Miguel del Sel y el PRO pescan plácidamente en el río revuelto. Tienen mucho que festejar después de los últimos acontecimientos que pusieron en crisis la relación entre el gobernante Frente Progresista y el justicialismo que lidera la oposición.
Es la conclusión más nítida que surge después de dos semanas de denuncias cruzadas, imputaciones, ofensivas y contraofensivas entre ambos. Mientras eso ocurría el PRO dejó que “se maten”, que se desgasten solos, que revuelvan el río. El cálculo en el partido de Macri es elemental: los justicialistas liman al gobierno provincial, y el Frente Progresista contragolpea y daña. Resultado: ambos terminan magullados y le facilitan el trabajo a Miguel del Sel, siempre dispuesto a hacer política con el discurso antipolítica.
Todos unidos para resistir
Recién esta semana el Frente Progresista rodeó al gobernador. Si bien no le resulta fácil construir una foto de unidad en momentos en que cada uno está pensando y trabajando en diferenciarse del otro para competir en las próximas Paso, al final entendieron que las acusaciones vertidas en el artículo de Página 12 publicado hace 15 días (llámese operación política o no) dañaban a todos. Un poco más, un poco menos, perdían todos.
Era imperioso para el Frente Progresista reaccionar a las sospechas sembradas desde la oposición. El error de cálculo fue la referencia a “operaciones destituyentes” y a un acontecimiento que en 2012 protagonizó el presidente del PJ José Luis Freyre, porque obró el milagro de abroquelar a la decena de sub-bloques peronistas de la Cámara de Diputados y desatar un picante debate que insumió dos horas en la sesión del jueves pasado. Un “cara a cara” que exhibió a unos y otros lamiéndose las heridas. Todo ante la reconfortada mirada de los diputados de Macri.
Peronismo en problemas
Si al oficialismo le costó reaccionar, exhibió desconcierto y dudas ante las acusaciones, a los diputados del justicialismo no les fue mucho mejor. De hecho, la comisión de Diputados que investiga qué sucedió con la computadora del narco Luis Medina, abierta con colaboración de funcionarios provinciales horas después de su asesinato, está obligada a revisar sus pasos a futuro.
Toda la estrategia que se había trazado con respecto a la información obtenida se fue al diablo cuando la versión taquigráfica del paso por la comisión de las madres del narco y su novia se filtró a un diario nacional sin el consentimiento de los integrantes de la comisión, todos del mismo partido, ni del diputado (según sus explicaciones) que la sacó del ámbito de la Legislatura.
Que el oficialismo sintió el mandoble que implicó la publicación, no cabe duda. Ahora, que sea el justicialismo el que vaya a acumular esa ganancia está por verse: en los últimos diez días sus legisladores fueron acusados de ser desestabilizadores, mercenarios, de inventar fábulas y un “guión berreta”.
Este estado de desarticulación se traslada al resto de la (no) vida partidaria, donde urge elaborar una propuesta electoral para 2015 que saque al peronismo del tercer puesto.
Los más pesimistas dicen que sigue cayendo en las preferencias del electorado. Según esta hipótesis, el Frente Progresista no debería dejar que eso ocurra porque se supone que el Midachi es el refugio natural de los peronistas desencantados. Por lo tanto, en la medida que el justicialismo es menos atractivo como oferta electoral, más crecen las chances del PRO.
Mientras tanto, pasa el tiempo y nadie consigue dar en la tecla para construir la tan declamada unidad partidaria.
El armado que intenta construir Juan Carlos Mazzón sufrió algunos percances. Tras la cancelación en dos oportunidades de reuniones con legisladores y dirigentes en Santa Fe capital, la tercera se programó para este miércoles. ¿Será la vencida?
Por el otro, el presidente del partido José Luis Freyre volvió a morder el polvo en su intento de juntar a Omar Perotti, María Eugenia Bielsa, Alejandro Ramos y Agustín Rossi. La cita iba a ser en la sede nacional del PJ aprovechando que los cinco coincidieron en el acto en el que Cristina promulgó el Código Civil y Comercial. Antes y después hubo “problemas de agenda” que truncaron la reunión.
Un paso trascendente
El país tiene un nuevo Código Civil y Comercial. Entrará en vigencia en enero de 2016 y es motivo de celebración porque esos 2.671 artículos de enorme influencia en la vida cotidiana de la gente llevan la marca de la Argentina del siglo XXI. Y vienen a reemplazar a un Código que es como un árbol añejo sobre cuyas raíces decimonónicas el convulsionado e inquieto siglo XX fue montando ramas de ramas.
El día de la promulgación la presidenta hizo bien en destacar que este no es el Código de una persona (todavía hoy se habla del Código de Vélez Sarsfield) ni un gobierno. Sin dudas fue determinante la decisión y voluntad del gobierno nacional, que condujo una serie de fuerzas sociales preexistentes que empujaban el cambio y que fueron sintetizadas por la comisión redactora del proyecto de reforma.
Cuando una iniciativa tiene esa legitimidad no la empaña el chiquero político de último momento que protagonizaron oficialismo y oposición el día de la sanción definitiva en el Congreso. El oficialismo porque se emperró en sacarlo forzando todos los reglamentos habidos y por haber; y los sectores de la oposición porque se ausentaron de dar el debate y en casos como el de Elisa Carrió llegó a la ridiculez de recurrir al Poder Judicial para frenar la sesión del Poder Legislativo.
Un Código de 2.671 artículos no puede ser perfecto ni dejar a todos conformes. El tiempo y la evolución de las relaciones sociales y económicas dirán qué pasa con aspectos que quedaron en el camino en esta oportunidad. A nadie se le escapa que la designación de Jorge Bergoglio como Papa en medio del debate resultó determinante para que la presidenta desistiera con buena parte de los aspectos que desaprobaba la Iglesia católica. Una cosa es confrontar con el arzobispo de Buenos Aires y otra muy distinta con el Papa, aún cuando eso implique frenar cambios en materia de fertilización, manejo de embriones y el debate sobre el inicio de la vida humana.
La promulgación del Código Civil y Comercial resultó además plataforma para lanzar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. La Casa Rosada prefirió avanzar en este frente y dejar en el freezer la reforma del Código Penal, cuyo debate el gobierno perdió antes de salir a la cancha.
El futuro Código Procesal Penal sintoniza con el que acaba de implementarse en Santa Fe. La matriz de ambos es la misma: ir por un modelo dinámico de investigación, con control de plazos, publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Un modelo adversarial en reemplazo del sistema inquisidor.
Hoy la Justicia federal tiene un sistema mixto fruto de la reforma de 1991 que, a grandes rasgos, es escrito en la etapa de instrucción, y oral para el juicio. Santa Fe no tuvo esa etapa intermedia y pasó de uno totalmente escrito al oral por completo. Las leyes que lo hicieron posible fueron votadas por unanimidad en Legislaturas con mayorías parcial (2007-2011) o totalmente (2011-2015) opositoras y empezó a regir el 10 de febrero pasado, con resultados perfectibles, pero sin duda infinitamente mejores a lo que había.
