Thalma Fardin pensó en denunciar a Juan Darthés por violación cuando escuchó hablar a Calu Rivero primero y a Ana Coacci y Natalia Juncos después. En el último año las tres actrices habían contado situaciones de abuso y acoso sexual con el mismo actor en las que la frase “mirá como me ponés” se repetía. Thelma llevaba nueve años en silencio en un ejemplo de que las víctimas de abuso sexual hablan cuando pueden y no cuando quieren. Para hacer pública la denuncia que llegó a la Justicia de Nicaragua estuvo acompañada durante meses por la construcción feminista de actrices, abogadas y periodistas. Tejieron una trama de cuidados para que estuviera protegida y contenida. Cuando ella y todas las instancias legales estuvieron listas, salieron a hablar en grupo.
Como le pasó a Thelma cuando escuchó a otras víctimas, miles de mujeres sintieron que era la hora de hablar al escucharla. Lo hicieron a través de canales estatales de atención de violencia de género, ante la Justicia, en la organización feminista cercana, pero también en las redes sociales o entre amigas o familiares. Así como la línea telefónica 144 recibió un 1.200 por ciento más de consultas en la semana, los escraches proliferaron en distintas plataformas digitales. A nivel local también crecieron al doble las consultas en la Justicia. El desafío que aparece para el Estado –y para el propio movimiento feminista– es cómo contener y construir nuevos vínculos entre varones y mujeres sin caer en una salida que sea sólo punitiva.
El movimiento “Mirá cómo nos ponemos” apareció como una respuesta colectiva y organizada a las situaciones de abuso en la industria del espectáculo. Las actrices citaron en el documento un relevamiento entre las y los trabajadores del sector: el 66 por ciento contestó que había sufrido algún tipo de abuso. La movida produjo también un efecto derrame en miles de personas que pudieron contar que habían sufrido abuso sexual en la infancia, la adolescencia e incluso como adultas. Este miércoles la línea 144 de atención de violencia de género recibió 214 llamados de denuncia de abuso sexual infantil y adolescente en todo el país. Lo habitual eran 16 por día, lo que implicó un aumento de más del 1.200 por ciento.
El incremento a nivel nacional llega en un momento de recorte en el Presupuesto 2019 en políticas de género. Para el año que viene el gobierno nacional asignó al Instituto Nacional de las Mujeres una partida en la que perderá casi 18 por ciento contra la inflación. El Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que depende del mismo organismo, sufrirá un ajuste del 38 por ciento: recibirá 20 millones menos del monto anunciado originalmente, de 52 millones. Así se invertirán poco más de 11 pesos por cada mujer.
En Rosario también hubo un aumento en las consultas. Las Unidades de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional Rosario recibieron en la semana el doble de consultas. La fiscal Nora Marull explicó que en Delitos Sexuales atendieron en tres días la misma cantidad de lo que habitualmente llega en siete días. Como sucede en todos los casos que investigan, las víctimas de abuso sexual son en un 80 por ciento menores de edad. “No sólo hubo más consultas si no también hubo más atención y predisposición de los operadores judiciales. El caso de Thelma generó conciencia sobre el abuso sexual infantil y adolescente y lo importante que es dar atención cuando las víctimas están preparadas para denunciar”, dijo la fiscal.
En este sentido, a fines de noviembre nació en Rosario la Red de Mujeres para la Justicia, integrada por 250 funcionarias judiciales de todo el país. Son juezas, fiscales, camaristas, defensoras y otras profesionales que se reunieron para pensar formas de dar respuestas como mujeres a las demandas que la sociedad civil hace al Poder Judicial.
En el teléfono verde de la Municipalidad también notaron un aumento de los llamados por abuso sexual. Si bien aún no hay estadísticas de los últimos días, desde la Secretaría de Desarrollo Social explicaron que muchas mujeres llamaron para contar abusos sexuales de los que fueron víctimas años atrás y no recientes. Más allá de esta semana, el Teléfono Verde registró en lo que va de 2018 un aumento en las denuncias de abuso sexual, que pasaron del 1 al 6 por ciento de los llamados.
¿Qué hacemos con el escrache?
Esta semana no sólo crecieron las denuncias a través de los canales institucionales. Por fuera proliferaron en las redes miles de relatos bajo la modalidad de escrache. Noelia Figueroa es docente, integra el grupo a cargo del Protocolo de Violencia de Género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR y es una de las referentas de la organización feminista Mala Junta. El “Mirá cómo nos ponemos” no pasó inadvertido en ninguno de los dos espacios. En Mala Junta el testimonio de Thelma sirvió para que muchas chicas pudieran contar situaciones de abusos que pasaron a lo largo de su vida. “Cuando tenés una organización que viene trabajando estos temas es más sencillo contener y ayudar a sanar que cuando estás sola. Por eso creo que el caso de Thelma fue un ejemplo de lo que se logra con organización y acompañamiento feminista”, explicó Figueroa.
