rafaela por confabulación para el tráfico de estupefacientes, actualmente en trámite por ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe); además el tribunal pidió que el Estado se ocupe de reducir las consecuencias del encierro de los padres en los niños. En este caso la mujer es madre de cuatro hijos.
Según el portal fiscales.gob.ar, para el fiscal la decisión causaba un gravamen irreparable: el beneficio no se ajustaba a los requisitos legales –sus hijos son mayores a los 5 años de edad que fija la norma como parámetro para otorgar un arresto domiciliario–, dijo que no se vislumbraba en ella una situación de desprotección, y había elementos que evidencian un significativo peligro procesal.
Según el fiscal, la reiteración delictiva de la procesada en actividades vinculadas con narcotráfico, a pesar de haber gozado con anterioridad del beneficio de la prisión domiciliaria, no hizo más que poner en riesgo el interés de los menores de edad que con la resolución en crisis se pretendió proteger, asegura el portal.
Por su parte la sala al evaluar el pedido tuvo en cuenta el monto de la pena en expectativa –de 4 a 15 años–, además valoró que la mujer cuenta con una condena a 7 años de prisión donde fue declarada reincidente. A ello sumó que amenazó a un efectivo de la Policía Federal, lo que entendieron podría también hacer con testigos o víctimas.
La Cámara instó a “a establecer políticas públicas concretas orientadas a atender, contener y garantizar la vida digna de los hijos menores de edad, que tienen a sus progenitores detenidos por disposición del Poder Judicial”, replicó el portal. Destacó que la mujer tiene cuatro hijos: “Si bien el Estado debe perseguir a quienes cometen delitos y corresponde en algunos supuestos sus encarcelamientos provisorios, también el mismo Estado (en este caso el Poder Judicial) debe reparar, prevenir y reducir las consecuencias negativas que esa prisión trae aparejada en la vida de los hijos menores de edad de la encarcelada, en especial cuando su madre y el padre, se encuentran detenidos”.
La Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria de la mujer y ordenó Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe que constate la situación en la que quedan los menores, controle trimestralmente su desarrollo e informe al tribunal.
