El Concejo Municipal está tratando un paquete de normas y modificaciones para aumentar la superficie de suelo apto para industrias en la ciudad. Las iniciativas son vistas con sumo interés en el sector empresario, desde donde auguraron que favorecerá el desarrollo de nuevos emprendimientos y, simultáneamente, permitirá una mejor planificación logística que se hará más visible en la carga y descarga de mercadería. Sin embargo, no ocultaron su disgusto hacia la normativa municipal vigente en cuanto a los deberes ambientales, sosteniendo que pone “exigencias muy altas” para renovar habilitaciones “obligando a las empresas a cerrar sus puertas”.
La voz de los empresarios refiere a una iniciativa aprobada en comisiones que habilita la intervención en materia de infraestructura de 50 hectáreas de suelo productivo en zonas periféricas de la ciudad para la instalación de más de mil empresas, fomentando así el desarrollo de nuevas pymes. Los trabajos, financiados por un fondo especial creado por otra ordenanza paralela, serán desarrollados por el propio Estado bajo la figura de fideicomiso, permitiéndole al futuro empresario adquirir al costo esos espacios con todos los servicios habilitados.
“La iniciativa es muy buena porque en Rosario no hay una disponibilidad de terrenos que permita establecer un equilibrio entre la oferta y demanda para la actividad industrial. Hoy los terrenos disponibles para empresas tienen el mismo valor por metro cuadrado que en un área residencial, es decir, que claramente no condice con la actividad que desarrollamos”, manifestó Ariel Dolce, representante de la fábrica de plásticos Flexocolor.
Esta postura coincide con el análisis de Claudio Mossuz, gerente comercial de Cirmaq (desarrolladora de maquinaria para empresas), para quien “la ordenanza representará múltiples beneficios para las industrias de la ciudad”, al tiempo que “facilitará el desarrollo de nuevos parques industriales”. Además, reconoció que permitirá solucionar algunas problemáticas con la actual normativa, aprobada durante la gestión municipal de Miguel Lifschitz, que mide con “una vara muy alta, sobre todo en la cuestión ambiental”, a las empresas que aspiran a renovar sus habilitaciones. Es que la mayoría de ellas fueron instaladas previamente a su sanción y “la regulación municipal va un poco más allá de la ley ambiental provincial”.
“Nosotros estamos en proceso de obtener el certificado medioambiental y presentamos todos los informes correspondientes. Pero si no estuviéramos planificando la mudanza a un parque industrial en un mediano plazo estaríamos preparándonos para cerrar”, amplió el titular de la industria ubicada en Presidente Roca al 4000.
Respecto a esta misma cuestión, Rubén Capuano, titular de Caplast, fue un tanto más crítico: “Tengo habilitación hasta fines de 2015. Mi industria (plástica) no tuvo problemas con la primera revalidación pero como consecuencia de las modificaciones introducidas en estos últimos años las empresas fueron víctimas de más exigencias. Eso y decirles que se vayan es más o menos lo mismo”.
Los proyectos presentados por los concejales Martín Rosúa y Sebastián Chale surgen, según señala en su texto, para resolver algunas cuestiones normativas del nuevo Código Urbano que favorecieron la mudanza de muchas empresas de Rosario localizadas en el área central, designándolas de uso no conforme en relación a su entorno. Además, el propio crecimiento urbanístico de la ciudad fue atrapando a las empresas, imposibilitándolas a ampliarse.
Pero para Dolce este no es el único elemento que influye a la hora de tomar una decisión tan importante como cerrar un emprendimiento, que produciría un fuerte impacto sobre la mano de obra, la cartera de clientes y los proveedores. Por ello, reconoció que pueden entrar en juego también “cuestiones impositivas, logísticas o de mercado”.
Otro factor clave es el alto costo que representa tanto la construcción de la industria como el pago a los profesionales correspondientes para desarrollar las obras. “La inversión en terreno tal vez sea la menor. Los costos de edificación y el pago a los colegios de ingenieros y arquitectos son enormes, no se condicen con la inversión que puede realizar un privado industrial. Los valores son muy altos y no establecen diferencias con un emprendimiento habitacional o de cocheras. Hoy no es tan fácil mudarse a un parque industrial en la periferia de Rosario”, explicó Mossuz.
Sin embargo, todos ellos coincidieron en que el proyecto de los ediles, que ahora deberá ser tratado en el recinto, representará múltiples beneficios. Según sostienen, “moverse de un sector medianamente céntrico y residencial hacia un lugar concebido con accesos especiales y recursos y gastos compartidos”, relocalizando las empresas por rubros, implicará un paso adelante en la cuestión logística. “El movimiento de camiones y mercadería será más fluido. Si una empresa está radicada en la ciudad entorpece: tiene que estacionar en doble mano o molestar a algún vecino. Mudarse a un parque industrial permite un movimiento de carga y descarga mucho más eficiente”, concluyó Dolce.
Un plan para evitar conflictos entre empresas y vecinos
El proyecto del concejal radical oficialista Martín Rosúa apunta a dotar al suelo industrial de la infraestructura necesaria para su desarrollo y expansión, generando así mayores superficies productivas. En tanto, el presentado por el radical opositor Sebastián Chale es el encargado de la creación de un fondo para financiar estas obras.
Ambos se enmarcan en la segunda etapa del Plan Integral de Suelo Productivo, instrumentado a partir de la ordenanza Nº 9.144, aprobada a fines del año pasado, cuyo objetivo es crear suelo destinado a localizaciones industriales, logísticas y de servicios, al tiempo que promueve las respectivas instalaciones productivas, flexibilizando las exigencias y penalizando la tenencia especulativa. “Esa ordenanza duplica la cantidad de hectáreas productivas en Rosario, de 1.020 a 2.200, y además aplica una sobretasa de baldío que empieza a regir a partir de diciembre, que hace que el propietario de suelo con aptitud industrial en desuso pague el doble de TGI todos los años”, explicó Rosúa a este diario.
Además, apunta a la mudanza de empresas de zonas del macrocentro para la conformación de “Polígonos Industriales y/o Servicios”, cuestión que representaría un doble beneficio: disponer de mayor espacio para la urbanización de zonas residenciales y mejorar el flujo productivo acortando las distancias entre industrias de un mismo rubro.
Ante ello, Rosúa adelantó que “hay aproximadamente 500 empresas que están en una situación de uso no conforme”, es decir, que fueron habilitadas previamente a las modificaciones del Código Urbano en áreas que ya no tienen aptitud de suelo productivo o industrial. En ese sentido, estimó que alrededor de 150 tendrán que mudarse, lo que obliga al Estado a generar las condiciones para llevar adelante este proceso, encargándolo de la selección de tierras, a través de una comisión formada por miembros del Concejo y la Municipalidad, su adquisición, ya sea por compra o expropiación, realización de las obras de infraestructura (electricidad, gas, pavimento, cloacas y agua) y, finalmente, la transferencia al costo de los terrenos a los industriales.
