Empresarios y gremialistas se reunieron ayer en la Asociación Empresaria de Rosario, en la jornada previa a la audiencia pública convocada para hoy en la Cámara de Diputados de Santa Fe, para pedir que se debata y convierta en ley la adhesión de la provincia a la norma nacional de Riesgos del Trabajo. Entre los gremios que participaron se cuentan Uocra (Construcción), un sector de la Carne y Camioneros de Santa Fe, que tuvo en su titular, Sergio Aladio, uno de los arietes más fuertes en favor de la norma: “Esto redundaría en beneficios para los trabajadores y permitiría que inversores privados puedan llegar a la provincia”, sostuvo. Y quien salió responderle, entre otros, fue precisamente otro trabajador del acoplado: “Estamos totalmente en desacuerdo con una ley que sólo perjudicará a los trabajadores. La impulsa el macrismo y los empresarios sindicales que tienen empresas y son a la vez sindicalistas en Santa Fe. Las aseguradoras se han cansado de ganar plata con los trabajadores y quieren seguir lucrando. Diputados no puede votar esta ley y de hecho a los trabajadores no se los consultó”, bramó Juan Chulich, secretario General de Camioneros de Santa Fe alineados a la Federación Nacional, que conduce Hugo Moyano.
La adhesión a la nueva ley de ART, que en la provincia tiene media sanción del Senado y –con visibles reservas– analizan distintos bloques de la Cámara baja, genera una evidente división de aguas. Aladio sostuvo que la falta de adhesión a la norma pone a Santa Fe en situación desfavorable con respecto a otras provincias y sostuvo que esa situación “perjudica a los trabajadores”. También cuestionó a los diputados incluso por la reunión para escuchar posturas de diferentes sectores convocada para hoy en la capital provincial: “Más que una audiencia pública, necesitamos que se trate en Diputados sobre tablas para definir esto”, empujó. Y proclamó que los reparos de distintos legisladores están “saldados”.
En la misma sintonía, el titular de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, quien es vicepresidente 5° de la Federación Industrial de Santa Fe, también puso el hombro: “Acá estamos juntos empresarios y empleados bregando por esa sanción. Acá están las instituciones más representativas de la ciudad y la región, y estamos demostrando que en temas como este podemos estar unidos”, sostuvo.
El lobby en favor de la ley de ART contabilizó también la voz del secretario de la Fisfe, Walter Andreozzi, de la Unión Industrial Región Rosario (Unirr), quién aseguró que al sector fabril le cuesta “350 millones de pesos por mes” la no adhesión de la provincia y atribuyó a “prejuicios ideológicos e intereses sectoriales” de “minorías absolutas con alto poder de bullicio” la oposición a la adhesión.
La descripción no es precisa con el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), uno de los entramados gremiales más fuertes en la ciudad –reúne a los sindicatos de Correo, Luz y Fuerza, Docente Privados de Sadop, Judiciales de Santa Fe, Bancarios, entre otros– que salió a oponerse con fuerza a la norma, y cuestionó al sector gremial que se posición a favor: “Tenemos total rechazo a esta ley, lo hemos dicho desde un principio, por las cuantiosas falencias que tiene y creemos que avanzar con la adhesión es una imposición del gobierno nacional a la provincia. Esperemos que no salga y mañana vamos a santa Fe a participar de audiencia”, advirtieron en forma oficial desde el MSR.
En tanto el otro entramado sindical fuerte en la ciudad, que reúne al moyanismo –Camioneros, Recolectores–, a corrientes que participan de la Multisectorial 21F y a gremios industriales, también dejó expuesto su rechazo a la adhesión y su participación en la audiencia de hoy en Diputados. “Les pedimos fundamentalmente a los legisladores peronistas que no voten este engendro”, describió el titular de Obras Sanitarias, Oscar Barrionuevo. “Nunca vamos a estar de acuerdo con una ley que va en contra los trabajadores. Es una ley macrista y es para que sigan ganando las ART a costa del obrero”.
Por su parte Claudia Indiviglia, titular del gremio estatal Norte y referente de la Multisectorial 21F, calcó: “Nos oponemos a una ley que es de fundamental interés del macrismo y de cámaras empresarias”.
Con todo, en análoga proporción a la de los sectores gremiales que respaldan la ley de ART y el vasto conglomerado sindical que la rechaza se encuentran los sectores empresarios, aunque sólo cobran eco las voces a favor, que encolumna a la Bolsa de Comercio Rosario, a la Cámara de Supermercados y Autoservicios, AIM (Metalúrgicos) y asociaciones patronales de Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución.
Con cinta adhesiva
Tras fuertes presiones del gobierno nacional –que incluyeron la mención del tema por parte del presidente Mauricio Macri en visitas e inauguraciones de obras que hizo en Santa Fe– el gobernador Miguel Lifschitz giró a fines del año pasado un nuevo proyecto de adhesión a la ley nacional de Riesgos del Trabajo, luego de que la Legislatura no llegara a consenso sobre tres iniciativas en el mismo sentido. La idea era que se tratara en las sesiones extraordinarias, lo que no prosperó. Pero finalmente en julio pasado la Cámara alta de la provincia le dio media sanción por unanimidad al mensaje de la Casa Gris de adhesión a la ley nacional 24.557 que, entre otras cosas, crea una instancia de conciliación –para los críticos, un filtro– antes de los juicios por siniestros laborales. Los senadores introdujeron varios cambios al proyecto, entre ellos la creación de más comisiones médicas permanentes que las contempladas en la propuesta original y la creación de una “comisión médica móvil” para actuar en zonas alejadas de las permanentes.