En la Facultad no hubo nuevas denuncias pero sí muchas consultas. Llegaron de integrantes de organizaciones políticas estudiantiles que notaron una nueva ola de escraches en redes sociales. Denunciaban a militantes varones por distintas situaciones de violencia. Desde el Protocolo de Genero convocaron a una reunión de promotoras para este martes con el fin de pensar en la metodología del escrache como forma de denuncia.
“Cada ola de denuncias nos tiene que dejar en mejores condiciones para pensar que las cosas que pasaban ya no tienen que pasar y en la prevención para el futuro. El rol de los dispositivos y de los protocolos es aportar un orden para clasificar los distintos tipos de violencias. Los escraches individuales o las páginas anónimas muchas veces no responden a estrategias asesoradas y a elaboración política. Con las promotoras queremos pensar qué estamos buscando con este método y en cómo reparar a las víctimas”, explicó Figueroa y agregó: “Está buenísimo que podamos reconstruir nuestras vivencias y podamos compartirlas, pero es mejor si lo acompañamos con organización para avanzar en todas las instituciones y tener herramientas de prevención a nivel estatal y en todos los trabajos. También los varones van a tener que pensar herramientas de qué hacer con sus pares”.
Para Figueroa es fundamental pensar en qué saldo organizativo dejará la nueva ola de denuncias para pensar cómo cambiar la forma de vincularse entre varones y mujeres. “Muchos discursos convocan a escrachar pero no siempre hay una trama que contenga y los dispositivos y las organizaciones quedan rebalsadas”, explicó. Según la docente, en la red que armaron con otras universidades del país para seguir los protocolos surgió en estos días la inquietud de cómo afrontar la ola de denuncias cuando el Estado no da presupuesto ni capacita para que cambien las relaciones. “Nos encontramos en un vacío y la ola de escrache recae en las compañeras que vienen trabajando en condiciones de precarización laboral”, agregó.
“La dinámica de escrache preocupa en un momento de la sociedad en el que hay mucho odio. El feminismo no puede ser la canalización del rebrote fascista. La apuesta es a transformar con abordaje comunitario, proponer la organización colectiva y el encuentro con otras”, concluyó.
Educación sexual para detectar el abuso
Este año el Ministerio de Educación de Santa Fe detectó 368 casos de abuso sexual infantil y adolescente en ocho meses, desde el comienzo de las clases hasta fines de octubre. Muchos surgieron gracias a los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006 y que después del debate de legalización del aborto es cuestionada por grupos religiosos. En las jornadas de ESI niños, niñas y adolescentes aprenden a diferenciar los vínculos afectivos de los abusivos, identifican situaciones de violencia, conocen su cuerpo y cómo cuidarlo y trabajan en el respeto de la diversidad. Los casos de abuso también son registrados ante la sospecha de docentes, que están obligados a denunciar. La educación sexual no sólo sirvió para detectar casos recientes. Según el Ministerio de Educación, gran parte de las denuncias aparecieron en escuelas nocturnas y profesorados, donde adultos y adultas se dieron cuenta de que habían sido abusados en la infancia.
De acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, en Argentina el 75 por ciento de los abusos sexuales y adolescentes tienen como victimarios a personas cercanas a la víctima. Casi el 60 por ciento son el padre o el padrastro y el 90 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Por cada 1.000 casos de abuso sexual infantil y adolescente se denuncian 100 y sólo 1 recibe condena.
María Paula González Tomassini, abogada especializada en derecho de niñez y adolescencia, explica: “El abuso sexual infantil y adolescente es un disparo en la psiquis que deja secuelas para toda la vida. No se cura, se trabaja con terapia y es un trauma que se va elaborando. Es un delito que carcome la autoestima. Hoy gente adulta cuenta que en terapia se dan cuenta que fueron abusados en la infancia. Le cuentan a la mamá y no les creen. El 90 por ciento de los agresores son hombres y la mayoría es familiar directo. Para el niño, la niña o adolescente es muy difícil denunciar porque la figura que debería protegerla es la que más daño le está haciendo. Las víctimas no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden. Por eso todos los actores jurídicos tenemos que ser buenos interlocutores para estar listos cuando pueden contarlo”.
