La causa por facturas truchas que investiga el blanqueo de 700 millones de pesos, que surgió por la pesquisa narco sobre una pareja prófuga de la capital provincial, está a cargo del fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez sumó dos nuevos detenidos en Rosario: un abogado y un empleado municipal, dijeron voceros del caso.
Según la pesquisa, estos detenidos, vinculados con un corralón local, emitieron más de un centenar de comprobantes falsos que totalizan una cifra cercana a los ocho millones de pesos con el fin de producir el lavado de esos activos.
En tanto, las fuerzas federales continúan con las medidas para dar con la pareja prófuga donde la principal sindicada es Lorena Melgarejo, a quien le atribuyen la carga de unos 200 kilos entre cocaína y marihuana de un avión que aterrizó de emergencia en febrero en San Justo y de su marido Claudio «Pulga» Casco. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 500 mil pesos por cada para quien brinde alguna información por su paradero.
Con respecto a los operativos de este viernes, las fuentes identificaron a los detenidos como Pascual Cuzzola, de 60 años, y Lisandro Davini, de 40, quienes son socios desde 2011 en Oroño Materiales SRL, firma asentada en Filiberto 9655 de Rosario y dedicada a la venta de materiales para la construcción.
En uno de los domicilios allanados el personal del Organismo de Investigaciones (OI y también conocida como Policía Judicial) se incautó de diez mil dólares, entre otros elementos de interés para la pesquisa, de acuerdo con esta versión.
Según las mismas fuentes, Davini, que es abogado, fue apresado en su casa de Esteban de Luca al 1000, mientras que Cuzzola, empleado municipal, cayó tras allanarse su casa de Magdalena Güemes al 7600.
La operatoria
El pasado 29 de septiembre se produjeron una treintena de allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez a pedido del fiscal Rodríguez, quien puso la lupa sobre una red de empresas de Sociedades Anónima Simplificada (SAS) creadas para blanquear dinero producto del narcotráfico por medio de la emisión de facturas truchas en una suma superior a los 700 millones de pesos, según apuntó el funcionario.
Hubo ocho detenidos que están sindicados de formar parte del entramado defraudatorio; la principal investigada es Lorena Melgarejo, una mujer a quien le atribuyen la carga de un avión lleno de droga que aterrizó de emergencia en febrero en San Justo, Santa Fe, aún prófuga, según informaron voceros judiciales.
El fiscal Rodríguez dijo que en los 30 allanamientos buscaron elementos probatorios en una investigación de naturaleza patrimonial sobre más de 40 sociedades SAS, pesquisa que se originó como desprendimiento de la causa de la narcoavioneta que el pasado 22 de febrero aterrizó de emergencia en un camino rural de la localidad de Naré, San Justo.
Para Rodríguez, Melgarejo y su pareja, Claudio “Pulga” Casco, tenían el dominio de –se calcula– unos 200 kilos de cocaína y marihuana que fueron rescatados por el piloto paraguayo Juan Adrián Fleitas González y por el policía santafesino Carlos “Pipi” Maldonado, ya procesados en esa causa.
Rodríguez no se quedó conforme con la ruta de la droga y fue por el dinero de Melgarejo. Con órdenes precisas de peinar base de datos públicos y en segunda instancia tributarias, los investigadores descubrieron una “asociación ilícita tributaria” vinculada con Melgarejo: “Pudimos detectar que esta persona está relacionada a un entramado empresarial de SAS utilizadas como herramienta financiera para facturar una cantidad aproximada de 731 millones de pesos, a pesar de que no tenían capacidad operativa ni técnica ni financiera para hacerlo ya que ninguna de ellas cuenta con personal, bienes inmuebles o muebles necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial”, precisó el fiscal federal.
“La particularidad de las firmas es que tenían un objeto social amplísimo, con lo cual para nosotros se trata de un elemento que genera más sospechas acerca de la real actividad económica que se le atribuyeron”, continuó Rodríguez.
Las SAS fueron una figura jurídica ahora bajo la lupa que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri con el supuesto objetivo de favorecer el emprendedurismo.
“No escapa a mi consideración que la normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos”, argumentó en el expediente el fiscal federal sobre esta figura societaria laxa y polémica.
De acuerdo con la pesquisa de Rodríguez, las empresas fantasma emitieron entre marzo de 2018 y abril pasado, 8.544 facturas por un total de 731.485.000 pesos que beneficiaron a 1.381 contribuyentes en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán y Neuquén.
“Esto genera un crédito fiscal que nosotros denominamos impugnable y que se trata de operaciones ficticias y que van a hacer aprovechadas ante la Afip ya sea para deducirle impuestos a las ganancias o hacer valer la compra de IVA”, amplió Rodríguez.
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