Por Redacción Rosario
Legisladores provinciales manifestaron su “preocupación” por los recortes que impondrá el gobierno nacional en el servicio de traslados para personas con discapacidad, que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2019.
La alerta la dio este jueves la diputada provincial de Igualdad y Participación Silvia Augsburger, quien junto a su compañero de bloque, Rubén Giustiniani, advirtió que “a partir del 1° de enero de 2019, la Nación traspasará a las provincias el pago de las prestaciones de transporte del Programa Federal Incluir Salud, que garantiza el traslado de personas con discapacidad”. Los legisladores realizaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que “dé respuesta acerca de cuáles son las áreas de la provincia que asumirán estas obligaciones y con qué fondos”.
“Esta decisión del gobierno nacional, de recortar prestaciones en diversas áreas, no es nueva. En este caso se recorta una prestación fundamental para las personas con discapacidad, que es el transporte y movilidad para que puedan acudir a sus actividades y terapias. Lo concreto es que a partir del 1° de enero, es decir, en 20 días, se deja de dar esta cobertura y hay una gran incertidumbre acerca de cómo la provincia de Santa Fe responderá para garantizar derechos a las personas con discapacidad”, explicó la diputada Augsburger, autora de la iniciativa junto a Giustiniani.
El pedido de informes presentado en la legislatura provincial solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Salud, “dé respuesta sobre varias cuestiones que hacen a la prestación del programa Financiar Incluir Salud -PFIS- que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
“Se solicita saber a partir de qué fecha está prevista la entrada en vigencia del traspaso a las provincias del pago de las prestaciones de transporte, cuál es la cantidad de personas con discapacidad beneficiarias del PFIS que son usuarios/as de la cobertura de transporte en el territorio provincial y con qué fondos prevé la provincia afrontar estas obligaciones”, se lee en el pedido también.
Además, el pedido de informes plantea saber “cuáles son los procedimientos administrativos que se implementarán a partir de la entrada en vigencia del traspaso a la provincia a fin de evitar demoras en las rendiciones de facturación, cadena de pagos para prestadoras de servicios de transporte y/o evitar restricciones y suspensiones para los/as beneficiarios/as”.
“Sabemos que el programa viene sufriendo recortes en los últimos tiempos y esta decisión profundiza aún más ese ajuste, generando una situación de angustia e incertidumbre tanto a las instituciones y transportistas que prestan servicios a beneficiarios y beneficiarias del programa, como así también a las familias sobre quienes peligra la continuidad de la cobertura”, explicó Augsburger. Y agregó: “es fundamental que desde el Estado se den todas las herramientas que favorezcan el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad, para que puedan ejercer una ciudadanía plena. En este sentido, es necesario también que el gobierno de información clara sobre la forma en que esta prestación se continuará garantizando para calmar el malestar que generan estas malas decisiones”.
