Los jueces federales de Rosario Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros elevaron a juicio oral y público sendas causas que abordan crímenes antes y después de culminada la dictadura. El primero dictó el auto de elevación a juicio en un expediente que se refiere a la represión desatada en marzo de 1975 contra trabajadores y trabajadoras del cordón industrial de esa ciudad con posterioridad a las protestas por reclamos laborales en Villa Constitución, conocidas como «el Villazo». Vera Barros, en tanto, hizo lo propio con el expediente que aborda el ataque en octubre de 1984 a un juzgado provincial y el robo de medios probatorios que comprometían en crímenes de lesa humanidad a camaradas de los dos exagentes de inteligencia acusados en la causa.
La decisión de Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4 de esa ciudad, fue adoptada el 8 de marzo; Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N°3, dictó su resolución el 15 de marzo pasado. Con sus pronunciamientos, los jueces dieron curso a los requerimientos de elevación a juicio formulados el año pasado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.
En los dos casos, las elevaciones a juicio son parciales. En la causa por los delitos de 1975, llegarán a juicio 25 acusados, de los cuales 24 no cuentan con condenas por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es el exjefe de personal de la empresa metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini. La fiscalía consideró a los acusados -la mayoría exmiembros de fuerzas de seguridad- como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial.
En tanto, en la causa por el robo de expedientes y material probatorio vinculado a crímenes de lesa humanidad del Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, están acusados el entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Luis Américo Muñoz, y su superior, el jefe de inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército, Héctor Fructuoso Funes. El primero fue acusado como autor y el segundo en carácter de autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad en tres casos (que tuvieron como víctimas a los policías que realizaban la guardia de la sede de los tribunales provinciales), robo calificado en dos hechos, supresión de medios de prueba y supresión de documento público.
