Los directivos de la empresa Prochem Bio SA, una agroquímica ubicada frente al barrio Somisa de Ramallo que fabrica biocidas, insumos textiles, biodisel y está denunciada hace ocho años por contaminación, seguirán siendo investigados por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos luego de que la Cámara Federal Penal de Rosario revocara el polémico archivo de la causa que había dictado el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
En la sentencia, las juezas de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario Elida Vidal y María Andalaf Casiello advierten que luego de un pormenorizado análisis del caso están en condiciones de señalar que el juez Villafuerte Ruzo ordenó el archivo de la causa penal sin haber producido “todas las diligencias necesarias a fin de completar el conocimiento integral” de las denuncias, ni descartar la posible comisión de los delitos que regula la ley de Residuos Peligrosos.
Al respecto, las magistradas resaltan que el bien jurídico protegido es “el ambiente en general” y que de afectarlo también “se atenta contra la salud pública”.
Las camaristas agregaron que “no puede perderse de vista que Prochem Bio SA es una industria de tercera categoría, lo que significa que con su propia actividad puede ocasionar daños graves en la población y al medio ambiente, por lo que dada la trascendencia de la materia en estudio, los hechos investigados deben analizarse con suma prudencia”.
Pruebas omitidas
El argumento principal que había utilizado el juez federal de San Nicolás Villafuerte Ruzo para archivar la causa penal fue la presunta falta de pruebas. No obstante, al analizar la apelación que presentó la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) –querellante en la causa– las juezas de Cámara advirtieron que el magistrado omitió más de una.
Entre las pruebas nuevas y las evidencias que el juez “no valoró adecuadamente” o “ni siquiera fueron meritadas” figuran declaraciones testimoniales, prueba documental aportada por el actual Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, expedientes por accidentes de trabajo, daños y prejuicios, protección y reparación ambiental, pericias del Centro de Investigación Medio Ambiental (Cima) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), una condena contra la empresa dictada en agosto pasado por el juzgado de Faltas de Ramallo por “arrojar efluentes en lugares no permitidos o autorizados” e infringir ordenanzas locales que regulan el uso de agroquímicos y la acción de amparo que tramita en el fuero civil de la Justicia Federal y que también en agosto obtuvo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires que clausuró la agroquímica Prochem Bio Sa porque, entre otras irregularidades, funcionaba sin ninguna habilitación válida pese a ser una empresa de categoría 3.
En ese fallo, los cuatro ministros de la Corte bonaerense hicieron lugar a la acción de amparo presentada en 2015 por Fomea, que denunció a la firma por emitir gases tóxicos y volcar efluentes contaminantes al arroyo Ramallo –que desemboca en el río Paraná– sin contar con las autorizaciones legales vigentes.
En la sentencia de la Corte también ordenaron que para volver a funcionar, la agroquímica debía acreditar “haber obtenido los pertinentes certificados y permisos por parte de las autoridades competentes” y cumplir con los mecanismos legales de audiencia pública y participación ciudadana.
Sin embargo, en un fallo exprés dictado días después por el juez Eduardo Oscar Viale, presidente del Tribunal de Trabajo N° 2 de San Nicolás, levantó el cese de actividad industrial que pesaba sobre Prochem Bio SA al dar por cumplidos los requisitos impuestos por el Máximo Órgano Judicial de Buenos Aires. Esa sentencia fue apelada por Fomea y se encuentra pendiente de resolución hace meses en la Cámara Civil de San Nicolás.
Evidencias
En relación a las valoraciones que realizó la Cámara Federal Penal de Rosario para desarchivar la causa penal, sostuvieron que “en contraposición a lo sostenido en el mentado dictamen, se puede apreciar que no fueron adecuadamente valorados los elementos señalados, siendo que algunas evidencias ni siquiera fueron meritadas, como así tampoco se profundizó la investigación en aspectos que así lo exigían en base al cuadro indiciario exhibido por la querella”.
En ese sentido aclaran que el dictamen de Villafuerte Ruzo pareciera circunscribirse al hecho que se puso en conocimiento en febrero de 2018, pero aclaran que el “objeto de investigación” excede ese suceso “dado que la querella denunció además una serie de hechos que podrían constituir delitos ambientales y no fueron tenidos en cuenta”.
Al respecto resaltan las declaraciones testimoniales sobre la existencia de impacto en el medio ambiente: olor nauseabundo, árboles quemados a raíz de químicos, mancha de tierra quemada, bruma en el agua y quema de pastizales, entre otros.
Uno de los testigos es un vecino de la fábrica, técnico químico nacional, quien declaró que las copas de los árboles de alrededor de la industria están quemadas por los ácidos, que cuando ventean es insoportable el olor y que lo hacen por la noche o los fines de semana para evitar los controles del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable.
Otro testimonio es del presidente de una empresa lindera del mismo parque industrial quien declaró que desde el año 2010 comenzaron a notar olores parecidos al amoniaco y productos químicos que el común denominador de la gente no conoce; olor que penetra de manera más profunda; movimiento de camiones los fines de semana que no eran habituales, la quema de pastizales, un deterioro acelerado de los árboles aledaños producto del derrame del químico y la presencia de metabolitos de glifosato en las paredes y chapas de su empresa.
El mismo empresario inició acciones legales contra Prochem BIo SA en noviembre de 2014 tras denunciar varios hechos de contaminación en el entorno de su fábrica que causaron daño ambiental y daño en la salud de las personas. La causa por protección, reparación ambiental, daños y prejuicios tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de San Nicolás.
Las camaristas aclaran que al repasar las actuaciones no encontraron constancias “de que se haya ordenado la inspección del predio como la mentada fuerza de seguridad lo sugirió, ni que se hayan tomado muestras para su posterior análisis”.
También mencionan la primera infracción de Prochem Bio SA que figura en el expediente que investiga las lesiones graves que sufrió un operario en marzo de 2013 durante un accidente dentro del predio industrial donde fueron liberados en forma descontrolada gases de clorpirifós y unos 10.000 litros de agua contaminadas con esa misma sustancia. “Los vapores tóxicos generados fueron tan agresivos que en forma casi inmediata causaron al operario lesiones neurológicas que le generaron una discapacidad del 93% según consta en el expediente laboral”, advierten.
También mencionan otro episodio que ocurrió en marzo de 2016 cuando, en pleno trámite del amparo ambiental, explotó una caldera que género un herido grave, daños en la empresa y dispersión de contaminantes en el ambiente.
