Dos bandas delictivas interrelacionadas para la comisión de determinados delitos fue la base de la imputación que se escuchó ayer durante una audiencia oral en Tribunales. Allí el jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez y su secretario se sentaron entre los imputados. Según la fiscalía, son el cabecilla y organizador de una banda policial que utilizaba su condición de funcionario y sus conocimientos para la comisión de delitos.
Entre ellos: cohecho, falsificación ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de efectos, amenazas y robos calificados. Este grupo operaba con otra banda de ladrones, éstos últimos mano ejecutora que llevaba a cabo los trabajos que digitaba la banda policial, según expresó la fiscalía. La discusión sobre la prisión preventiva de los acusados fue diferida y se tratará el próximo miércoles, mientras que dos de los ocho detenidos obtuvieron morigeraciones de las condiciones de detención por acuerdo de partes.
Dos bandas
En una audiencia que inició más de una hora después de lo pautado y que estuvo a cargo del juez Gustavo Pérez Urrechu, las fiscales Viviana O’Conell, Karina Bartocci y Gisela Paolicelli sostuvieron la existencia de dos grupos delictivos. Uno conformado por uniformados, en el que la autoridad máxima de la subcomisaría 26ª, Maximiliano Gustavo Maldonado, con 25 años de servicio en la fuerza, fue sindicado como el jefe. Su presunta mano derecha y secretario, Carlos Alberto M., fue señalado como organizador y, en calidad de participes, la suboficial y pareja del jefe, Mara Lucía R. de 28 años –quien cursa un embarazo de más de 7 meses –, y el uniformado Fernando A. de 33 años.
También fueron detenidos en el caso el suboficial Juan L. y el cabo Javier Eduardo L., que prestaba servicios en la subcomisaría 13ª de General Lagos y se retiró minutos antes del copamiento a la seccional y posterior robo al banco Credicoop en mayo pasado.
Mientras que en el otro grupo, conformado por Humberto Ismael A., 51 años y técnico en televisores, alias El Viejo o Pachín fue imputado como jefe de la banda; y el albañil Daniel Alberto B. de 33 años como partícipe. Junto con otras 4 personas prófugas forman una asociación ilícita dedicada a las entraderas.
La fiscalía sostuvo que si bien se trata de grupos independientes con estabilidad de miembros, se interrelacionaban para la comisión de ciertos delitos contra la propiedad. La banda de uniformados se encargaba de la logística, la inteligencia y, a través del contacto con dos integrantes de la otra banda, pasaban la información, y los miembros del otro grupo ejecutaban. A su vez, el Ministerio Público sostuvo que los policías luego encubrían los hechos.
La conexión
Una entradera fue el puntapié inicial para relacionar los dos grupos. El hecho tuvo lugar el 3 de junio en España al 500 de Villa Gobernador Gálvez, donde ingresaron dos personas armadas, redujeron a los habitantes de la casa y los maniataron. Robaron 2 mil pesos, celulares y otros efectos. A los dos días, una de las víctimas observó el vehículo en el que huyeron los ladrones y llamó al 911. Allí detuvieron a Adrián Sánchez y a Miguel Vallejos, ambos luego condenados por el hecho a través de un juicio abreviado. Según la investigación, Sánchez ingresó a robar con Humberto A. y una de las víctimas reconoció al primero, por lo que pidieron a Vallejos que los busque. Y huyeron en un automóvil blanco que luego fue secuestrado.
Después, se produjo el allanamiento a las viviendas de los detenidos, aunque previamente se solicitó información a la subcomisaría 26ª, y poco antes que llegue la Policía de Investigaciones a realizar la medida se presentó en uno de los domicilios un vehículo con tres policías, una de ellas mujer. Según un testigo, uno de ellos dijo tener el mismo apellido que el secretario del jefe de la comisaría. Esperaron a la mujer del detenido, ingresaron a la vivienda y luego de una hora se retiraron junto a ella. Cuando llegó la PDI todo estaba revuelto y el allanamiento dio negativo. A partir de allí, Carlos Alberto M. quedó en el ojo de la investigación y su teléfono fue intervenido.
