La reciente resolución de la jueza penal de Santa Fe, Celeste Minniti, que el pasado viernes ordenó la libertad de dos detenidos por una causa internacional que investiga el tráfico y tenencia de material sexual infantil, sumó en las últimas horas una nueva controversia.
Es que por la misma investigación (conocida como Aliados por la Infancia III) el juez de Rosario, Pablo Pinto, falló de manera diferente y dispuso que el único detenido en esa jurisdicción transite la causa con prisión preventiva, tal como lo requirió el fiscal Diego Meinero, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.
El pedido del fiscal fue luego de imputar Cristian R. por facilitamiento de material sexual infantil agravado por tratarse de representaciones de niños menores de 13 años y por la tenencia de material sexual infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años en calidad de autor, en concurso real.
Según fuentes de judiciales, el imputado tuvo en su poder al menos 539 archivos con material de explotación sexual infantil descargados a través de una red p2p que es un programa que permite a usuarios de internet conectarse entre si y compartir archivos entre sus ordenadores.
Se estima que Cristina R., descargó todo su material entre el 23 de diciembre del 2022, a las 7.22, y el 17 de febrero pasado mediante la utilización de distintas IP (número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz) que impactaron en su domicilio. La descarga quedó en el radar de la causa Aliados por la Infancia por lo que el pasado 8 de mayo, policías de la Agencia de Trata de Personas allanaron su casa, lo detuvieron y secuestraron dispositivos electrónicos en donde almacenaba el material sexual infantil. Aquel procedimiento fue un espejo de lo que ocurrió en la ciudad de Santa Fe en donde fueron detenidos Matías J. y Leonardo P. en dos allanamientos que realizó la Agencia de Trata y los cuales fueron ordenados por el fiscal Matías Broggi que luego se excusó de intervenir por tener vínculos con un familiar de uno de los detenidos.
A diferencia de lo que ocurrió en Rosario, el destino judicial de los dos santafesinos fue distinto al que tuvo Cristian R. ya que, tras ser imputados por la fiscal Luciana Escobar Cello, la jueza Celeste Minniti rechazó el pedido de prisión preventiva y decidió otorgarles la libertad. No obstante, ordenó que transiten el caso bajo ciertas medidas: fijar domicilio ante la Justicia, quedar bajo el control de un guardador; y a su vez que tengan prohibido el uso de internet en sus domicilios. La resolución generó una fuerte repercusión ya que uno de los imputados, de hecho, trabaja en el hospital de niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y este lunes se presentó a trabajar. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud decidieron apartarlo de sus funciones provisoriamente.
