La municipalidad de Chascomús podría quedar paralizada si tiene que pagar una cifra millonaria por autorizar una rifa cuyas ganadoras no pudieron obtener un campo que estaba en juego, debido a que estaba hipotecado, y fue rematado en sede judicial, dijo el intendente de esa ciudad, Juan Gobbi.
“Este juicio va a producir una distorsión en las finanzas que podría paralizar el municipio”, advirtió Gobbi al hacer referencia a la causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que lo obligaría a pagar 100 millones de pesos a las mujeres ganadoras, Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni y Sonia Della Vedova de Godoy.
«Ni el juez ni los abogados nos dijeron que el dinero que tiene que pagarle el municipio a mi mamá es 100 millones de pesos. Esa cifra la mencionó alguien, pero no a nosotras», dijo Paula, hija de Clorinda Gallego.
La mujer dijo que «ésta parece ser una instancia más de un juicio que tiene ya 20 años. Para mi mamá, de 68 años, y la vecina es otro paso más».
Gallego trabajó toda la vida en tareas rurales en la zona de Chascomús; mientras que Vedova es maestra jubilada.
Gobbi explicó que la cifra de más de 100 millones de pesos “si bien no está en el fallo, es una cuenta que calculamos en base a que se trata de un campo sojero de altísimo valor”, a lo que «hay que sumarle el lucro cesante, el daño moral y los honorarios”.
El juicio se inició a raíz de una rifa que en 1995 organizaron tres escuelas rurales y en la que el premio consistía en una fracción de tierra de 327 hectáreas.
Las dos vecinas de la localidad de Lezama, que en ese momento formaba parte de Chascomús, compraron cinco rifas y se hicieron acreedoras del premio.
Sin embargo, como no podían hacerse del campo, en 1998 iniciaron una demanda en los tribunales de La Plata para reclamar la escrituración, la indemnización por los daños y el reconocimiento del lucro cesante por la imposibilidad de explotar la tierra.
Según se acreditó en la causa judicial, el municipio autorizó por ordenanza la rifa sin verificar que el campo estuviese escriturado, ya que sólo contaba con un boleto de compra venta, tramitado por un particular quien había comprado el lote y organizado la rifa y que antes del sorteo lo hipotecó.
Además se constató que el inmueble fue rematado judicialmente y por lo tanto ahora está en manos de otro dueño, que nada tiene que ver con el conflicto.
En la causa también se acreditó que el municipio permitió la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por la ordenanza que autorizó la rifa.
Con esas irregularidades, el Juzgado Civil y Comercial 27 de La Plata condenó a las cooperadoras de las escuelas rurales, a la Provincia y al organizador de la rifa a escriturar el inmueble, pero, a su vez, hizo responsable a la Municipalidad de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante.
El fallo fue apelado y ratificado por los jueces de Cámara, por la Suprema Corte bonaerense y ahora está en trámite ante la Corte Suprema de la Nación debido a una apelación del municipio.