Los hechos
Además de la asociación ilícita, la fiscalía imputó a todos los sospechosos el copamiento de la subcomisaría 13ª de General Lagos y el posterior robo al banco Credicoop el 13 de mayo de este año, donde se alzaron con 143.878 pesos.
Otra de las acusaciones que cayeron sobre los imputados, a excepción de Javier L., es el robo a un depósito en 17 de Octubre al 1000 de Villa Gobernador Gálvez el pasado 16 de septiembre donde entraron entre 4 y 5 personas armadas y bajo amenazas de muerte redujeron al dueño y a un empleado y se alzaron con 28 mil pesos, mercaderías, celulares y dos vehículos.
También se les achacó la entradera a la vivienda de España al 500 de Villa Gobernador Gálvez que terminó con dos detenidos y encausó la pesquisa hacia la pata policial.
Desde la seccional
Los delitos presuntamente cometidos por la banda de uniformados no sólo fueron contra la propiedad. A Maximiliano M. y Carlos Alberto M. le imputaron además el otorgamiento de ciertos beneficios a los detenidos en la dependencia, como deambular por la comisaría, no cerrar las celdas con llave, usar celulares a cambio de 3 mil pesos mensuales que pagaban al menos 5 arrestados. Ello derivó en el traslado de aquellos subalternos que se quejaron por la situación, incluso uno de ellos que filmó la situación con su celular fue trasladado esa misma tarde, refirió la fiscalía.
Al jefe, además, se le achacó no tener identificado el material secuestrado. Por su parte, su secretario fue imputado de falsear un acta para beneficiar a una policía que el 26 de septiembre disparó a su vecino al que acusó de robarle las zapatillas a su hermano.
Como el hombre terminó con dos balazos, la funcionaria se tajeó la panza y creo una historia sobre un ataque que plasmó en el acta, sostuvo la fiscalía. A ello le sumaron la sustracción de las raciones de alimento que llegan a la seccional para los uniformados y detenidos que fueron secuestradas en su vivienda, al igual que una escopeta sin numeración y la amenaza a un subalterno, ocurrida el 6 de octubre pasado, a quien le aseguró que si volvía a detener gente que no tenía que parar le iba a meter gente en su casa y le iba a matar a la familia, sostuvo la fiscalía.
Allanamiento a la seccional
Por último, la fiscal Bartocci cerró con una imputación al suboficial Juan L., el único uniformado que se encontraba en la subcomisaría 26ª el pasado 22 de octubre cuando se produjo el allanamiento a la dependencia policial. En una de las celdas se encontró a una niña de 13 años, en el mismo ámbito donde se alojaban otros presos que estaban en celdas continuas que no contaban con llave.
Según la acusación, la niña fue trasladada a la dependencia por personal del Comando Radioeléctrico y la dejó en “resguardo”. La nena declaró que estaba durmiendo en una combi abandonada en Villa Gobernador Gálvez cuando la encontró la Policía y la llevó hasta la casa de su madre, como no la encontró la trasladó a la comisaría. Allí se encontraba solo Juan L. que no notificó de la situación a ninguna repartición o funcionario público. La chica sostuvo que el uniformado la llevó hasta la casa de su abuela en Fisherton y la mujer sostuvo que no la podía cuidar, por lo que volvieron a la seccional donde le propuso mantener relaciones íntimas y la niña no accedió.
Sólo declararon dos de los imputados desvinculándose de las imputaciones y por acuerdo de partes la suboficial Mara R. obtuvo un arresto domiciliario por su estado de gravidez; mientras que Juan L. obtuvo una morigeración a la prisión. Por su parte el resto de los imputados seguirán detenidos otras 48 horas hasta la realización de una audiencia de prisión preventiva donde se discutirá si continúan detenidos.
La defensa de los acusados, en tanto, estuvo a cargo de Juan Ubiedo, José Luis Giacometti y Rodrigo Mazzuchini.
