Las autoridades militares brasileñas decretaron ayer la detención de 10 soldados que formaban parte de una patrulla que este dominngo disparó más de 80 balazos contra un automóvil en Río de Janeiro, matando Evaldo dos Santos Rosa, de 51 años, que trabajaba como músico y agente de seguridad.
Santos viajaba junto a su suegro, que resultó herido, al igual que un transeúnte que acudió en ayuda. La esposa del músico, el hijo de ambos de 7 años, y una niña de 13 también iban en el auto pero ninguno de ellos resultó herido.
El incidente se produjo en el barrio Guadalupe, en la zona norte de Río, en el perímetro de seguridad de un área militar donde las tropas realizaban un «patrullaje regular», informó el Ejército.
El Comando Militar de la zona Este indicó en un comunicado que el primer parte oficial señalaba que la tropa «reaccionó a una agresión procedente de criminales a bordo de un vehículo» pero que, tras tomar declaraciones a los implicados y oír a testigos, «se identificaron inconsistencias» en esa versión.
Como conclusión de esa indagación, «se determinó labrar actas de prisión de 10 de los 12 militares interrogados, por incumplimiento de las normas de acción», precisa el comunicado.
Un comisario de la División de Homicidios de la Policía Civil, Leonardo Salgado, dijo este domingo por la noche a TV Globo que en el vehículo del músico «no se encontró ninguna arma. No veo indicios de legítima defensa, por la cantidad de tiros, y que posiblemente los hayan confundido con una banda criminal», agregó.
Luciana Olivera, la enfermera que perdió a su marido en la balacera, señaló horas después del sangriento hecho que “los militares se reían después de acribillarnos”.
Consternada por lo sucedido, Olivera remarcó que “los traté de asesinos y se burlaron. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Es mentira que hubo un enfrentamiento, simplemente íbamos cantando”.
Juzgados por la Justicia Militar
Los involucrados serán juzgados por la Justicia Militar. Según el jefe del Departamento General de Homicidios y Protección a la persona (DGHPP), delegado Ricardo Nunes, la justificación es la ley sancionada por el ex presidente Michel Temer en 2017, que sacó de la justicia común crímenes cometidos por militares en servicio.
Los militares participaron en los últimos años en operaciones contra la criminalidad en Río, e incluso estuvieron desde febrero hasta diciembre de 2018 al frente del área de seguridad de este estado desbordado por la violencia.
El nuevo gobernador de Rio, Wilson Witzel, prometió aplicar una política de mano dura frente al crimen, en un discurso sintonizado con el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Witzel admitió a fines de marzo que la policía recurre a francotiradores para disparar a distancia a sospechosos armados.
En enero y febrero de 2019, los dos primeros meses que Witzel ocupa el cargo, 305 personas fueron abatidas por la policía en Río, de acuerdo con estadísticas del gobierno. Esa cifra representa un incremento de 17,6% respecto al mismo periodo de 2018.
Algunos de esos casos levantaron cuestionamientos sobre los métodos policiales.
El 8 de febrero, una operación policial en una favela del barrio turístico Santa Teresa dejó 13 muertos y despertó, según la Defensoría Pública, sospechas de que se trató de una ejecución sumaria.
