El tribunal integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Gastón Becerra y Eleonora Verón condenó a 3 policías y 3 civiles que integraban una banda mixta dedicada a realizar entraderas, mientras que otros dos uniformados fueron absueltos. Entre los hechos más resonantes que se les endilgaron figuran los robos a dos sucursales del banco Credicoop en 2015. La altas penas para el jefe de la subcomisaría 26ª y su secretario no fueron sólo por estos hechos sino también por numerosos delitos que sumaron en su estadía en la seccional como fue cobrarles a los detenidos tres mil pesos para poder dar vueltas por la dependencia, guardar armas sin registrar, amenazar de muerte a colegas o robar los suministros que la provincia les entrega a los detenidos y a los uniformados.
Luego de más de dos meses de juicio y de escuchar la declaración de aproximadamente 180 testigos, los jueces dieron a conocer la sentencia por la cual resultaron condenados Maximiliano Maldonado, ex jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, a 21 años de prisión; su secretario Carlos Morgan a 20 y el suboficial Fernando Acosta a 6, mientras que los suboficiales Javier L. y Nora R. fueron absueltos. Por el lado de los civiles fueron condenados Humberto Aguirre a 22 años de prisión, Damián López a 20 y Oscar Belari a 17.
Según la investigación se trata de dos grupos de una banda policial y otra de escruchantes. Ambas trabajaban en equipo: la primera brindaba logística y dejaba la zona liberada mientras que la segunda llevaba a cabo los atracos. Algunos de los hechos tuvieron lugar en Villa Gobernador Gálvez, donde los uniformados prestaban servicios. El caso más resonante fue el copamiento a la comisaría de General Lagos y el robo al Banco Credicoop en mayo de 2015.
Uno de los acusados firmó un acuerdo abreviado por tentativa de robo y una condena condicional en 2017. Esta rebaja en la pena tiene que ver con que el Código Penal permite la figura del “colaborador”. Y se aplica cuando un imputado brinda información comprobable sobre el caso al que está sometido. Si se corroboran sus dichos, la norma habilita a reducir la pena y aplicarle una sanción que le cabe al delito tentado. En este caso la Fiscalía pretendía llevar a juicio a 8 personas aunque fueron 10 los imputados, dos de ellos firmaron juicios abreviados.
Este hecho dejó en el banquillo a 5 policías y 3 civiles. Para las fiscales Viviana O’Conells y Karina Bartocci estas bandas tienen una “organización criminal y una modalidad delictiva compleja”. Para las funcionarias la presencia policial en el grupo aumenta la desprotección de las víctimas ya que eran quienes organizaban los robos y luego los encubrían. Para la acusación los policías brindaban inteligencia, logística y protección mientras que los otros llevaban adelante los golpes.
En octubre de 2015 se desbarató al grupo luego de varios allanamientos que incluyeron la dependencia policial, tras 6 meses de investigación. Las fiscales basaron su acusación en escuchas telefónicas, entrecruzamientos de datos, testimoniales, cámaras de seguridad y otras pericias.
Robo al banco
El hecho tuvo lugar el 13 de mayo de 2015 en General Lagos cuando un grupo de ladrones copó la subcomisaría 13ª y robó el banco Credicoop. Según la Fiscalía, Oscar B., alias Chunchi; Pedro L., alias Oreja; Humberto A. y Damián L. redujeron a la única policía de la seccional y se llevaron armas de grueso calibre. Chuni y Oreja se quedaron custodiando la comisaría mientras que el resto se trasladó al banco y a poco de llegar se cruzaron con el cabo Javier L., que esperaba el colectivo. Redujeron al custodio de la entidad que estaba en un auto en la puerta y esperaron al gerente. Lo encañonaron y lo forzaron a abrir el banco. Se fueron con casi 144 mil pesos.
Las fiscales acusaron al jefe de la subcomisaría 26, su secretario, al suboficial Fernando A. y al cabo Javier L. de planificar el hecho y dar detalles del lugar y sus horarios y haberles provisto la indumentaria, incluso de intentar desconectar el GPS del móvil que funcionaba en la seccional de General Lagos y romper el equipo de comunicaciones de la dependencia. Robo calificado, privación de la libertad y daño agravado fueron algunos de los delitos por los que quieren llevarlos a juicio.
El otro golpe ocurrió el 5 de agosto de ese mismo año en una sucursal del banco Credicoop de Arijón al 400 cuando cuatro hombres armados ingresaron y en menos de cinco minutos huyeron con 80 mil pesos de las cajas de atención al público.
El jefe y su secretario
En el debate oral, los fiscales dieron a conocer los graves delitos que cometieron el jefe de la sub 26ª Maldonado y su secretario Morgan. A la dupla, se los acusó de dejar sin cuidado a los detenidos alojados en la subcomisaria 26, permitiendo que tengan contacto con la totalidad de las dependencias de la comisaria y con el exterior de la misma, a cambio de 3.000 pesos.
También, a Maldonado lo señalaron como quien autorizó que en el cuarto donde se guardaban los insumos se escondieran armas de fuego, réplicas de armas de fuego y las llamadas tumberas, todas sin ninguna indicación de su procedencia o estado.
Además, en la investigación se descubrió que Morgan había dado la orden de “cómo redactar el acta de procedimiento falseando los hechos, tratando así de beneficiar la situación de un personal policial frente a la justicia perjudicando a los demás actores del hecho. Todo esto con la autorización de su jefe Maldonado en un caso que se registró el 26 de septiembre de 2015.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron en sus alegatos que el secretario no sólo actuaba bajo las órdenes de Maldonado sino también tenía autonomía en la concreción de otros delitos. En ese marco, los fiscales describieron que a Morgan también se lo sindicó por una entradera ocurrida en junio de 2015 en una vivienda de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Lo acusaron por tenencia de arma de fuego en un caso del 22 de octubre de 2015 en la localidad de Pueblo Esther cuando en un allanamiento a su casa le encontraron una escopeta calibre 16 con la numeración limada. Unos días antes de esto, Morgan había amenazado de muerte a otro policía para que no se metiera “con ciertas personas”. El uniformado fue trasladado de dependencia.
Por si le faltaba algún otro hecho, Morgan sumó haber destinado una parte de la ración periódica de alimentos, que reparte la división de logística de la provincia de Santa Fe destinada a la alimentación de los detenidos y del personal policial, para otros fines. Cuando allanaron su vivienda en Pueblo Esther le encontraron escondidos en bolsas 10 paquetes de yerba, 10 paquetes de fideos, 10 paquetes de azúcar y 13 paquetes de arroz.
