Una multitud marchó este martes en Rosario para repudiar la represión policial en el marco de la quinta movilización nacional contra el gatillo fácil. Familiares de una veintena de pibes asesinados en la región por agentes estatales encabezaron la marcha con cánticos que interrumpían a cada paso para gritar sus nombres al coro de: “Presente, ahora, y siempre”. A 36 años del retorno de la democracia, los rostros de esos jóvenes pegados en pancartas y remeras, y la gran concurrencia de organizaciones sociales no hicieron más que sostener lo que se leyó en un documento final. Que los casos de violencia estatal no son aislados sino sistemáticos y que se agravan con las políticas de ajuste y empobrecimiento.
La marcha comenzó a las 17 frente a los Tribunales provinciales (Balcarce y Montevideo) y llegó dos horas más tarde a la Plaza San Martín, frente a la sede de Gobierno provincial, donde se realizó un emotivo festival musical con olla popular y se leyó un documento confeccionado por más de 30 organizaciones sociales convocadas por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.
El texto fue leído de forma colectiva por familiares de víctimas de gatillo fácil, algunos de ellos ya transformados en referentes sociales de tantos años de lucha en su reclamo por justicia, y otros rostros nuevos, con la misma expresión de dolor, que se sumaron por hechos ocurridos en los últimos meses y emprenden el difícil camino de exigir el esclarecimiento de esas muertes.
“Me siento orgulloso de todo lo que estamos logrando. No sólo por representar a mi hermano, sino por todos los que hoy estamos acá presentes marchando por los pibes. Es la tercera marcha nacional que se hace en Rosario y la quinta a nivel nacional. Representar a mi hermano es un orgullo. Soy la garganta que él no puede gritar”, dijo Eduardo a El Ciudadano en referencia a David Campos, asesinado junto a Alejandro Medina el 22 de julio de 2017 en un hecho que tiene a 18 policías rosarinos procesados.
“Creemos que ya es hora de que dejen de asesinar a nuestros pibes. Vemos un gran acompañamiento de las organizaciones y del ciudadano común que cada vez toma más conciencia de lo que está pasando. No sólo en Rosario y la provincia sino a nivel nacional, donde podemos ver como la Policía está trabajando con total impunidad y tiene derecho hasta de pegarte una patada en el pecho y matarte”, dijo Julieta Riquelme con la voz afónica de gritar durante toda la marcha y con megáfono en mano, los nombres de cada una de las víctimas, entre ellas su hermano Jonatan Herrera, asesinado el 4 de enero de 2017 en una causa que terminó con un solo policía condenado por matar “sin intención”.
Entre los rostros nuevos estaba el de la mamá de Juan Cruz Vitali asesinado el 12 de mayo pasado en un control vehicular de Capitán Bermúdez: “Estamos todos acá, en el mismo sitio, y a todos nos están pasando cosas de esta magnitud”, reflexionó para explicar que su presencia en la marcha no era sólo por su hijo sino para que “no haya más casos de gatillo fácil y por una Policía que no salga a asesinar sino a cuidar”.
También estuvieron presentes familiares de las víctimas Franco Casco, Gerardo “Pichón” Escobar, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo y Kevin Pacheco.
Todas las voces
Entre los manifestantes estaba el diputado provincial por el Frente Social y Popular Carlos del Frade, quien resaltó la gran concurrencia a la marcha de “pibas y pibes” menores de 25 años: “Son justamente las víctimas adentro y afuera de las cárceles”. Además mencionó datos recientes del Sistema Nacional de Información Criminal en donde “la provincia de Santa Fe es otra vez la primera en homicidios y el 10% de esos hechos son cometidos por fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Entonces tenemos fuerzas asesinas”, dijo Del Frade que arremetió contra “la corrupción que permite el desarrollo del narcotráfico y el contrabando de armas”.
Octavio Crivaro, del PTS, resaltó la imagen de la primera columna de la marcha y dijo que le impactó el número de familiares: “El gobierno provincial es responsable de la impunidad ante cada uno de estos casos. Con eso acrecentó el poder de fuego y generó más impunidad”.
Crivaro enmarcó la violencia policial en “un plan económico que realmente no cierra y gobierne quien gobierne va a aumentar. Rechazamos la represión de ayer, la de hoy y la que se va a venir”, dijo.
El concejal Eduardo Toniolli se mostró solidario con las víctimas de gatillo fácil y resaltó que sus familiares cargan “con la doble dificultad no sólo de esclarecer los homicidios, sino de enfrentar al Estado a sus fuerzas de seguridad, y también a una parte de la opinión pública que en el afán de la búsqueda de seguridad suele aceptar estas prácticas que son delitos”.
Marcelo Marasca, abogado de la Defensa Pública provincial resaltó que ahora más que nunca hay que luchar contra la violencia institucional avalada por la doctrina Chocobar “que volvió a poner sobre la mesa algo que parecía una discusión saldada: Estamos acá para decir eso, no queremos tolerarlo”.
Guillermo Campana, abogado de la ONG Causa y querellante en varios casos de gatillo fácil, también arremetió contra las políticas del gobierno nacional que “permanentemente legitiman las ejecuciones ilegales de la Policía”.
En relación a los hechos locales dijo que acompañan a “los pibes para que sean conscientes de la violencia que enfrentan día a día y para que traten de no caer en redes delictivas que siembra el Estado en los barrios a través de mafias organizadas por la misma Policía que después termina con la sangre de los pibes en la calle”.
El documento
“Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas”, reza el documento que advierte que cada 23 horas el Estado mata un pibe.
En el texto responsabilizan al poder Ejecutivo “de las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario” y repudian los dichos del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y del gobernador Miguel Lifschitz “habilitando y respaldando el uso ilegal y abusivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos, en sintonía con la línea “manodurista” que impone el gobierno de Cambiemos de la mano de Patricia Bullrich”. En ese sentido acusan al gobierno de “criminalizar y reprimir la protesta social”.
También responsabilizan al poder Judicial por la insuficiente respuesta de jueces y fiscales que en la mayoría de los casos avala el relato policial y se esfuerza por investigar a las víctimas. Y al poder Legislativo por sancionar leyes que avanzan con la “mano dura” en vez de crear mecanismos que la prevengan.
