La Cámara Federal de Córdoba sobreseyó ayer al ex presidente y actual senador nacional peronista Carlos Saúl Menem en la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la cual murieron 7 personas en noviembre de 1995 en esa ciudad cordobesa.
En la misma resolución, adoptada luego de que el juez de primera instancia pidiera el juicio oral para el ex presidente y ex gobernador de La Rioja, el Tribunal ratificó el sobreseimiento del ex titular del Ejército general Martín Balza.
Es la segunda vez que la Cámara da marcha atrás con el procesamiento de Menem, acusado de ser el máximo responsable de la explosión: anteriormente había dictado su falta de mérito luego de revocar un primer procesamiento por una cuestión formal que advirtió en la causa.
El juzgado federal de Río Cuarto avanzó nuevamente y procesó el año pasado a Menem luego de que lo pidiera la Fiscalía y la querella: el juez Carlos Ochoa lo procesó por estrago doloso agravado por muerte, tras un dictamen de la Fiscalía que señaló que el hecho había sido provocado intencionalmente para ocultar el faltante de material bélico a raíz del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, hecho por el cual Menem ya había recibido una condena de 7 años de prisión.
Al procesarlo, el juez de primera instancia tildó de “instigador” a Menem, luego de que una pericia confirmara el faltante de material bélico, pero el Tribunal, compuesto por Ignacio María Vélez Funes y José Muscará (el tercer juez Rafael Vaggione votó en disidencia), desacreditó esa conclusión.
Sin pruebas que lo incriminen
Para los camaristas, el juez tan sólo “infirió” en la responsabilidad del ex presidente, pues sólo se basó en el fallo por el cual lo condenaron por el tráfico ilegal de armas; y en dos documentos certificados ante escribano con dos testimonios al respecto que nunca fueron judicializados.
“No se advierten nuevos elementos probatorios que hayan sido diligenciados o requeridos a instancia de las partes o del propio instructor” luego de que la Cámara revocara en una primera oportunidad el procesamiento, en agosto de 2010, subrayaron.
Para la Cámara, el propio juez de primera instancia reconoce que “no existe en autos prueba directa” sobre Menem sino que sólo hay “un contexto indiciario-presuncional, que la explosión del día 3 de noviembre de 1995 habría sido de naturaleza dolosa e incluso que su acaecimiento estuvo vinculado al tráfico de armas”.
“La incorporación y valoración de la prueba indiciaria en el proceso penal debe cumplir con ciertas exigencias que garanticen la fidelidad de los hechos que se pretende probar”, replicó la Cámara.
En ese sentido, la Cámara cuestionó que “desde que fue indagado el imputado Carlos Menem, no se ha aportado prueba alguna que permita vincularlo a la explosión de la Fábrica Militar de la Río Tercero, circunscribiéndose la prueba de cargo a las declaraciones efectuadas en su condición de presidente de la Nación, su rol funcional en tal condición, y por estos días su condena por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”.
“Tampoco existe dato o información que permita reencausar o direccionar la investigación judicial en algún sentido, de modo tal que pueda esclarecerse la situación procesal del encartado, no existiendo a su respecto el ofrecimiento de nueva prueba por parte del Ministerio Público Fiscal o el querellante que permita revertir el contexto de orfandad probatoria vigente al día de la fecha”, agregó la Cámara.
Los únicos imputados que quedan en pie en la causa y que por ahora siguen procesados son el ex titular de Coordinación Empresaria de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Edberto González de la Vega; el ex director de producción (DGFM), Carlos Jorge Franke; el ex director de FMRT, Jorge Antonio Cornejo Torino; y el ex jefe de la División Producción Mecánica (FMRT), Marcelo Diego Gatto.
Si bien la resolución de Cámara puede ser apelada por la querella y la fiscalía, todo hace prever que a raíz de esta resolución la suerte del ex presidente Menem en esta causa quedó sellada a su favor.
Al respecto, durante una entrevista televisiva el abogado querellante Ricardo Moner Sans afirmó que la decisión judicial le produjo una “indignación mayor” y anticipó que interpondrá “un recurso a Casación” y que, de no prosperar, impulsará un “recurso extraordinario” ante la Corte Suprema de Justicia la Nación.
En cuanto a la situación del ex titular del Ejército, la Cámara consignó: “No ha resultado factible a la instrucción obtener otras constancias relativas a la participación de Martín Antonio Balza en el hecho, siendo que la prueba colectada no ofrece ningún dato relevante en torno a su responsabilidad para inculparlo”.
