La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), a través de la secretaria adjunta de Rosario, Gabriela Hemela, presentó este martes un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal para la creación de un subsidio habitacional para trabajadoras y trabajadores sexuales.
El proyecto -que beneficiaría a 130 familias- busca crear el programa de «Atención habitacional para trabajadoras y trabajadores sexuales y sus familias», con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de quienes ejercen el trabajo sexual en Rosario y se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo.
«En nuestra población somos muchas jefas de hogar y tenemos a cargo entre uno y siete hijos. El contexto de pandemia agravó aún más la situación de nuestro trabajo. Hay 17 provincias que luchan día a día para que se pueda despenalizar el trabajo sexual y terminar con el proxenetismo», explicó Hemela.
Según contó la referente local de Ammar, desde que comenzó la pandemia, el trabajo sexual disminuyó un 70%. «En Rosario hay más de 1.000 trabajadoras y trabajadores sexuales, pero mientras sigamos en la clandestinidad en las que nos someten desde que el mundo es mundo nos van a seguir hostigando y reclamando coimas», lamentó.
Y amplió: «La necesidad de atender la emergencia en la que se encuentran las compañeras y compañeros, que están lidiando con juicios de desalojos es imperante. El Concejo Municipal, el año pasado, mediante la comisión de Derechos Humanos, reconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro colectivo. Esto se debe a la clandestinidad a la que se nos somete por la falta de reconocimiento de nuestros derechos laborales, sociales y previsionales. Esta política es una urgencia que el estado debe atender de inmediato».
La dirigente de Ammar remarcó: «Hay que combatir el sistema machista y patriarcal, el movimiento feminista tiene que ser interseccional. Mi cuerpo, mi decisión. El trabajo sexual es trabajo. Lo personal es político».
El proyecto
El documento presentado en el Concejo está dirigido a la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y plantea «el estado de emergencia» habitacional que atraviesa el colectivo.
El proyecto propone crear un organismo dentro de la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat en articulación con la Secretaría de Género y Derechos Humanos.
El programa implementaría el otorgamiento de subsidios para brindar una asistencia que fortalezca el ingreso familiar exclusivamente con fines habitacionales: se establece que la ayuda económica sea de hasta 180.000 pesos a otorgarse en 10 cuotas iguales y consecutivas de hasta 18 mil pesos. También propone la firma de convenios con el Banco Municipal para promover líneas de crédito con tasa preferencial como otra estrategia de solución a la problemática de la vivienda.
Para acceder a los beneficios, la persona y su familia deben estar en una situación de desamparo habitacional inminente o transitoriamente, sea por desalojo u otra causa. Además, debe ser residente en Rosario con una antigüedad mínima de un año y tener ingresos menores al monto resultante del índice correspondiente a la canasta básica alimentaria que determina mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En el escrito, plantean que «en Argentina las trabajadoras y los trabajadores sexuales no cuentan con reconocimiento de los derechos laborales y de la seguridad social. Una situación que, sumada a la pandemia del coronavirus, llevan a un escenario de emergencia habitacional que debe ser solucionado a través de la implementación de políticas públicas puntuales, herramientas feministas y un enfoque interseccional».
