El fiscal federal Gerardo Pollicita promovió una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre varios integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, entre ellos Ximena Tezanos Pinto, la vecina del departamento de arriba de Cristina Fernández de Kirchner.
Las medidas abarcan, además de Tezanos Pinto, a Ailen Cintia Vallero, Nataly Balboa, Diego Ariel Balboa, María Isabel Said, Cristina Luján Romero, Natanel Reinstein Menin y Franco Castelli.
Vallero era socia en la carpintería del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, en la provincia de Buenos Aires; Evelyn Balboa fue pareja de Morel y junto con su hermano Diego canalizaron pagos de la empresa Caputo Hermanos para la provisión de muebles en un edificio en Vaca Muerta.
María Isabel Said, alias “Dalila”, es la mujer que viajó con Morel a Entre Ríos cuando pesaba sobre él un pedido de captura del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Morel fue detenido efectivamente en Entre Ríos pero rápidamente la Cámara Federal porteña -la sala que integran los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia- lo dejó en libertad.
Said aparece también como proveedora de mobiliario para el edificio de Vaca Muerta.
Romero es la supuesta militante de Revolución Federal al que Tezanos Pinto señaló como la persona que le presentó a la abogada de varios de los integrantes de esa agrupación y luego le sugirió que los invitara a su casa para conocerlos.
Está vinculada también con la agrupación Equipo Republicano y en las redes sociales se referencia con la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich.
Reinstein Menin participó de una contra manifestación en la puerta de la casa de Cristina Kirchner al día siguiente del pedido de 12 años de prisión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la Causa Vialidad.
Seguidores de la vicepresidenta fueron allí en su apoyo, pero militantes de Revolución Federal concurrieron a repudiarla y se produjeron algunas escenas de violencia, en una de las cuales Reinstein Menin tomó del cuello a un policía que intentaba detener a otro referente de la agrupación, Leonardo Sosa, quien arrojaba proyectiles.
Entre sus pertenencias fue secuestrada una bomba molotov lista para ser arrojada.
Castelli, en tanto, es un ex soldado voluntario que fue procesado en Río Gallegos en octubre del año pasado por intimidación y amenazas contra el diputado Máximo Kirchner.
Su situación procesal aún no fue tratada por la Cámara de Apelaciones, pese al largo paso del tiempo.
Castelli está procesado por formar parte de una “organización que busca imponer sus ideas y acallar las ajenas mediante mensajes de odio, por la fuerza y generando temor”.
El fiscal Pollicita dispuso, “en pos de dilucidar si efectivamente aquellos desplegaron conductas penalmente relevantes desde el seno y fundamentalmente como parte de la agrupación Revolución Federal”, encomendar a la unidad antiterrorista de la PSA “la realización de un análisis con relación a los videos, imágenes y conversaciones mantenidas a través de medios digitales -redes sociales como Instagram/Telegram/Facebook y/o WhatsApp- que fueron recabados” respecto de todos ellos.
Pollicita, quien remitió su pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, hizo especial hincapié en “la actividad desplegada, por el período comprendido entre el mes de mayo del año 2021 y la actualidad”.
Ese período comprende el 1º de setiembre de 2022, el día que atentaron contra la vida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
