Previo a Semana Santa y en medio de la cuarentena por coronavirus, el Concejo Municipal sesionó este miércoles por videoconferencia. Es la primera vez que lo hace en la historia de este modo, para acompañar la emergencia sanitaria, y los temas debatidos en forma virtual también estuvieron íntimamente relacionados con la pandemia del Covid-19: a pedido del intendente Pablo Javkin, el cuerpo legislativo adhirió a las leyes provinciales 13.977 y 13.978, por lo cual Rosario se declara en estado de Necesidad Pública “en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad” y en estado de Emergencia Económica, dispuesto también por ambas normas provinciales y en atención a la ley 10,047, que habilita los anticipos de coparticipación provincial a municipios y comunas.
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, encabezó el plenario del cuerpo en la que no hubo ningún representante en el recinto del Palacio Vasallo. La sesión que tuvo carácter de extraordinaria, se abocó por entero al “urgente tratamiento” de mensajes girados por el Palacio de los Leones, vinculados a la emergencia sanitaria. En esa dirección se trataron las declaraciones de Necesidad Pública y de Emergencia Económica, junto a tres decretos dictados por el Ejecutivo para solventar “los difíciles escenarios por los que atraviesa este municipio a raíz de la emergencia sanitaria en curso”.
A los fines concretos, la ordenanza de adhesión a las leyes provinciales faculta al Ejecutivo a “realizar operaciones de crédito público” con el fin de “atender las deudas consolidadas al 31 de diciembre de 2019”, a la par que crea una Comisión de Seguimiento de esas operaciones –conformada por 6 concejales y concejalas, “que coordinará su funcionamiento con representantes del Departamento Ejecutivo”– para su convalidación total.
Además, la ciudad se encuadró en el Régimen Transitorio de Asistencia Financiera a Municipios y Comunas, establecido en la ley 13.977, que contempla una erogación de hasta 3.200 millones de pesos, de los cuales el 60% –casi $2.000 millones– serán distribuidos en los municipios de primera categoría, esto es Rosario y Santa Fe.
En la sesión virtual los 27 concejales trataron y aprobaron decretos de “toma de conocimiento de los actos realizados” por la Intendencia y de aceptación de donaciones en el marco de la emergencia sanitaria; la adhesión plena a “las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación frente a los primeros casos de coronavirus Covid-2019”, que se dictaron “con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad” –medidas como el cierre al público de los shoppings y establecimientos o centros de compras formados por un conjunto de puntos de venta instalados en un mismo predio desde la cero hora del viernes 20 de marzo hasta las 24 del martes 24 a excepción de supermercados e hipermercados situados en esos paseos– y la adhesión y adopción de medidas para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.
En esa línea el decreto aprobado por el cuerpo legislativo declaró “servicios esenciales” a las áreas de Salud Pública, Control y Protección Ciudadana, e Higiene y Mantenimiento Urbano; a los servicios de asistencia alimentaria, a los vinculados a la obra pública, y a los servicios funerarios, entierros y cremaciones. La misma declaración alcanza a los servicios municipales de comunicación social y a todo soporte operativo, técnico y/o administrativo indispensable para el funcionamiento de los anteriores.
Con lo antedicho también se declara “personal esencial” a los trabajadores vinculados a las áreas mencionadas, “quienes se encuentran convocados a prestar servicios, y exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio”.
Y dispone, también, que los agentes municipales que cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio “deberán estar a disposición del titular del órgano en funciones para prestar la colaboración necesaria en el momento, desde el lugar de aislamiento, por los medios que se le requiera, a fin de garantizar la atención de todo asunto de urgente despacho o que por su naturaleza no admita postergación”.
La misma norma dispone una prórroga automática hasta el próximo 30 de junio de las contrataciones y personas contratadas; el ajuste de los cuadros horarios del transporte urbano de pasajeros a los establecidos por el Ente de la Movilidad; la libre disponibilidad de circulación para la prestación del servicio de taxis y remises “de manera provisoria”; la suspensión del régimen de estacionamiento medido, y otras medidas como el receso administrativo establecido originalmente hasta el pasado 31 de marzo. Todas estas decisiones, vía otro decreto también aprobado en la sesión, se prorrogan “por todo el periodo de tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio” y “con los eventuales aplazamientos que se dispongan a nivel nacional” en uno o más casos.
Lo aprobado incluye la implementación del Sistema Único de Notificaciones Electrónicas, “que será único canal válido y obligatorio, para todas las notificaciones entre partes, para los contratos vigentes y/o a celebrarse” con la Municipalidad, mientras dure la cuarentena.
También se faculta al Ejecutivo a “reasignar objetivos y/o modificar lugar de prestación de servicios contratados” en caso de necesidad “sin que ello genere derecho a compensación extraordinaria alguna”.
Por su parte, un artículo, el 7º, establece que todas las empresas proveedoras que prestan servicios a consorcios y conjuntos inmobiliarios “deberán garantizar los servicios esenciales en los edificios para su normal funcionamiento, tales como el mantenimiento de servicios básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones e internet), mantenimiento de ascensores, y servicios de limpieza básica, vigilancia y guardia”.
Además quedó convalidada la autorización de circulación y “por ende exentos del deber de aislamiento” al “personal afectado a tareas de desmalezado, jardinería, fumigación, tratamiento de espejos de agua” para evitar la propagación de males que empeoren la situación sanitaria –algunos más fatales que el Covid-19– como dengue, Zika y chikungunya por la proliferación de mosquitos. Los trabajadores, dice la norma, “se encuentran habilitados a trasladarse exclusivamente desde su domicilio al domicilio donde presten tareas, debiendo tomar las medidas de protección recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación”.
Con todo, el último de los decretos establece que desde el pasado 30 de marzo y hasta el próximo 30 de abril “no se computarán intereses resarcitorios para ningún tributo o gravamen municipal” y dispensa “la imputación y aplicación de las sanciones por infracción a los deberes formales” –artículo 40 del Código Tributario Municipal– por el período fiscal marzo, cuya presentación opera en abril del corriente”.
