Por Néstor Espósito / Tiempo Argentino
El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, mantiene vínculos con el estudio del que formó parte hasta antes de asumir como juez: su ex socio, Gabriel Bouzat, es su apoderado (litiga en su nombre) en un causa por la escrituración de unos terrenos en San Carlos de Bariloche por los que acordaron pagar, ambos, 400 mil dólares.
En la vocalía de Rosenkrantz explicaron a Tiempo que no se trata de una «relación comercial» sino de la copropiedad de los terrenos. Y que «no hay irregularidad en toda esta operatoria».
El año pasado, Rosenkrantz comunicó a sus colegas de la Corte que dejaría de excusarse en expedientes en los que fueran parte empresas a las que patrocinó como líder del Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, porque ya habían pasado cinco años desde su desvinculación y consideraba que estaban superados los plazos en los cuales debía mantenerse al margen de esos casos. De hecho, ya intervino en ese momento en una causa que involucraba a la empresa Claro, del Grupo Clarín.
En su vocalía, no obstante, aseguran que «en todas las causas en las que intervino Bouzat o su estudio, Rosenkrantz se excusó». Y agregan: «No le es imputable ninguna irregularidad por alguna intervención como magistrado a raíz de la participación en expedientes de cualquiera de sus exclientes». Formalmente, el vicepresidente de la Corte no integra ese estudio, que ya no se llama Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados sino BRYA Abogados y tiene página de internet: www.brya.com.ar. BRYA, valga la aclaración, son las iniciales de Bouzat, Rosenkrantz y asociados.
Podría tratarse de una coincidencia, acaso una muestra sensiblera de nostalgia, que no necesariamente demostrara la vigencia de la vinculación. Está claro que la asunción como juez de la Corte no significa desconocer el propio pasado ni renegar de las amistades. Pero hay relaciones que incluso sin ser motivos taxativos de excusación o recusación perfectamente pueden generar en alguna de las partes de un expediente un temor de parcialidad. A menudo, con eso basta para que un juez deje de intervenir en una causa.
En el caso de Rosenkrantz y Bouzat la relación no sólo es conjetural. Bouzat representa al economista Carlos David Winograd (radicado en Francia) y a Rosenkrantz en una «demanda por escrituración» contra la empresa Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL. Según se desprende del expediente 45560/2019 –iniciado cuando Rosenkrantz llevaba casi tres años como juez de la Corte– que tramita ante el juzgado civil número cinco de la Capital Federal, «el 15 de noviembre de 2011, los Sres. Gustavo Enrique Cañonero (quien luego cedió su parte a Winograd), Carlos Fernando Rosenkrantz y Gabriel Bouzat, suscribieron –como compradores– con la emplazada Urbanizadora Parque Entre Lagos S.R.L., en el carácter de vendedora, un boleto de compraventa, mediante el cual adquirieron un conjunto de inmuebles (loteo) con todo lo construido y demás adherido al suelo, ubicados en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, por la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos mil». Con la firma del boleto, desembolsaron 200 mil dólares, de los cuales Rosenkrantz puso 20 mil, pues su participación en esa inversión era del diez por ciento. La escrituración nunca se concretó y el 15 de noviembre de 2017 (cuando el hoy vicepresidente de la Corte llevaba más de un año en el cargo) las partes «suscribieron un reconocimiento de derechos» por el cual la sociedad vendedora admitió «expresamente que no había cumplido» su parte del trato.
En 2011, cuando se inició la operación, Rosenkrantz no era juez de la Corte. Pero el 3 de julio de 2019, cuando se presentó la demanda, sí. Juró como juez del máximo tribunal –después de aquel insólito y fallido intento de designación por decreto del entonces presidente Mauricio Macri– el 22 de agosto de 2016.
En el expediente, Rosenkrantz figura como «actor» y su supuesto ex socio, como su «apoderado».
El tribunal civil le fijó una multa a Urbanizadora Parque Entre Lagos por 100 mil dólares, «resultando deducible del pago del saldo de precio al momento de la escrituración y entrega de la posesión», que hasta el día de hoy no ocurrió. Por eso el reclamo de los pretensos copropietarios de esos terrenos en Bariloche, una zona que parece despertar especial fascinación en hombres prominentes del Derecho.
Bouzat fue espiado ilegalmente por el falso abogado Marcelo D’Alessio; Rosenkrantz, por los agentes de la AFI contratados durante el gobierno de Macri, a los que la Cámara Federal consideró «cuentapropistas».
El 20 de abril de 2021, durante el actual gobierno y en plena pandemia, el juez en lo civil Julio Fernando Ríos Becker falló «haciendo lugar a la demanda» y en consecuencia condenó a Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL «a escriturar a favor de Gabriel Bouzat, Carlos David Winograd y Carlos Fernando Rosenkrantz los inmuebles individualizados», unos 215 lotes, que ocupan casi dos páginas del fallo. El último movimiento del expediente está registrado el 26 de octubre de 2022 y es la digitalización de una cédula de notificación que Bouzat intentó vanamente entregar a la empresa vendedora unos días antes.
A fines de octubre de 2021, Rosenkrantz había comunicado a los demás miembros del tribunal que desde entonces dejaría de excusarse en causas en las que estuvieran involucrados clientes o exclientes del estudio que integró. En la página www.brya.com.ar no figura la lista de clientes. La única referencia concreta es el listado presentado por el propio Rosenkrantz en su declaración jurada previo a asumir como juez del máximo tribunal. La publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su «Observatorio de Procesos de Selección de jueces de la Corte Suprema». Allí, figura que fue apoderado o representó, personalmente o a través del Estudio, a una larga lista de empresas y particulares, entre ellos América TV. AMX Argentina (Claro), Arcos Dorados Argentina S.A. (Mc Donalds), Asociación para la Defensa de la Competencia, Café Martínez SRL, Cablevisión S.A., Francisco De Narváez, Día Argentina S.A, Fernando Elsztain (IRSA), Yacyretá, Farmacity, Freddo, Grupo Pegasus S.A, Roberto Lavagna, La Vascongada, Musimundo, Ogden Rural S.A., Pan American Energy LLC, las provincias de Santa Fe y Corrientes, Mario Quintana, Sociedad Anónima La Nación, Supercanal Holding S.A., Telmex Argentina, YPF y el Grupo Clarín.
En los primeros cinco años como juez, Rosenkrantz se había apartado de un centenar de expedientes «para aventar cualquier posible percepción negativa» sobre su participación. Eso cambió, y ahora sostiene que «no se configura ninguna causal de excusación» por su pasado. «Tampoco mi imparcialidad se ve afectada por razones de decoro y delicadeza», afirmó el juez.
